Se solidariza en Chenalhó con los deudos de las víctimas

La matanza no debe quedar en la impunidad: funcionario de la ONU

Conferencia de prensa en Acteal ofrecida por Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos HumanosFoto Moysés Zúñiga Santiago

Elio Henríquez y Ángeles Mariscal

Corresponsales

Acteal, Chis., 17 de agosto. Una consecuencia inadmisible de que los responsables de procurar e impartir justicia vulneraran derechos procesales indispensables para garantizar un juicio justo es que la matanza de Acteal quede impune, dijo Alberto Brunori, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A invitación de la organización civil Las Abejas, el diplomático visitó esta localidad del municipio de Chenalhó –donde el 22 de diciembre de 1997 fueron asesinados 45 indígenas–, y agradeció a sus anfitriones la oportunidad de conocer de viva voz los hechos ocurridos.

El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de que hubo diversas irregularidades en la atención del caso, revela que no hubo una investigación conforme a la gravedad de los hechos y, por tanto, no se ha garantizado justicia para las víctimas, expresó Brunori.

Tras escuchar los testimonios de sobrevivientes y familiares de la matanza de Acteal, al ver imágenes de las víctimas y tomar contacto con la situación de desesperanza en que se encuentra la comunidad, el representante de Naciones Unidas dijo que le cuesta trabajo creer que después de casi 12 años la justicia no ha llegado plenamente.

Por ello, solicitó a las autoridades mexicanas realizar una investigación minuciosa, independiente e imparcial que garantice el derecho individual y colectivo a conocer la verdad sobre las circunstancias en que se cometió la matanza, y se tomen medidas para que los familiares de las víctimas obtengan una reparación del daño conforme a los criterios internacionales.

Brunori recordó que en su Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México (de 2003), se documentó que la matanza de 45 civiles y menores indefensos, perpetrada por un grupo de personas con armas de alto poder, era el incidente más dramático producido en el conflicto de Chiapas, que no se había aclarado plenamente ni se había hecho justicia.

Esta situación permanece vigente, sostuvo. También se solidarizó con el sufrimiento de los familiares de las víctimas y manifestó su preocupación por la posibilidad de que la situación de riesgo en la zona pueda recrudecerse, por lo cual pidió a las autoridades estatales garantizar la vida y la integridad de los pobladores de Chenalhó.

A su vez, la organización civil Las Abejas dijo que tras la excarcelación de 20 indígenas acusados de participar en la matanza, lo viable es que se manden a la zona observadores nacionales e internacionales, pero de ninguna manera gente del gobierno.

Brunori visitó el sitio donde fueron asesinados 21 mujeres, nueve hombres y 15 menores; luego se reunió en privado con sobrevivientes, familiares de la víctimas y dirigentes de Las Abejas y del Centro Fray Bartolomé de Las Casas.

Mientras, en la capital del estado, siete de los 20 indígenas liberados se declararon sin partido ni organización, y dijeron que esperarán para ser reubicados, mientras los otros 13 permanecen bajo tutela de los ex dirigentes del Partido Cardenista, organización que fue un actor político de la región.

ONU demanda investigación sobre masacre en Acteal

ISAíN MANDUJANO

ACTEAL, Chis., 17 de agosto (apro).- El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, exigió al gobierno mexicano que investigue la masacre de lo 45 indígenas ocurridos en este paraje en diciembre de 1997, pues se corre el riesgo que dicha matanza quede en la impunidad.

"La OACNUDH exhorta a las autoridades mexicanas para que se realice una investigación minuciosa, independiente e imparcial. Se garantice el derecho colectivo e individual a conocer la verdad, las circunstancias en las que se cometió la masacre. Que se tome la medida para que se garantice a los familiares de las víctimas y sobrevivientes la reparación del daño conforme a los estandares internacionales de derechos humanos", dijo el funcionario de la ONU.

Acompañado de los miembros del grupo civil Las Abejas, Brunori visitó el lugar donde la mañana del 22 de diciembre de 1997 un grupo paramilitar ejecutó a tiros y machetazos a 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños.

Brunori se dijo conmovido de haber estado todo este lunes recogiendo testimonios de los sobrevivientes de la masacre, quienes le manifestaron su temor de que tras la liberación de los primeros 20 presos involucrados en la masacre, éstos quieran tomar venganza personal contra quienes testificaron contra ellos y los hicieron pasar más de 11 años en prisión.

Brunori, quien vino a Chiapas por invitación expresa de los miembros del grupo civil Las Abejas, quedó "impresionado" por la capacidad organizativa de dicha organización.

"Habiendo escuchado los relatos, viendo las imágenes de los asesinados y tomando contacto de la actual situación, me cuesta trabajo entender que después de doce años la justicia no haya llegado plenamente en Acteal", lamentó Brunori.

Recordó que en el 2003, la oficina que representa en México reseñó en un informe que la masacre de Acteal era "el incidente más dramático en el conflicto de Chiapas", y después de aquel informe no ha sido aclarado el crimen, "y esto está vigente".

De acuerdo con Brunori, el fallo de la SCJN refiere que no hubo una buena investigación de los hechos y por eso los primeros 20 implicados obtuvieron su libertad, pero advirtió que eso no debe ser un pretexto para que se les niegue la justicia a las víctimas de aquel atroz crimen.

"Es indispensable que haya una buena investigación, si no, se corre el riesgo que quede impune, lo cual es inadmisible", reiteró.

El representante de la ONU para los derechos humanos recordó que, de acuerdo con diversos instrumentos internacionales, para combatir la impunidad, los Estados deben garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.

Mencionó que lo más importante es que el gobierno garantice que no se repetirán los hechos, pues ha constatado entre los sobrevivientes un "profundo miedo de posibles repercusiones por la liberación de algunos implicados en la matanza".

"Deseo manifestar mi preocupación por la posibilidad que la situación de riesgo pueda recrudecerse y, por lo tanto, hago un llamado al gobierno del estado para que garantice la seguridad e integridad de los pobladores de la región", dijo Brunori.