En el caso de Jacinta, no procede la reparación del daño: PGR

Por Lourdes Godínez Leal

México, DF, 22 sep. 09 (CIMAC).- La Procuraduría General de la República (PGR) determinó que Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí acusada con otras dos mujeres del secuestro de seis elementos de la Agencia Federal de Investigación en 2006 --lo que le valió tres años de cárcel--, obtuvo su liberación no porque se haya acreditado su inocencia sino “porque, a pesar de existir elementos incriminatorios en su contra, no fueron corroborados” con otros medios que pudieran probarlo, por lo que no procede la reparación del daño.

En un oficio girado a la Cámara de diputados firmado por Jorge Alberto Lara Rivera, director General de Normatividad de la PGR, leído hoy durante la sesión ordinaria, precisa que “al actualizarse la duda razonable a favor de Jacinta Francisco, lo procedente es presentar conclusiones no acusatorias después de que la autoridad judicial cierre la instrucción”.

Ello traerá como consecuencia, dice, “que se decrete el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria pero, de ninguna manera, por haberse acreditado el reconocimiento de inocencia a su favor, sino porque a pesar de existir elementos incriminatorios en su contra no fueron corroborados con otros medios de convicción que hicieran prueba plena al entrelazarlo”.

“Por ello, definitivamente no procede que se le reparen los daños, con independencia de que pudiera intentar las acciones conforme a sus intereses, por ser notoriamente improcedentes”.

El documento menciona que en relación con los casos de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, coacusadas en este caso, “existen elementos de convicción contundentes que demuestran su participación en la comisión de los delitos atribuidos”, por lo que en ningún caso procede la reparación del daño.

Cabe recordar que Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura y el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU pidieron a las autoridades mexicanas la reparación del daño para Jacinta y la libertad inmediata para Teresa González y Alberta Alcántara.

La PGR informó a los diputados que la Fiscalía de la federación, “después de hacer un estudio minucioso de las constancias”, concluyó presentar conclusiones acusatorias en contra de estas dos mujeres y que será el juzgado de Distrito el que a través de una sentencia resuelva si mantiene la sentencia emitida anteriormente en contra de estas dos mujeres indígenas.

Negó que competa a la PGR decretar el cierre de instrucción en la presente causa, toda vez que es una facultad exclusiva del juez.

Informó también que la PGR notificó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el rechazo a su recomendación 47/2009 emitida el pasado19 de julio, ya que “ésta carece de competencia en casos que se ventilan en órganos jurisdiccionales”; sin embargo, dijo, “aceptó” presentar conclusiones no acusatorias.

INOCENCIA PLENA

Si bien, dice el oficio, se ubicó a Jacinta en “circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en la comisión de los ilícitos, no detallan su forma de participación, lo que trae como consecuencia el hecho de que dichos deposados no hagan prueba plena, sino que conduzcan a la duda razonable inherente a la responsabilidad penal, no así a su inocencia”.

Detalla que en el caso de Jacinta no se demostró plenamente su inocencia, “sino que no fue posible comprobar de manera plena su participación en la comisión de los delitos por los que se sigue el proceso en su contra”.

Así las cosas, prosigue el oficio de la PGR, “se considera que el hecho de que se actualice una figura jurídica a favor de la procesada, con base en una "duda razonable", respecto a su plena responsabilidad, no elimina jurídicamente las incriminaciones en su contra y, de forma ineludible, en el asunto que nos ocupa existen delitos cometidos en agravio de otros ciudadanos”.

El documento enviado a la Cámara de diputados se dio en respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0040, mediante el cual se informó a la PGR del punto de acuerdo aprobado por el congreso de la unión donde le solicitó “que a la mayor brevedad y en estricto apego a la ley y la justicia” presentara las conclusiones no acusatorias contra Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González.

El ese oficio los diputados también pidieron la reparación del daño para las mujeres indígenas.

El pasado 18 de agosto Amnistía Internacional declaró a Jacinta Francisco “prisionera de conciencia” y el 3 de septiembre la PGR decidió presentar conclusiones no acusatorias en su contra.