MEXICO IMPUNE

Carta abierta sobre la decisión del gobierno Canadiense
de solicitar visas a ciudadanos Mexicanos y Checos

Honorable Jason Kenney
Ministro de Ciudadanía e Inmigración
Ottawa, Ontario
K1A 1L1

24 de agosto de 2009
Estimado Ministro Kenney,

Le escribimos a nombre de los miles de miembros de Amnistía Internacional en Canadá, República Checa y México para expresar nuestra preocupación sobre su
decisión del mes pasado de imponer un requisito de visa a los nacionales de la República Checa y México que desean viajar a Canadá. Al anunciar este cambio de
política, Usted dejó en claro que la base de su decisión era reducir el flujo de solicitantes de asilo en Canadá provenientes de estos dos países. Amnistía Internacional le insta a revertir la decisión y eliminar el requisito de visa o establecer medidas que garantizarán que no será un obstáculo para quienes soliciten asilo.

Amnistía Internacional reconoce que los estados tienen el derecho a controlar la entrada de extranjeros a sus territorios. Sabemos que las visas son una herramienta
que los gobiernos pueden utilizar legítimamente para tal fin. Sin embargo, los requisitos de visa suelen estar vinculados directamente a los flujos de refugiados, como es el caso de Canadá. Existe una larga historia de visas impuestas a ciertos países una vez que se ha recibido un gran número de solicitudes de asilo de esos países en Canadá, sin tomar cuenta la tasa de aceptación de las solicitudes. Con la decisión de agregar a la República Checa y a México a la lista de países cuyos ciudadanos requieren visas para viajar a Canadá, ya no hay ningún país que sea una fuente importante de solicitudes de asilo en Canadá que no requiera visa.

Al anunciar estos requisitos de visa, Usted indicó que el gobierno canadiense considera que los solicitantes de asilo de estos dos países no son “refugiados genuinos” y sugirió que más bien buscan “saltarse la fila de inmigración” y que no son personas que huyen de una “persecución real”. En el caso de las solicitudes mexicanas, Usted se refirió a una tasa de aceptación del 11% como prueba de que las solicitudes no tienen mérito, al tiempo que desechaba una “tasa de aceptación relativamente mayor” para las solicitudes provenientes de la República Checa por estar terciada por una alta tasa de retiro y abandono.

Ministro, es justamente el trabajo del Panel de Inmigración y Refugio determinar si las solicitudes de los ciudadanos checos y mexicanos, o de cualquier otro país, están fundamentadas. No es responsabilidad, ni papel, del Ministro de Inmigración. Sus comentarios recientes, junto con la decisión sobre las visas, implican una interferencia con la independencia del Panel y un desprecio a la experiencia y autoridad de sus miembros.

Usted y otros miembros del gobierno han indicado en repetidas ocasiones que pretenden que el requisito de visa sea una medida de corto plazo. Ha declarado que
planea aprobar reformas a la Ley de Inmigración y Protección a Refugiados que establecerían un nuevo procedimiento más rápido para las solicitudes de países tales como la República Checa y México, que el gobierno canadiense considera “seguros”.
Amnistía Internacional ha monitoreado de cerca el uso de estos procedimientos en otros países, tales como el Reino Unido, y hemos documentado las maneras en que son injustos y los refugiados genuinos corren el riesgo de que sus solicitudes sean rechazadas sumaria e injustamente. Le instamos a no adoptar estas medidas y a garantizar que el Panel de Inmigración y Refugio cuente con los recursos necesarios, incluyendo un número adecuado de integrantes, nombrados por su mérito, para evaluar las solicitudes de manera justa y expedita.

Nos preocupa en particular su decisión de imponer requisitos de visa a los ciudadanos de la República Checa y de México porque Amnistía Internacional ha documentado y reportado varias preocupaciones en materia de derechos humanos en ambos países. Así, consideramos que es de especial importancia que el sistema de determinación de refugio en Canadá siga siendo accesible a los ciudadanos checos y mexicanos.

En México, 6,000 personas fueron muertas en incidentes violentos relacionados con el crimen organizado en 2008. A pesar del despliegue de miles de efectivos policiales y militares, los niveles de violencia atribuidos a las redes delictivas han aumentado. Miembros del ejército y la policía cometen graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas, tortura, detención arbitraria y violencia sexual. La impunidad para las violaciones de derechos humanos pasadas y recientes continua, en parte debido a la falta de instituciones efectivas que investiguen y procesen las violaciones de derechos humanos a nivel estatal y federal.

En 2008, se presentaron 1, 230 quejas de abusos de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, asesinatos y tortura, presuntamente cometidas por el ejército mexicano, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Esto representa un aumento de más del 600% desde 2006. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, solo 65 efectivos militares han sido sujetos de investigaciones disciplinarias o penales en las cortes militares en los últimos tres años. En cuanto a la violencia contra las mujeres, sigue habiendo una falta deplorable de compromiso estatal para implementar la Ley General de Acceso de
las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007.

Amnistía Internacional ha notado un aumento en el extremismo contra la población romaní en la República Checa, incluyendo desalojos forzados, segregación en la educación y violencia racial. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial notó, en 2006, que las mujeres romaníes han sufrido procesos de esterilización sin su consentimiento informado, una violación que el gobierno checo no impidió. Además, la comunidad Roma no ha recibido justicia cuando busca reparación por los abusos en su contra.

La información documentada por organizaciones de derechos humanos y Comités de Naciones Unidas dejan en claro que la población romaní en la República Checa sigue sufriendo discriminación tanto por parte de los servidores públicos como de los individuos privados y que existen personas que requieren protección.

Además, Amnistía Internacional ha señalado que en la República Checa la imposición de la visa ha expuesto a la comunidad romaní a una mayor estigmatización y hostilidad. Otros ciudadanos checos, molestos por la necesidad de obtener visa para viajar o porque perciben esta decisión como una afrenta a su país, desdeñan más a los romaníes checos.

Ministro Kenney, Amnistía Internacional comprende y comparte su preocupación de que el sistema canadiense de determinación de refugiados opere de manera rápida y
eficiente. Al mismo tiempo, debe garantizar que todos los solicitantes reciban un trato justo e igual.

Amnistía Internacional le exhorta a levantar inmediatamente el requisito de visa para los ciudadanos mexicanos y checos o a imponer medidas que garanticen que el sistema canadiense de determinación de refugio les siga siendo accesible.

Atentamente,
Alex Neve
Secretario General
Amnistía Internacional Canadá
(English branch)

Béatrice Vaugrante
Directora General
Amnistía Internacional Canadá francófona

Alberto Herrera Aragón
Director Ejecutivo
Amnistía Internacional México

Dáša van der Horst
Director
Amnestía Internacional República Checa