Este espacio nace de la imperiosa necesidad de expresarle al mundo que en Mexico se violan sistematicamente los Derechos Humanos, que los politicos gobernantes que han exprimido a nuestro pais y que han suscrito tratados internacionales se burlan dia a dia de la legislacion nacional e internacional dejando a los ciudadanos en un verdadero estado de indefension, les presentamos el verdadero Mexico, el de los reprimidos, bienvenidos hermanos !
Ucidebacc ha llevado a cabo una ardua lucha en defensa de terrenos
comunitarios en Pinotepa Nacional, Costa Chica de Oaxaca, esto ha
traído como consecuencia cárcel para sus dirigentes y amenazas de
muerte para su vocera.
El pasado jueves 13 de marzo, Eva
Lucero Rivero Ortíz, vocera de la Unión Cívica Democrática de Barrios
Colonias y Comunidades (UCIDEBACC), realizó una visita a Pinotepa
Nacional con el objeto llevar a cabo una diligencia del proceso penal
que llevan Librado Baños Rodríguez y Felipe Rojas Orduño, dirigentes de
UCIDEBACC actualmente presos.
Cuando viajaba de regreso a la ciudad
de Oaxaca, un hombre desconocido se sentó a su lado en el autobús y la
amenazó. De acuerdo con lo que nos comentó Rivero Ortíz, esta persona
le dijo que debía llevarle un mensaje a Librado, quien además de
fundador de la organización es su conyuge, le advirtió que dejara de
denunciar y que Ucidebacc ya no debía tomar más carreteras y tampoco
bloquear las entradas de la sucursal de la tienda Coppel que se
encuentra en Pinotepa Nacional. Le repitió en varias ocasiones que no
gritara y que si hablaba con policías o periodistas iría por ella y la
mataría junto a su hijo; cuando terminó de decir esto, Rivero Ortiz se
bajó del autobús y consiguió un taxi que la llevó de vuelta a Pinotepa.
Rivero Ortíz puso una denuncia en la
Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social, sin
embargo hasta el momento no ha habido respuesta.
Es importante señalar que desde su
fundación, Ucidebacc ha luchado por la defensa de terrenos comunitarios
en Pinotepa Nacional, especialmente el que se apropió la tienda Coppel
para una de sus sucursales con el aval del entonces presidente
municipal Carlos Sarabia Camacho. El actual alcalde, Tomás Basaldú
Gutierrez ha llevado una política similar en torno a las demandas de
Ucidebacc.
La defensa de los terrenos ha tenido
como consecuencia el encarcelamiento de tres dirigentes y que varios
integrantes más hayan tenido que huir por temor a las amenazas. Se han
firmado minutas con el gobierno estatal de Oaxaca, encabezado por
Gabino Cué Monteagudo, pero estas no se han cumplido después de 8
meses.
Apoyan la decisión de no asistir a reuniones de la junta de gobierno
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 28 de marzo de 2014, p. 4
Diversas
organizaciones civiles manifestaron su respaldo a la decisión de los
integrantes del consejo consultivo del Mecanismo de Protección de
Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de no asistir a las
reuniones de la junta de gobierno de dicho organismo hasta que las
autoridades se comprometan a resolver la problemática de la misma.
En conferencia de prensa, los activistas subrayaron que a casi dos años de la creación del mecanismo, éste no ha sido capaz de salvaguardar al ciento por ciento la integridad de los defensores y comunicadores mexicanos amenazados por su labor.
Después de destacar que este organismo tiene un rezago de 70 por
ciento en las 152 solicitudes de protección que ha recibido desde su
creación y no ha podido utilizar los 263.9 millones de pesos de su
fideicomiso, los colectivos apoyaron a los consejeros, que se retiraron
de la sesión de la junta de gobierno del pasado 24 de marzo.
Los defensores y periodistas que integran el consejo consultivo,
señalaron las organizaciones, no volverán a las reuniones mensuales del
máximo órgano de decisión del mecanismo mientras no se garantice que en
la elección del próximo coordinador ejecutivo –tras la renuncia de Juan
Carlos Gutiérrez– se designará a alguien con probada experiencia en
temas de derechos humanos.
Asimismo, exigieron que las autoridades impongan una política
laboral dentro del mecanismo que respete los derechos de sus
integrantes, y que de manera urgente se elabore un programa de
atención a los problemas internos de dicha entidad, con acciones
definidas, plazos y resultados a obtener.
Los colectivos indicaron que desde hace varios meses habían denunciado las fallas estructurales
del mecanismo, sin que la subsecretaria de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, Lía Limón, emprendiera acciones reales para
solucionarlas.
Darío Ramírez, director en México y Centroamérica de la organización Artículo 19, señaló que debido a la estrategia inconexa e ineficaz del gobierno en este tema y la falta de voluntad política de sus funcionarios, el mecanismo está en su mayor crisis a poco más de año y medio de su surgimiento.
Por su parte, Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos
Humanos y Democracia e integrante del consejo consultivo del mecanismo,
lamentó que las unidades de evaluación de riesgos y de análisis no
funcionan adecuadamente.
En el acto trascendió que en las cámaras de Diputados y de Senadores
se emitieron sendos puntos de acuerdo para llamar a comparecer al
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con la finalidad
de que explique las fallas del mecanismo y tome cartas en el asunto
para solucionarlas.
Álvaro Uribe y el mandatario Juan Manuel Santos son responsables, afirman
En ese lugar murieron 4 mexicanos en un bombardeo del ejército colombiano contra opositores
Familiares de los estudiantes muertos en Sucumbios, Ecuador, durante el
bombardeo
del ejército contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, han recorrido
varias instancias en busca de justicia. En la
imagen, una protesta frente a la embajada
del país sudamericano en
MéxicoFoto José Antonio López
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 28 de marzo de 2014, p. 4
Los
padres de los cuatro jóvenes mexicanos que fallecieron durante el
bombardeo del ejército colombiano en la localidad Sucumbíos, Ecuador,
el 1° de marzo de 2008, presentaron ayer una solicitud ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dicho organismo
admita el caso a análisis.
Con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos
Humanos, una representación de los familiares de las víctimas acudió
ante la sede del organismo internacional en Washington, Estados Unidos,
para fundamentar su petición.
En ella, los padres de Verónica Velázquez Ramírez, Soren Avilés
Ángeles, Fernando Franco Delgado y Juan González del Castillo,
asesinados durante el bombardeo, así como de Lucía Morett, única
sobreviviente, argumentan que la CIDH admitió en 2011 el caso de
Franklin Aisalla, joven ecuatoriano que también murió en el ataque
ocurrido hace seis años.
Termina la etapa de guerra y odio
Tras subrayar que la responsabilidad de este crimen de lesa humanidad
es del ex presidente colombiano Álvaro Uribe y su sucesor Juan Manuel
Santos, los familiares de las víctimas afirmaron que la solicitud ante
la CIDH marca el fin de una etapa de guerra y odio, sin renunciar a la exigencia de que los culpables sean castigados.
Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana en Defensa de los
Derechos Humanos, explicó que en estos seis años ha logrado comprobarse
una gran cantidad de irregularidades sobre el caso en los tres países
involucrados en el incidente de Sucumbíos.
En
primer lugar, se descubrió que el bombardeo para asesinar al líder
guerrillero Raúl Reyes fue planeado al menos desde 2007, y que el
ejército colombiano sabía que en el lugar donde ocurrió la llamada Operación Fénix había personas no combatientes, afirmó el litigante.
El ataque, además, habría sido concretado por aeronaves
estadunidenses que salieron de la base militar de Tres Esquinas, en
territorio de Colombia. Y las autoridades ecuatorianas colaboraron
con el bombardeo al apagar sus sistemas de rastreo aéreo para que no
quedaran evidencias de lo ocurrido, permitir que soldados colombianos
estuvieran presentes en el interrogatorio de Lucía Morett –durante el
cual la joven fue torturada– e incurrir en diversas omisiones en las
indagatorias.
En esta misma línea, el Estado mexicano, por conducto de la
Procuraduría General de la República, no ha avanzado en las
investigaciones sobre lo ocurrido, configuró la averiguación previa con
diversos errores y no hizo nada para proteger los derechos consulares
de las víctimas, más allá de repatriar las cenizas de los fallecidos.
No discutiré en los medios, estoy tranquila, señala
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 28 de marzo de 2014, p. 5
La
subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría
de Gobernación (SG), Lía Limón, reconoció que existe un rezago de
alrededor de 85 expedientes de casos presentados ante el Mecanismo de
protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
Reconozco que el mecanismo tiene retos, los cuales atenderé de
manera conjunta con los integrantes del mismo, de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos y del consejo consultivo, señaló.
Sin embargo, evitó responder a las críticas y acusaciones en su
contra acerca de presunto desorden administrativo y supuesto
hostigamiento laboral en el área que encabeza.
El mecanismo debe atender solicitudes de apoyo, interpuestos por
comunicadores o activistas que afirman haber sido amenazados o
consideran que su vida corre peligro por el ejercicio de su función,
por lo que recurren a esta posibilidad de custodia, cuya coordinación
está a cargo de la SG.
La instancia opera con base en un fideicomiso cuya bolsa es de poco
más de 200 millones de pesos; una vez recibida la solicitud, los
responsables deben analizar de inmediato cada asunto y determinar el
nivel de peligro; impulsar protocolos, medidas preventivas y, en su
caso, acciones urgentes de protección.
Consultada sobre el particular, Lía Limón respondió:
En efecto, hay retos y un rezago importante que se debe abatir;
invito a los integrantes del consejo a resolver las cosas juntos.
Comparto la idea de que debemos armar una estrategia de solución.
Las denuncias rondan en la existencia de desórdenes en el andamiaje administrativo y en los recursos.
Lía Limón, subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de
Gobernación, admitió que hasta febrero había recibido 152 solicitudes
de protecciónFoto Guillermo Sologuren
La funcionaria dijo a La Jornada
que es necesario revisar y ordenar la operación de esta instancia
creada en 2012, la cual había recibido, hasta febrero, pasado 152
solicitudes de protección.
El mecanismo debe seguir funcionando; me comprometo a preservar el diálogo respetuoso con los miembros del consejo consultivo, aseguró.
El lunes pasado, los integrantes del consejo consultivo se retiraron
de la sesión (donde se habló del rezago de 89 expedientes y, al final
de la misma, ya sin la presencia de los representantes de
organizaciones civiles, se habrían resuelto tres o cuatro casos).
Los activistas entregaron a la subsecretaria una carta en la que
exponen su preocupación por la falta de atención a decenas de
solicitudes de apoyo.
La subsecretaria ofreció un trabajo conjunto con las organizaciones
civiles, pero evitó responder a las acusaciones de un grupo de
funcionarios del mecanismo, en el sentido de que presiona y maltrata a
su personal.
En efecto, la carga de trabajo en Gobernación es fuerte; no voy a
discutir el punto en los medios de comunicación. Yo estoy absolutamente
tranquila, señaló.
Así es el trabajo, agregó; “se requiere de muchas horas
extras. El titular la Unidad de Derechos Humanos y responsable del
mecanismo renunció el pasado 15 de marzo, aunque la subsecretaria
afirma que la salida de Juan Carlos Gutiérrez no tiene nada que ver con
el rezago en el área.
Amnistía
Internacional (AI) manifestó su preocupación por el destino de al menos
40 migrantes centroamericanos secuestrados el 19 de marzo en Reynosa,
Tamaulipas, por un grupo criminal, quienes fueron liberados por el
Ejército pero luego dejados a su suerte sin protección, a grado tal que
al parecer 10 de ellos fueron plagiados de nuevo.
La organización
añadió que el 18 de marzo tres mujeres deportadas de Estados Unidos
fueron privadas de su libertad en Matamoros, Tamaulipas, cerca del paso
fronterizo. Por todo ello, exigió a las autoridades federales y
estatales realizar una investigación completa e imparcial sobre el
paradero de todos estos desaparecidos y llamó a brindar protección
efectiva a migrantes liberados del cautiverio de grupos criminales o
expulsados de Estados Unidos.
Ante la ambigua acción
de las autoridades judiciales de Chihuahua al no investigar la
actuación de Ramón Quintana Villasana, ex director del centro de
readaptación social 9, que permitió la tortura de Israel Arzate, preso
durante tres años por presuntamente participar en la masacre de Villas
de Salvárcar, la PGR tiene la oportunidad de resarcir estas omisiones,
afirmó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh),
que llamó a la entidad a proteger a Arzate y su familia y a reparar el
daño causado al joven por su encarcelamiento en un juicio que no logró
demostrar su culpabilidad.
No es práctica sistémica; el gobierno federal trabaja para evitarlos
Presentan casos de mujeres que han dado a luz fuera de nosocomios públicos
Cada año ocurren 931 alumbramientos en esas condiciones, acusan activistas
Todos fueron investigados y se aplicaron sanciones, la respuesta oficial
El 5 de noviembre de 2013 hubo un caso de presunta negligencia médica
cuando Ruth Mendoza, de 23 años, llegó durante la madrugada a la
clínica de salud del municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, para
que la atendieran de un parto; el médico la envió a su casa, porque faltaba mucho tiempo, y dos horas y media después la joven dio a luz a su hijo afuera del templo del centro de saludFoto Arturo Pérez
Alonso/Cuartoscuro.com
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 28 de marzo de 2014, p. 2
Los
casos que en meses recientes se han dado a conocer sobre mujeres que
dieron a luz afuera de hospitales o en algún taxi en Chiapas y Oaxaca
son unos cuantos respecto de los 931 que ocurren cada año en el país.
La Secretaría de Salud (Ssa) los identifica como partos fortuitos.
Aunque no es una práctica sistémica, el gobierno federal trabaja para
evitarlos, aseguró durante la audiencia pública de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada ayer en Washington.
