Liberación de paramilitares arriesga la vida de sobrevivientes

México, 11 agosto 09 (CIMAC).- La masacre de 19 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, 14 niñas y cuatro niños y 8 varones, realizada por 40 paramilitares en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, no fue el resultado de conflictos intercomunitarios ni religiosos, sino de una estrategia de contrainsurgencia que continuará en caso de liberarse a quienes participaron en ella, advirtió hoy Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

En conferencia de prensa previa a la discusión que tendrá mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde definirá si se violó o no el debido proceso de los sentenciados, el Prodh y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas precisaron que la Corte sólo se pronunciará en la “forma pero no en el fondo” declarando y reconociendo la responsabilidad de quienes participaron en la masacre, con lo que nuevamente se abre el camino a la impunidad.

Para el director del Prodh, la masacre de 45 indígenas tzotziles debe ubicarse en un contexto socio-político trazado en la línea de la contrainsurgencia y de serios desplazamientos de las comunidades por la violencia y ello, dijo, no debe perderse de vista por la SCJN.

Señaló que la resolución de la Corte no ahondará en la inocencia o culpabilidad de los sentenciados, “de ahí la gravedad de su facultad” ya que por negligencias cometidas intencionalmente por agentes del Estado mexicano quedará en la impunidad el crimen de “lesa humanidad” perpetrado contra las 45 personas.

En tanto, para Diego Cárdenas, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas, que ha dado acompañamiento legal a las víctimas y ha seguido de cerca el caso, dijo que la resolución que dé mañana la Corte “podría poner” en riesgo la vida de quienes denunciaron a los paramilitares, es decir, de las y los sobrevivientes de la masacre.

Y, en este sentido, dijo que los testimonios de las y los sobrevivientes son fehacientes ya que reconocieron claramente a sus agresores quienes previamente los habían estado acosando.

“Los que hoy utilizan esta liberación con estrategias mediáticas para desinformar a la sociedad lo hacen con la finalidad de seguir ocultando este crimen de lesa humanidad, con falsas especulaciones se convierten en cómplices de la impunidad en que se encuentra el caso de la Masacre de Acteal”, dijo.

RIESGO DE REACTIVACIÓN PARAMILITAR

El activista alertó también de la reactivación de grupos paramilitares en la zona de Los Altos de Chiapas y dijo que si quedaran en libertad los 40 paramilitares amparados en la SCJN, como ha circulado en la prensa nacional, se pondría en riesgo el tejido social y la integridad de las personas, principalmente en Polhó donde hay bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

También se perturbaría la paz en la región, dijo, ya que aún se encuentran ahí las armas con las que se cometió la masacre y recordó que en el año 2000 la Procuraduría General de la República (PGR), hizo un “intento” de operativo con un testigo protegido que les diría dónde estaban las armas, mismo que fue frustrado por grupos paramilitares.

Mariano Luna Ruiz, presidente de la organización civil “Las Abejas” y uno de los sobrevivientes de la masacre, recordó que en el contexto del levantamiento armado del EZLN en 1994, empezaron a surgir los grupos paramilitares en Chenalhó, que pedían a las comunidades indígenas ayudar a comprar armas para combatir al EZLN.

Como la comunidad se negó, dijo Luna Ruiz, sus habitantes fueron despojados de sus pertenencias, sus casas quemadas y obligados a desplazarse. Fue así como llegaron al campamento de Acteal donde serían masacrados.

El representante de “Las Abejas” dijo que actualmente en la comunidad hay temor por los rumores que han circulado en la prensa de que los paramilitares que participaron en la masacre podrían quedar en libertad.

Responsabilizó a la administración de Felipe Calderón, a la y el abogado del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Ana Laura Magaloni y Alejandro Posadas de la violencia que pudiera generarse de nuevo en la comunidad si salen libres, por lo que hizo un llamado a las autoridades del país y a la SCJN para que reflexione en su fallo mañana.

Magaloni y Posadas asumieron la defensa legal de las 71 personas recluidas en el penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, en diciembre de 2006 (Cimacnoticias, 28 diciembre, 2006) y llevaron a la Corte los amparos de los 40 paramilitares.