AI pide resarcir el daño
Tras 37 meses de prisión, liberan a Jacinta Francisco
De la Redacción
México, 17 sep 09 (CIMAC).- Tras la liberación el pasado 16 de septiembre de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, acusada con otras dos mujeres del secuestro de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2006 --por lo que había sido sentenciada a 21 años de prisión--, Amnistía Internacional (AI) hizo hoy un llamado a revisar completamente su proceso y a que sea resarcida por el daño causado por los tres años que permaneció en la cárcel, así como a revisar el proceso contra las coacusadas Alberta Alcántara y Teresa González.
En este sentido se pronunció hoy también la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), que manifestó su preocupación por la situación de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, las otras dos mujeres indígenas que fueron acusadas conjuntamente con Jacinta por los mismos delitos y que permanecen recluidas desde hace tres años en el Centro de Readaptación Social Femenil de San José el Alto, en Querétaro.
Cabe recordar que el 30 de junio de 2006 el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales “A”en San Juan del Río, Querétaro, presentó el pliego de consignación donde resolvió imputar el delito contra la salud, en su modalidad de posesión de narcóticos (cocaína), a Alberta Alcántara Juan, señalada como probable responsable.
Asimismo, se determinó que se “había acreditado la existencia del cuerpo de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y contra servidores públicos”, señalando como “probables responsables” a Alberta Alcántara y Jacinta Francisco, según consta en la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para la recomendación que emitiera el 19 de julio de este año.
Hoy, en conferencia de prensa, los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Jacobo Daciano, representantes legales de Jacinta, celebraron su liberación; sin embargo, subrayaron que en México persisten las deficiencias estructurales en el sistema de justicia, mismas que acentúan la vulnerabilidad de quienes por su identidad de género, origen étnico o posición social, son discriminados y violentados en sus derechos humanos.
Coincidieron en que la excarcelación de Jacinta es un logro; no obstante, comentaron, “es sólo un componente de la justicia” que debe incluir la reparación del daño, no repetición de los hechos y la sanción de los responsables del encarcelamiento de Jacinta.”
En el caso de Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron acusadas y procesadas por los mismos delitos que Jacinta y contra quienes tampoco existen pruebas de que hayan secuestrado a los AFI, continúan encarceladas, por lo que los Centros de derechos humanos manifestaron su preocupación y exigieron su pronta liberación.
En este sentido, la OMCT externó su preocupación de que la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) --de no presentar conclusiones acusatorias contra Jacinta Francisco-- no se haya extendido a las otras dos mujeres, coacusadas por el mismo delito y condenadas con base en “testimonios falsos y pruebas fabricadas”.
Reiteró que estas mujeres continúan en el Cereso de Querétaro “sin que sus casos avancen de ninguna manera positiva hacia la justicia para ellas” y las consideró inocentes, ya que, apuntó, en realidad nunca existió el secuestro.
La OMCT coincidió con el Prodh y el Jacobo Daciano en que el único delito de Jacinta, Teresa y Alberta ha sido su condición de género, su identidad étnica y su circunstancia social de marginación, “caso que desafortunadamente confirma la vulnerabilidad de los indígenas, y en particular de las mujeres indígenas, quienes sufren con mayor intensidad los fenómenos de exclusión y de marginación del sistema de justicia”.
Asimismo, pidió la reparación integral del daño que, refirió, deberá incluir rehabilitación y una adecuada compensación, así como la no repetición de los hechos.
En tanto, AI, que el 18 de agosto pasado calificó a Jacinta Francisco como “prisionera de conciencia” hizo un llamado a las autoridades correspondientes a revisar completa e imparcialmente la investigación sobre los hechos ocurridos en marzo de 2006 en el mercado de Santiago Mexquititlán, donde presuntamente “fueron secuestrados” los seis elementos de la AFI.
Que se revise el caso y que se incluya a las señoras Alberta Alcántara y Teresa González, pidió AI.
Por Sanjuana Martínez
México, DF, 17 sep. 09 (CIMAC).- Imagine que durante tres años de su vida lo recluyen en una celda por un delito que no cometió. Y después de ese tiempo, simplemente le piden disculpas y le dejan en libertad. ¿Punto final?
No debería de ser, al contrario, ese caso seriviría para exigir responsabilidades al Estado. El caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial es ilustrativo del fracaso judicial. Fue liberada después de tres años con un “disculpe”. Ni siquiera han sido capaces de otorgarle una indemnización como reparación del daño ocasionado. Lo que le pasó a Jacinta es sintomático del maltrecho Estado de derecho que padecemos. Es una víctima más del sistema judicial mexicano que aplica una endémica discriminación contra pobres, indígenas y todo ciudadano en condición de vulnerabilidad a la hora de “impartir justicia”.
No es la única víctima. Junto a ella fueron condenadas a 21 años de prisión otras dos mujeres bajo los mismos cargos de secuestro a seis policías. Se trata de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, ambas presas en el penal de San José El Alto, en Querétaro.
Alberta y Teresa son las “otras Jacintas” que exhiben la podredumbre de la procuración de justicia en el país: fabricación de delitos, pruebas y testigos, corrupción de jueces y ministerios públicos, prepotencia de policías, irregularidades en la averiguación previa… en fin, uno se pregunta dónde está el CIDE de Ricardo Raphael para defender a estas víctimas del debido proceso.
Los tres años que Jacinta pasó en la cárcel significan un ataque a la democracia y, por tanto, es necesario deslindar responsabilidades para quienes infringen la ley con total impunidad desde el Estado sean llevados a juicio y severamente sancionados. Por supuesto, esto es imposible debido a que vivimos en México, el país del nunca pasa nada.
Cualquier persona con sentido común pensaría que al liberar a Jacinta se liberaría también a Alberta y Teresa, pero no fue así. Las tres fueron detenidas en un operativo antipiratería en el mercado de Santiago Mexquititlán. Los policías causaron daños a la mercancía de los vendores y fueron retenidos para luego ser liberados. A las tres se les condenó por la fotografía publicada en un periódico local. Fue la única prueba “contundente” expuesta para imputarles el secuestro de los seis policías.
El proceso estuvo lleno de irregularidades. Ninguna domina el castellano, ya que son otomíes y hablan ñañú. Nunca tuvieron un intérprete que les explicara porque las metieron presas y luego las condenaron. Jacinta ha recordado que ni siquiera entendía lo que quería decir “secuestro”.
Los organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez encabezaron una intensa campaña a favor de las indígenas y lograron internacionalizar el asunto. Fue gracias a la gestión de éstos que finalmente Jacinta pudo ser liberada. Sin la presión mediática, ni la de las organizasiones no gubernamentales en defensa de las libertades civiles, Jacinta seguiría recluida injustamente en una cárcel mexicana.
Las autoridades mexicanas no han rectificado su error al liberar a Jacinta. No se equivoqen. No basta un “discúlpenos”. Se necesita que las tres sean declaradas inocentes. Las tres merecen más que una disculpa. ¡Merecen justicia!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario