Gloria Leticia DíazDestacado
MÉXICO,
D.F. (apro).- Las cifras sobre desaparecidos que maneja el gobierno de
Enrique Peña Nieto en nada corresponden con las que recibió en marzo
último la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En el arranque
del sexenio, el gobierno peñista admitió la existencia de 27 mil
desaparecidos; sin embargo, el 22 de mayo el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció en el Senado únicamente 8 mil
casos.
Y ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la
administración de Peña Nieto reconoció que de 2006 a 2013 se abrieron
291 expedientes por desaparición forzada, 99 radicados en el fuero
federal y el resto en procuradurías de los 21 estados donde este delito
está tipificado.
A las cifras manejadas por la actual
administración federal, se agrega el desglose que dio el procurador
general de la República, Jesús Murillo Karam, en una reunión con
integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD),
el 21 de mayo: De la lista que la administración de Peña Nieto recibió
de Calderón, de 26 mil 121 víctimas de desaparición, 15 mil 541 “no
eran víctimas, sino personas que se habían ido y luego regresaron, pero
las autoridades no estaban al tanto”, sino hasta que funcionarios de
las procuradurías locales se pusieron en contacto con las familias;
hasta el 15 de mayo de este año se encontraron sin vida 789 personas y
el número de personas no localizadas era hasta esa fecha de 13 mil 195.
Pero
además existen cifras del presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, quien el 20 de
mayo dijo que tiene el registro de 24 mil 800 personas “cuyo paradero
se desconoce o no se encuentran localizables de 2005 a la fecha”.
Ninguna de esas cifras se consignan en el reporte que el gobierno de Peña Nieto entregó a la ONU.
El
informe entregado al grupo de expertos que da seguimiento al
cumplimiento de la Convención Internacional para la protección de todas
las personas contra las desapariciones forzadas, ratificada por México
en 2010 reconoce que por este delito de “carácter pluriofensivo” sólo
hay seis sentencias condenatorias, ninguna de ellas referida a hechos
ocurridos durante la “guerra contra el narcotráfico” ni mucho menos
durante el actual sexenio.
El documento de 47 fojas, turnado por
la Cancillería mexicana al Comité contra las Desapariciones Forzadas el
11 de marzo y difundido un mes después, será analizado en la Séptima
Sesión de dicho comité en septiembre próximo. En marzo de 2015 el
organismo de la ONU emitirá sus observaciones y recomendaciones a
México.
Bajo el apartado 10, titulado “Datos estadísticos sobre
denuncias y sentencias sobre desapariciones forzadas” la información
que proporciona el gobierno federal se concentra en dos párrafos, 73 y
74: “En el ámbito federal, entre 2006 y 2013, la Procuraduría General
de la República inició un total de 99 averiguaciones previas por el
delito de desaparición forzada de personas” en tanto que “las
procuradurías Generales de Justicia en las entidades iniciaron un total
de 192 averiguaciones previas, en el mismo periodo”.
En un
apartado más adelante el documento enuncia los estados que han
tipificado el delito de desaparición forzada –concebida en la
Convención Internacional para la protección de todas las personas
contra las desapariciones forzadas como aquellas que “sean obra de
agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con
la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”– en sus códigos
penales: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima,
Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit,
Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas.
En Guerrero y Chiapas hay leyes especiales.
Sobre
las desapariciones forzadas ocurridas durante la llamada “guerra sucia”
de los años sesenta y setenta, el informe se refiere a los 292 casos
reconocidos en la recomendación 26/2001 de la CNDH, que dio pie a la
creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos
del Pasado (FEMOSPP), creada en 2002 con Vicente Fox y desaparecida en
la víspera de que Felipe Calderón tomara posesión en 2006.
No
ofrece datos sobre cuántas averiguaciones dejó abierta la FEMOSPP sólo
que ellas están a cargo de la Coordinación General de Investigaciones
de la PGR, y que los 292 casos de la recomendación, están siendo
atendidos por el “Comité Interdisciplinario para la Reparación del Daño
a Víctimas u Ofendidos por Violaciones a Derechos Humanos de Individuos
Vinculados a Movimientos Sociales y Políticos en la década de los
sesenta y setenta”.
El informe cita seis sentencias por
desaparición forzada en el ámbito federal, emitidas de 2005 a 2010.
Todos se refieren a hechos atribuidos a agentes federales, cinco
cometidos entre 2002 y 2005, y uno en 1977, que fue consignado por la
extinta Femospp.
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