Casos ante el Sistema Interamericano lo evidencian

Instituciones de justicia aseguran la impunidad uniformada

Por Lourdes Godínez Leal

México, DF 17 Agosto 09 (CIMAC).- El pasado 10 de agosto, al término de la Cumbre de Líderes de América del Norte, realizada en Guadalajara, Jalisco, Felipe Calderón retó “a quienes sostienen” que el Ejército mexicano ha incurrido en violaciones a derechos humanos, a que comprueben “un sólo caso” que no haya sido investigado.

Sin embargo, la organización civil internacional Human Rights Watch (HRW) señaló en su informe “Impunidad uniformada”, presentado en abril pasado que, si bien “algunos casos” están siendo “investigados” por la justicia militar, a la fecha, y de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en ninguno de ellos se ha podido comprobar una sentencia hacia los militares que cometieron las violaciones a derechos humanos.

Para Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), el reto lanzado por Calderón es “una falacia” ya que si bien los casos de violaciones a derechos humanos están documentados, el gobierno a su cargo no se ha hecho responsable de que haya instituciones de justicia capaces de investigar estas denuncias “antes bien, fortalecen al fuero militar”, dijo.

Sostuvo que, aunque los casos estén suficientemente documentados, “mientras las instituciones de impartición y procuración de justicia carezcan de los requisitos mínimos del debido proceso y de imparcialidad, como ocurre con el fuero militar, es de esperarse que las denuncias no prosperen y que los casos permanezcan en la impunidad”.

LARGA LISTA DE IMPUNIDAD

La violación sexual es una de las más frecuentes violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, sobre todo en las comunidades indígenas a donde son asignados. Tan solo en 2002, el Prodh documentó 52 casos de mujeres indígenas violadas por militares en los estados de Guerrero y Veracruz.

Otro análisis que realizó para el período de 1994 a 2006 documentó 86 violaciones a indígenas por parte de soldados, incluidas las 13 mujeres de Castaños, Coahuila.

A esta lista se suman más agresiones cometidas por militares contra mujeres, que permanecen impunes ante la falta de acceso a la justicia: en febrero de 2007 la adulta mayor náhuatl Ernestina Ascencio fue violada en la sierra de Zongolica, en Veracruz; en mayo de ese mismo año, cuatro menores de edad fueron violadas en los municipios de Nocupétaro y Carácuaro, Michoacán.

Asimismo, están los casos de las hermanas González Pérez, violadas en 1994 en Chiapas; de las indígenas tlapanecas en 2002 en Guerrero, de las 12 mujeres indígenas de la zona oaxaqueña de Loxicha, caso documentado por la Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos (Limeddh) en 1997, y de dos mujeres de Barrio Nuevo San José en Tlacoachixtlahuaca, Guerrero.

Todos los casos fueron “investigados y juzgados” por la vía militar pero en ninguno, salvo el caso de Castaños, los responsables han sido procesados.

DIEZ INFORMES PRESENTADOS POR HRW

En “Impunidad uniformada”, HRW documentó diez informes de Amnistía Internacional (AI), la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y CoIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y Human Rights Watch (HRW), entre otras, relativos a la necesidad de que sean los tribunales civiles los que investiguen y juzguen a militares que incurran en violaciones a derechos humanos contra civiles.

Los informes son producto de las denuncias presentadas ante diversas estancias nacionales de protección a los derechos humanos por los actos de violación a estos derechos cometidos por militares, y que fueron documentados por todas y cada una de las instancias internacionales.

LEGISLATIVO, VÍA CONTRA EL FUERO MILITAR

Entrevistado por Cimacnoticias, el general Francisco Gallardo Rodríguez sostuvo que “mientras no existan controles institucionales y civiles que vigilen y frenen el excesivo poder que tiene el Ejército” continuarán las violaciones a los derechos humanos y la impunidad.

Consideró que el Congreso de la Unión tiene en sus manos lograr que el Ejército sea sometido a controles civiles, como lo han exigido organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, ya que solo legislando con “ética” y a fondo sobre el tema del fuero militar se lograrían algunos avances.

El general Gallardo --quien en la década pasada denunció violaciones a los derechos humanos al interior del Ejército, por lo cual fue acusado y preso por delitos en contra del honor militar y difamación de las Fuerzas Armadas-- dijo que tras la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para discutir el tema del fuero militar, queda ahora recurrir al Poder Legislativo para reformar diversos artículos constitucionales.

En ello coincide Santiago Aguirre, quien dijo que tras el fallo de la Corte, lo que queda es seguir presionando en el Legislativo para que se reforme el fuero militar y seguir acompañando los casos que llegan a las instancias internacionales.

En el caso de la señora Reynalda Morales, viuda de una víctima civil del Ejército, dijo el abogado, ella agotó todas las instancias de impartición y procuración de justicia en Sinaloa y cuando intentó ampararse ante la máxima instancia de justicia del país, ésta determinó que, al igual que otras víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, “no era sujeta de derecho y no tenía interés jurídico para exigir lo que estaba reclamando”.

Para Reynalda, contrario a lo sostenido por Felipe Calderón, en México ya no le queda ningún recurso para que se haga justicia y, como en todos los casos, la última alternativa son las instancias internacionales donde, por lo menos, el Estado mexicano seguirá siendo señalado por tolerar el fuero de guerra que ha provocado un cúmulo de violaciones a los derechos humanos y la impunidad.