(Embargo hasta el lunes 3 de agosto de 2009, 00h01 Hora local de Ciudad de México)

COMUNICADO DE PRENSA

MEXICO: Seria preocupación respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas contra la Sra. Jacinta Francisco Marcial que demuestra un fenómeno de marginación del sistema judicial

Ginebra, 3 de agosto de 2009 – Tres años después de la detención de la Sra. Jacinta Francisco Marcial, indígena de la Comunidad ñhä-ñhú (otomí) quien se encuentra detenida en el Cereso Femenil de San José del Alto, Estado de Querétaro, la OMCT manifiesta su seria preocupación por su integridad física y psicológica y por su situación jurídica.

Acusada del secuestro de seis miembros de la Agencia Federales de Investigación (AFI)1 en medio de hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en su comunidad de Santiago Mexquititlán, Comunidad ñähñhú del sur de Querétaro, la Sra. Jacinta Francisco Marcial fue condenada, en medio de un juicio injusto, a una pena de 21 años de prisión y al pago de 90 mil pesos mexicanos (unos 6 mil 800 dólares) de multa, la cual fue recurrida en apelación. Consecuentemente a la apelación, la sentencia fue revocada, a finales del mes de abril de 2009, con el fin de realizar careos procesales, debido a que existen contradicciones sustanciales en las pruebas aportadas. En efecto se ha denunciado que el delito de secuestro nunca existió y que por lo tanto el mencionado delito no puede acreditarse con las pruebas que se encuentran en el expediente, ya que dichas pruebas no poseen elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad de la Sra. Jacinta Francisco Marcial.

Sin embargo, aunque en su fallo el magistrado reconoció abiertamente que existen "contradicciones sustanciales" en los testimonios de los seis agentes federales de investigación que dicen haber sido "secuestrados" por la Sra. Jacinta Francisco Marcial, el mismo omitió presumir la inocencia de la acusada y ordenó el desahogo de nuevas pruebas continuando con el encarcelamiento de la Sra. Jacinta.

La OMCT teme que el nuevo desahogo de las pruebas (careos) y las demás diligencias judiciales que aún quedan pendientes podrían alargar la pronunciación de la nueva sentencia hasta el mes de diciembre del presente año.

A este respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el 17 de julio de 2009, una recomendación dirigida al Procurador General de la República, en donde señala que a la Sra. Jacinta Francisco Marcial le han sido vulnerados los derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia. Entre tanto, la Sra. Jacinta Francisco Marcial cumple este 3 de agosto tres años de estar privadas de su libertad.

La OMCT manifiesta también su preocupación por la situación jurídica y personal de otras dos personas, también indígenas otomíes, detenidas y co-acusadas en relación con los mismos hechos, la Sra. Alberta Alcántara, quien recibió la misma sentencia el 19 de diciembre de 2008, y la Sra. Teresa González, quien recibió condena el 19 de enero de 2009.

La OMCT quisiera destacar que los casos de las Sras. Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González son sintomáticos de la vulnerabilidad de los indígenas y en particular de las mujeres indígenas quienes sufren con mayor intensidad los fenómenos de discriminación, exclusión y marginación del sistema de justicia.

La OMCT manifiesta su preocupación por la situación jurídica de la Sra. Jacinta Francisco Marcial, y sus co-acusadas, las Sras. Alberta Alcántara y Teresa González, teniendo en cuenta que durante el proceso judicial seguido contra ellas se han presentado serias anomalías, entre las que se cuentan:

- los mismos agentes federales que se dicen víctimas han asumido, desde la etapa de averiguación previa, el carácter de ofendidos, de investigadores y de testigos;

- a pesar de esta anomalía, se le ha concedido fuerza probatoria en contra de la Sra. Jacinta Francisco Marcial a los testimonios de los mismos agentes federales;

- en la resolución de la apelación, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito con sede en Querétaro, encontró contradicciones sustanciales, imprecisiones e incongruencias en la versión de la parte acusadora;

- el juez que la condenó aceptó como prueba una fotografía publicada por un diario local en el que se informa del incidente y en la que aparece la Sra. Jacinta Francisco Marcial asomándose al lugar para enterarse de lo que estaba pasando en la plaza de su pueblo;

- la sentenciada no ha contado con un traductor en el momento de su declaración preparatoria ni en diligencias posteriores, lo que constituye también una grave violación a la garantía del debido proceso, situación que también ha sido reconocida por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en su recomendación 01/2009.

El Secretariado Internacional de la OMCT teniendo en cuenta todo lo anterior, llama a las autoridades mexicanas pertinentes a que analicen minuciosamente el caso, tengan en cuenta las graves irregularidades que han rodeado la acusación contra la Sra. Jacinta Francisco Marcial y sus co-acusadas y lo resuelvan con base en la verdad y conforme a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Mexicana, los estándares de protección de los derechos humanos y los instrumentos regionales y internacionales de derechos humanos que México ha firmado y ratificado.

Contacto OMCT:

Eric Sottas, Teléfono: + 41.22.809.49.39, E-mail: omct@omct.org

1 El 26 de marzo de 2006, llegaron seis agentes de la AFI, sin uniforme y con actitud amenazante, al tianguis (mercado) de la plaza central de Santiago Mexquititlán, en la Comunidad ñähñhú del sur de Querétaro y procedieron a agredir a los tianguistas, causando destrozos a los productos que se estaban allí para ser vendidos. Las personas agredidas exigieron a los policías que mostraran su identificación y la orden judicial que avalaba dicha actuación, ante lo cual los agentes solicitaron la intervención de un agente del Ministerio Público Federal y de su superior regional, quienes reconocieron que los policías habían cometido un error. Luego "se comprometieron a responder por los daños ocasionados", y a pagar los daños con dinero en efectivo, para lo cual debían desplazarse hasta el municipio de San Juan del Rio, dejando en Santiago Mexquititlán "en garantía" a uno de sus compañeros. Este agente no fue molestado ni maltratado en ningún momento y cuando se cumplió lo pactado, hacia las siete de la noche, pareció terminado el incidente parecía haber terminado. De ello hay constancia en un documento firmado por el agente del Ministerio Público Federal en el que los agentes de la AFI se comprometen a no molestar más a los pobladores de Santiago Mexquititlán.