Jueces, AFIS y MP, con responsabilidad penal en el caso Jacinta

Por Lourdes Godínez Leal

México DF, 4 sep 09 (CIMAC).- Demandar la responsabilidad penal de los agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), del Ministerio Público y de los jueces que intervinieron en el caso de Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena presa desde hace tres años acusada falsamente, junto con otras dos mujeres, de “secuestrar” a seis elementos de la AFI, exigió hoy el secretario técnico de la Red todos los Derechos para todas y todos, Edgar Cortez Moralez.

Durante su participación en la Mesa de medios y género convocada por la Fundación Friedrich Ebert y Comunicación e información de la Mujer (CIMAC), Cortez Moralez, candidato a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), consideró relevante exigir lo anterior ya que éstos funcionarios tenían la obligación de “ser objetivos e imparciales” durante el proceso penal que se le siguió a Jacinta Francisco.

Cabe recordar que el 26 de marzo de 2006 Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas otomíes residentes en Santiago Mexquititlán, Querétaro, se encontraban en el mercado del mismo nombre vendiendo sus productos; en el caso de Jacinta, paletas, aguas frescas y nieves.

Ese día, elementos de la AFI vestidos de civil, según el informe del caso de Amnistía Internacional (AI) realizaron un operativo para “confiscar” drogas y DVD pirata enfrentándose con las y los locatarios del mercado.

Horas más tarde, los seis agentes que ingresaron al lugar denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) haber sido “secuestrados” durante varias horas por las personas participantes en la protesta.

Cinco meses después de los hechos, las señoras Jacinta, Teresa y Alberta fueron detenidas y conducidas a la PGR con el falso argumento de interrogarlas “sobre un árbol cortado”, por lo que Jacinta y las otras dos mujeres no sabían de qué se les acusaba hasta que las encarcelaron.

En el caso de Jacinta, de acuerdo con AI, la única prueba que había contra ella era una fotografía publicada en el periódico local donde aparecía detrás de quienes participaron en la protesta; en el juicio nunca hubo un reconocimiento por parte de los agentes, ni demostraron su denuncia.

Aunque en las primeras declaraciones de los seis agentes de la AFI, el día que hicieron la denuncia, no mencionaron a Jacinta, no fue sino hasta que la vieron en la foto que la acusaron de “haber tomado parte en el presunto delito”.

Pese a que Jacinta no habla español, tampoco se le proporcionó, como es su derecho, un intérprete, y el abogado de oficio que le asignaron nunca le explicó que tenía el derecho a defenderse, dice AI, organismo que el 18 de agosto pasado la declaró “prisionera de conciencia”.

PRIMERO ACUSO, LUEGO INVESTIGO

Luego de permanecer tres años en el Centro de Readaptación Femenil de San José el Alto, en Querétaro, acusada del secuestro de los agentes --“delito” por el que se le enjuició y se le sentenció a 21 años de prisión y al pago de una multa por 90 mil pesos, la cual fue apelada por sus representantes legales-- la PGR decidió el pasado 3 de septiembre “no presentar conclusiones acusatorias” contra el proceso que se le seguía a Jacinta, lo que significaría, dice el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los representantes del caso, que ésta será excarcelada sin cargos.

Después de mantenerla presa por un delito que no cometió, separándola de sus hijos y esposo, la PGR confirmó lo que ya se sabía: que Jacinta era inocente y que el delito de secuestro nunca existió.

Para el Prodh, la decisión de la PGR implica “la aceptación de las numerosas deficiencias del sistema de justicia en México” situación, dice, que se agrava cuando a quienes por su identidad son discriminados socialmente, como las mujeres que viven en condiciones de marginación, principalmente las indígenas.

Por ello, hoy el defensor de derechos humanos Edgar Cortez exigió esta responsabilidad penal contra quienes mantuvieron injustamente en la cárcel a Jacinta (AFIS, MP y Juez), así como la reparación del daño y mecanismos de no repetición.

Cortez subrayó que el actual sistema de justicia “condiciona” para acceder a la justicia el origen étnico, de género y social y en este sentido Mariclaire Acosta, también candidata a la CDHDF, lamentó que en México no exista el principio de presunción de inocencia vigente en la mayoría de los países, que establece “que todas las personas detenidas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

Si bien Jacinta Francisco obtendrá su libertad, aún permanecen en prisión Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas del mismo delito y quienes también desde hace tres años se encuentran detenidas y a quienes, por su condición de género, étnica y social, se les ha negado justicia.