Por primera vez, y en el contexto del 150 periodo ordinario de
sesiones, el organismo internacional abordó el tema de violencia
obstétrica y salud materna en México. Ahí, las organizaciones civiles
Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), Parto Libre y
Sakil Nichim Anzetik denunciaron que las mujeres enfrentan serios
obstáculos para ejercer sus derechos reproductivos, desde la negativa
de la atención médica,
discriminación y malos tratos e inhumanos, así
como atención deficiente en los servicios de salud materna.
Estos osbtáculos han sido comprobados en investigaciones como la que
coordinó Roberto Castro, integrante del Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), y en un trabajo del Instituto Nacional de
Salud Pública (INSP) en hospitales de Morelos.
El Gire destacó ante la CIDH que esas conductas reflejan fallas
estructurales en la atención médica y pautas comunes de violación a los
derechos humanos de las usuarias, lo que se debe a la insuficiente
infraestructura y capacidad de las clínicas y hospitales públicos,
federales y estatales, para atender partos y urgencias obstétricas.
Por su parte, el gobierno de México –representado por Lía Limón,
subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y
Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la
Ssa– expresó su rechazo absoluto a la violencia obstétrica y dio cuenta
de las acciones emprendidas para abatir el problema, como la inclusión,
por primera vez, de la perspectiva de género en el Plan Nacional de
Desarrollo, el plan sectorial de salud y los programas específicos.
Mientras
se efectuaba la audiencia, en la ciudad de México Gobernación y la Ssa
emitieron un comunicado en el que señalaron que los casos de falta de
atención médica a mujeres que requirieron atención obstétrica se
investigaron, se deslindaron responsabilidades y se aplicaron sanciones
conforme a la ley.
En Washington, los funcionarios federales también comentaron sobre
la próxima conclusión del proceso de actualización de la norma oficial
mexicana (NOM) 007 para la atención de la mujer durante el embarazo,
parto y puerperio, y del recién nacido, en trámite desde 2011.
El ordenamiento incorpora varias novedades, como la indicación dar
prioridad al trabajo de parto y la posibilidad de que la mujer dé a luz
en posición vertical.
La nueva NOM señala que se deberán evitar intervenciones no
justificadas, como los enemas (lavados vía rectal), rasurado,
episiotomía rutinaria y cesáreas no indicadas clínicamente. Resalta la
obligación del personal de salud de dar trato digno y respetuoso a las
pacientes.
Indicaron que a escala nacional se registran alrededor de 2.2
millones de nacimientos al año, de los cuales más de 95 por ciento se
atienden en instituciones de salud. Así, los 931 partos que ocurren
afuera de los hospitales no representan una práctica sistemática, pero
sí son motivo de preocupación y ocupación de la administración federal.
Mencionaron que el pasado 31 de octubre se realizó una sesión
extraordinaria del Consejo Nacional de Salud, en la cual se acordó
trabajar para que haya cero rechazo en las unidades médicas, que todas
las mujeres reciban trato digno y respetuoso a sus derechos humanos.
Marta Carmona exige presentar con vida a Valentín Hernández
Rosa Rojas
Periódico La Jornada
Sábado 22 de marzo de 2014, p. 12
Presentación con vida y liberación de Valentín Hernández Chapa, de 43 años, e Ignacio Navarro Mozo, quienes están en calidad de desaparecidos
desde el pasado 18 de marzo, cuando fueron detenidos en San Luis
Acatlán por policías de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC) de La Montaña y Costa Chica de Guerrero, exigió la
esposa del primero, Marta Carmona.
Vía telefónica, aseguró que hay testigos de que detuvieron a su
esposo y a Navarro, y los subieron a una camioneta de la coordinadora.
Dijo que acudió a la Casa de Justicia de la organización, en San Luis
Acatlán, a exigir la liberación de su cónyuge, pero ahí la comandanta Paulina afirmó que ellos no lo detuvieron, que no estaba en las listas y que no lo conocen. Esto no es verdad, sostuvo, porque Hernández Chapa ha sido asesor jurídico de la CRAC durante varios años.
Mencionó que incluso forma parte de una comisión que se integró en
la coordinadora para investigar un presunto fraude por más de 700 mil
pesos en la organización, el cual habrían cometido el actual
coordinador de la Casa de Justicia de la CRAC en San Luis Acatlán,
Eliseo Villar, y otras personas.
Indicó que el propio Villar declaró a medios de comunicación que a Valentín e Ignacio se los llevaron a la cárcel de Cochoapa; pero el jueves en la tarde allá le dijeron a un familiar que sí se encuentra ahí, pero que no se le puede ver, por lo que acudió a la Agencia del Ministerio Público de San Luis Acatlán a denunciar la desaparición de Valentín, porque mientras no lo presenten yo lo doy por desaparecido.
