22 sept 2009

Impunidad en Chiapas alienta la actividad paramilitar: CCIODH

ISAíN MANDUJANO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 21 de septiembre (apro).- La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) señaló que la impunidad en Chiapas ha reactivado las actividades paramilitares, y cada vez son más constantes las agresiones contra comunidades indígenas en resistencia.

De acuerdo con el organismo, en la entidad gobernada por Juan Sabines también son agredidos con frecuencia los defensores de derechos humanos, situación que, añadió, "puede calificarse de muy grave, pues se han registrado denuncias en diferentes zonas y se ha constatado un uso cada vez más frecuente y público de armas de fuego por parte de los agresores".

En un comunicado, la CCIODH expresó que la impunidad con que se dan estas actuaciones provoca que aumente la actividad paramilitar, sin que haya una respuesta por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Y agregó que aunque las denuncias aportan datos claros de las personas y autoridades civiles o policiales que intervienen, no se abren investigaciones policiales o judiciales que señalen responsabilidades en los graves delitos cometidos.

Por el contrario, anotó, "las denuncias señalan la connivencia de las autoridades, especialmente del gobierno del estado de Chiapas, alentando la actividad paramilitar, que tiene como objetivo neutralizar las justas demandas de las comunidades en contra de los proyectos de infraestructura planeados y desarrollados contra su voluntad y sin que respete su derecho a ser consultados en todo lo que afecte a su territorio".

Los intentos de las autoridades y de algunos medios por presentar los hechos como una confrontación entre indígenas, por motivos religiosos o de posesión de la tierra, no hacen sino esconder los motivos auténticos del conflicto, que exigen resolver las causas y atender las demandas de autonomía de las comunidades indígenas, señaló la CCIODH.

Una de las consecuencias de estas políticas, anotó, fue la agresión que sufrió, en la comunidad de Jotolá, el pasado 18 de septiembre, Ricardo Lagunes Gasca, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Así mismo, mencionó que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Acteal, que puso en libertad a 20 de los condenados como autores de la masacre, es "otro motivo de preocupación y alerta a esta frágil situación, en un contexto tantas veces señalado de guerra de baja intensidad".

Ante ello, el organismo internacional exigió a las autoridades correspondientes que asuman su responsabilidad para evitar que siga aumentando la violencia, y pidió castigo para los culpables de las agresiones.