Carmona
mencionó que la detención y desaparición de su esposo viola los
reglamentos de la CRAC, ya que nunca les entregaron un citatorio para
que se presentara ante la Casa de Justicia, y si lo detuvieron debían
haberlo llevado ahí para que sea juzgado por las comunidades. Si
hay algún cargo contra Valentín, exijo que se respete el procedimiento
interno de la CRAC, donde los pueblos son los que deciden, subrayó.
Asimismo, dijo que incluso solicitó la intervención del Centro de
Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, y ella sabe que tuvieron
comunicación con Villar, pero Eliseo no quiere el diálogo.
Además, exigió atención médica para Vicente Aguilar Díaz, quien
acudió junto con personas de otras comunidades a la Casa de Justicia de
San Luis Acatlán para solicitar diálogo, pero los
Periódico La Jornada Sábado 22 de marzo de 2014, p. 13
Saltillo, Coah., 21 de marzo.
En México hay agencias del Ministerio Público donde a las mujeres
que buscan a sus hijos o esposos se les piden favores sexuales a cambio
de entrar a la morgue y ver si entre los cadáveres están los de sus
familiares, y existen otras dependencias donde los encargados reciben
dinero con ese fin, denunció el representante de la Oficina en México
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Javier Hernández Valencia.
Les dicen que no tienen título jurídico, que no son funcionarios,
no les abren la puerta. A veces les dan para las aguas, para que los
dejen entrar a ver cadáveres. Se rompen en cada momento, ven cosas
espantosas y luego no encuentran. Hay mujeres que van buscando. ¿Saben
cómo las atienden? Les piden favores sexuales, eso es lo que viven las
familias, aseguró en entrevista.
Consideró que ese delito, con mayor auge en el gobierno de Felipe Calderón, causa incluso problemas de pareja, pues uno está resuelto a seguir la búsqueda y el otro a dar vuelta a la página. El calvario
de estas víctimas también está en los barrios y en las vecindades. “Los
vecinos les dicen: ‘es que en algo estaba metido’, y eso es un dolor
que se une a la herida y sigue habiendo más dolor, porque (los
familiares) se sienten aislados, sin apoyo, incomprendidos.”
Hernández
participó en un acto en que el gobernador del estado, Rubén Moreira
Valdez, y representantes de la asociación civil Fuerzas Unidas por
Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), firmaron una iniciativa
que se enviará al Congreso local, a fin de que la búsqueda de
desaparecidos en el estado sea por mandato constitucional.
Nadie tiene derecho a desaparecer y si eso ocurre, todos los ciudadanos tenemos derecho a que se nos busque, dijo el gobernador, quien aprovechó para exigir resultados inmediatos
al procurador de justicia en el estado, Homero Ramos, y al
subprocurador para la investigación y búsqueda de personas no
localizadas, Juan José Yáñez, pues en la entidad hay reportes de mil
200 casos de desaparición involuntaria sin esclarecer.
No nos puede ganar la indiferencia, les dijo. Tenemos que
localizar a las personas desaparecidas y castigar a los responsables.
Es por un tema de derechos humanos, de sentimiento de las familias y en
el caso del gobierno del estado, por un tema de impunidad. No podemos
descansar hasta saber dónde están todos los desaparecidos, es un tema
contrarreloj, es una cuenta de segundos, no de semanas, meses, ni de
días.
Pobladores y especialista afirman que las perforaciones de Pemex activaron el fenómeno
Experto: desde 2004 se han horadado 7 mil pozos en la Cuenca de Burgos en busca de gas shale
Elementos de Protección Civil del estado de Nuevo León muestran equipos
para atender una posible tragedia, el pasado viernes en MontemorelosFoto Sanjuana Martínez
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada Domingo 23 de marzo de 2014, p. 7
Linares, NL.
Durante los 10 años recientes, el sismólogo Juan Carlos Montalvo
Arrieta había llevado una vida apacible, serena y sin sobresaltos,
centrada particularmente en la investigación y en el recuento de
movimientos telúricos insignificantes y naturales.
Jamás imaginó que el estado que eligió para vivir, después de
graduarse en Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), se convertiría en una zona sísmica activa.
Pero desde octubre, en esta región citrícola, donde el perfume de
azahar que emanan los miles de naranjos en flor, anuncia la primavera;
la quietud se convirtió en desasosiego y nerviosismo, en
estremecimiento. Y de los 13 sismos imperceptibles registrados en 25
años, se pasó a más de 110 en cinco meses, nueve de ellos muy
significativos, particularmente el reciente del pasado martes, que
alcanzó una intensidad de 4.2 grados en la escala de Richter.
Antecedente de 173 años
Desde el Observatorio Sismológico de la Facultad de
Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL),
ubicado en la carretera a Cerro Prieto, en la Ex Hacienda Guadalupe, a
unos 150 kilómetros de Monterrey, Montalvo Arrieta camina por la
habitación donde tiene los dos censores que miden la velocidad del
movimiento del sol y la aceleración del movimiento del suelo, advierte
que con base en estudios de un sismo ocurrido en 1841, podemos prever:
“Ese sismo nos estaría diciendo cuál es la magnitud del terremoto que viene. Podemos esperar uno de 5 a 6.5 grados y lo estamos monitoreando por una simple y sencilla razón: no estamos preparados para un terremoto de esa magnitud.”
El apercibimiento del sismólogo no ha sido escuchado por las
autoridades de Nuevo León ni por las federales. De hecho, el pasado
viernes, lo dijo durante la primera reunión del Comité de Contingencias
Geológicas para Sismos, celebrada en Montemorelos, con el coordinador
general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis
Felipe Puente Espinosa, y el director general del Centro Nacional de
Prevención de Desastres, Carlos Valdés González. Ambos minimizaron,
frente a una veintena de asistentes y siete alcaldes de la región
citrícola y sus directores de Protección Civil, los recientes
terremotos y sus consecuencias. Incluso el segundo, dijo que de suceder
ese sismo sería benéfico para sus habitantes. Un sismo grande no se puede dar en Nuevo León; además, estos
movimientos telúricos ayudarían, porque dan una movida a los árboles de
naranjas, caen solas y les resultaría mejor, comentó Valdés González en plan chistoso, aunque sin conseguir ninguna sonrisa.
A la reunión no fueron convocados representantes de Petróleos
Mexicanos (Pemex) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a pesar de
las recientes revelaciones sobre la perforación de pozos que Pemex está
realizando para extraer gas shale, utilizando el método de fractura hidráulica o fracking,
con la inyección de 15 mil litros de agua, arena y 85 elementos
químicos contaminantes para romper o fracturar piedras o lutitas a 4
mil 500 metros de profundidad, lo cual, estaría provocando las decenas
de sismos ocurridos los meses recientes.
Temblores naturales
Durante dos horas de reunión nadie pronunció la palabra fracking
ni se refirió a la perforación de pozos. Los funcionarios estatales y
federales insistían en decir que los sismos son naturales, porque la tierra está viva,
hasta que le tocó hablar a Sergio Gómez Castillo, alcalde de Los
Ramones, una de las zonas más afectadas con cientos de casas
cuarteadas, algunas completamente destruidas.
Con los sismos empezamos a temblar; tanto que ya saqué el
escritorio para la plaza. Está Pemex haciendo perforaciones, coincide
con un pozo muy cerca donde empezaron los temblores. Es Pemex. Pedimos
al gobierno que nos apoyara con un estudio para deslindar
responsabilidades, pero nada. Esta reunión para prevenir está muy bien,
pero ¿cómo vamos a ayudar a la gente con sus propiedades dañadas? ¿Qué
solución vamos a dar a los vecinos? Estamos temblando todos.
Exploración no es extracción
Silencio en la sala, Puente Espinosa, movía la cabeza en
señal de desaprobación; señaló que es normal que las casas de adobe se
cuarteen y descartó que el fracking sea la razón de los sismos: La
extracción de gas no significa absolutamente nada porque no existe la
extracción, se está explorando la posibilidad, y aunque se extrajera,
el trabajo siempre se hace mediante estudios profundos que permiten que
esto (los sismos) no sucedan aunque se explore, pero en este caso
particular no es motivo... esto no está afectando de ninguna manera el
subsuelo.
El
objetivo de la reunión era restar importancia a lo que está sucediendo
y Valdés González lo dejó claro: “El tema de fracturamiento es común,
pero no hay que dejar que nos cambien el idioma. No es fracking,
es fracturamiento. Las consecuencias son realmente muy locales. La
extracción, los volúmenes de las zonas donde se está extrayendo
difícilmente pueden generar o tener que ver con esta actividad sísmica”.
Algunos salieron de la reunión desconcertados. El alcalde de Los Ramones fue directo: Éstos vinieron a tapar, no a solucionar,
expresó mientras Protección Civil mostraba sus equipos para atender una
posible tragedia. El campesino Alfredo Segovia, de 65 años, vecino de
Montemorelos, donde ocurrió el reciente sacudimiento fuerte, aseguró: Es
por los pozos. Están abriendo muchos. Aquí nunca se habían sentido
estos temblores. Algo está pasando abajo de la tierra. Pero estos
señores le van a dar hasta que truene todo.
Evidencia documental
De regreso a Linares, el doctor Montalvo Arrieta se
muestra nervioso. En el sismo ocurrido en 1841 –actual referente para
las lecturas del nuevo fenómeno sísmico– murieron seis personas: Ahorita
la localización epicentral, a partir de la reconstrucción de los datos,
cae en el límite estatal entre Nuevo León y Coahuila, a 30 kilómetros
al sur de la ciudad de Saltillo. Cerca de la que consideramos área
epicentral: un techo se colapsó y seis personas perdieron la vida. El
sismo se sintió en Coahuila, en varios municipios de Nuevo León y hasta
Ciudad Victoria, Tamaulipas, y también en el norte de San Luis Potosí y
cerca de Matehuala. Es el sismo histórico donde hay una evidencia
documental de daños y pérdidas humanas.
Cuenta que durante los primeros meses del nuevo fenómeno sísmico dio
aviso oportuno de lo que estaba sucediendo, pero no le hicieron caso, y
peor aún, algunas veces pensaron que era broma: Nadie nos creía.
Eso ha sido un golpe muy duro, de hecho, ni las autoridades nos creían;
decían que solamente estamos alarmando. Y ya no soy yo el que lo dice.
Las evidencias están, allí están los temblores.
Los daños materiales han sorprendido a todos y se muestra inquieto: Tenemos
una responsabilidad muy fuerte. No estamos preparados como otras
ciudades. Aquí las construcciones no están preparadas. Hay que empezar
a evaluar los efectos e ir un paso más adelante. Noventa por ciento de
las encuestas nos dicen que la gente no sabe qué hacer en caso de sismo.
Las localizaciones epicentrales ofrecen información, pero
reconoce que en este momento no puede afirmar lo que está provocando
la actividad sísmica ni culpar al fracking de Pemex, con cuyos representantes ha hablado pero niegan responsabilidad alguna: Efectivamente
el proceso de romper va a generar algo, pero nosotros no tenemos
evidencias y no podemos decir nada. Tampoco nos corresponde pedir que
paren las perforaciones.
En cambio, su compañero de la UANL, Juan Manuel Rodríguez Martínez,
responsable de geohidrología y geofísica del Instituto de Ingeniería
Civil, opina lo contrario y vincula directamente la actividad humana a
los enjambres sísmicos, provocados por el fracking, método utilizado por Pemex para extraer gas shale en la Cuenca de Burgos, donde –dice– se han perforado desde 2004 a la fecha, unos 7 mil pozos.
Categórico, afirma que, con base en un estudio reciente, las causas
que dan lugar a la sismicidad están asociadas a estructuras
paleotectónicas, como acciones humanas que modifican los esfuerzos en
las rocas y las presiones en los fluidos cercanos a la superficie:
“Estas acciones incluyen: extracción de agua, gas, petróleo (o su
inyección para almacenamiento o para recuperación secundaria de
hidrocarburos), efluentes o líquidos residuales; explotación minera o
de canteras, disolución de domos salinos, fracturamiento hidráulico (fracking)
y aplicación de sobrecargas en la superficie mediante grandes cuerpos
de agua (reservorios). Este modelo se caracteriza por una concentración
de altas tasas de deformación producto de fallas de crecimiento y
basculamiento de la cuenca, las que generan sismos de baja intensidad
como los reportados recientemente en el estado”.
Periódico La Jornada Domingo 23 de marzo de 2014, p. 12
Una
vez que los familiares de las víctimas de la masacre de San Fernando
interpusieron dos solicitudes de amparo contra la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), por considerar que su recomendación sobre
el tema incurre en varias omisiones, el organismo, en vez de ayudarlos
y admitir posibles errores, ha comenzado a litigar contra ellos.
Lo anterior lo afirmó la abogada Ana Lorena Delgadillo, quien
subrayó que las carencias en la indagatoria de la CNDH son
inexplicables, obstaculizan las peticiones de reparación del daño y, en
esa medida, abonan a la impunidad.
En entrevista con La Jornada, la litigante indicó que la Recomendación 80/2013 de la CNDH viola los derechos de las víctimas de la masacre y de la sociedad
al no documentar ni analizar las posibles omisiones en que habría
incurrido el Estado mexicano, por no garantizar el derecho a la vida de
los migrantes asesinados.
Señaló
que la CNDH se negó a dar una versión pública de su indagatoria, pues
ésta únicamente se otorga en casos de violaciones graves, lo cual hace
más difícil el acceso de las víctimas a la justicia y la verdad
histórica.
De igual forma, el organismo no escuchó a los familiares de las víctimas.
La CNDH promovió una queja contra los amparos, lo cual tiene el
efecto inmediato de detener esas herramientas jurídicas y evitar que
rinda un informe sobre su actuación y haga pública una copia de su
indagatoria sobre la matanza.
Periódico La Jornada Domingo 23 de marzo de 2014, p. 17
San Cristóbal de las Casas, Chis. 22 de marzo.
Juan Carlos Gómez Silvano, adherente de la Sexta declaración de la Selva Lacandona del municipio de Chilón fue asesinado este viernes en una brecha de la misma localidad. Según versiones recogidas por La Jornada, el indígena recibió al menos 20 disparos.
Koman Ilel, medio alternativo de esta ciudad, señaló que Gómez Silvano, campesino tzeltal de 21 años, participaba en la construcción de autonomía en la tierra recuperada del predio Virgen de Dolores en el municipio y era coordinador regional de la Sexta declaración,
convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Su
comunidad está organizada en resistencia con el ejido San Sebastián
Bachajón.
De acuerdo con la prensa local, Gómez Silvano viajaba presuntamente
solo en una camioneta Nissan de redilas. Su cuerpo fue hallado en el
crucero de Chapapujil, cerca de la cabecera municipal de Chilón. Según
versiones extraoficiales de las autoridades judiciales del
estado, arribó al lugar de los hechos el agente del Ministerio Público
Octavio Bautista Martínez para levantar el cuerpo del joven dirigente
indígena, pero un grupo numeroso de encapuchados se lo habría llevado para sepultarlo.
Por su parte, Koman Ilel recuerda que hace menos de un año fue ejecutado, también en la cabecera de Chilón, Juan Vázquez Guzmán, dirigente de la Sexta de San Sebastián Bachajón. ¿Por qué los asesinan?, se pregunta la nota informativa, y expone que el ejido de San Sebastián Bachajón mantiene desde hace años una fuerte lucha contra el despojo de su territorio.
Señala que distintos
actores, entre los que se encuentran los gobiernos municipal, estatal y
federal; empresas trasnacionales (Norton Consulting) y grupos
paramilitares impulsan estrategias legales e ilegales para llevar a
cabo uno de los proyectos más ambiciosos de la región, parte del Plan
Puebla-Panamá: el Centro Integralmente Planeado Palenque, una red de
infraestructura y servicios que pretende conjuntar atractivos naturales
y arqueológicos para un turismo de élite, convirtiendo a la población indígena en servidumbre, en sus propias comunidades.
Una de las estrategias gubernamentales para asegurar el control territorial, añade la información de Koman Ilel, ha
sido la cooptación o amedrentamiento de las autoridades ejidales, así
como la persecución judicial y los asesinatos selectivos de aquellos
que se oponen a ser despojados, como es el caso de los compañeros Juan
Carlos Gómez Silvano y Juan Vázquez Guzmán.
Chilón es actualmente gobernado, como Chiapas mismo, por el Partido
Verde Ecologista de México. Las autoridades han sido cómplices u
omisas, al menos, ante las agresiones sufridas sistemáticamente por los
ejidatarios en resistencia. El edil Rafael Guirao Aguilar, por cierto,
preside, además, la estatal Fundación Chiapas Verde, que respalda a su
correligionario el gobernador Manuel Velasco Coello.
Advertencia: el uso del lenguaje
irónico aquí expresado atiende a la sociología de nuestra idiosincrasia
como mexicanos, y de ninguna manera pretende faltar al respeto o causar
ningún daño moral a nadie.
Causa penal: 00/2014
Acusado:
Delito: robo calificado
Juez de primera instancia en materia penal del Distrito Federal
Xico aceptó desde el primer momento haber cometido el delito de robo, pero no ejerció violencia.
Hechos:
El 3 de marzo de 2014, aproximadamente a las 23 horas, un joven llamado Xico
fue detenido por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública al
ser asegurado, aparentemente, en un forcejeo entre él y dos empleados
de la cadena comercial Oxxo. Ante el Ministerio Público en el Distrito
Federal, los empleados del Oxxo, Elver, quien se desempeña como encargado de turno, junto con Aurora, cajera de la sucursal, señalaron que Xico,
junto con otra persona, ingresó a la tienda, se dirigió a los
refrigeradores, tomó dos cervezas y las metió al morral de su amigo;
luego tomó dos cervezas más, las metió a su mochila y caminó
apresuradamente para salir de la tienda. La cajera, que en ese momento
se hallaba junto a los refrigeradores, le dijo al encargado que se
estaban robando las cervezas, y entre ambos enfrentaron supuestamente a
Xico para pedirle que pagara la mercancía. Sin embargo, aparentemente el acusado empujó primero a Leticia y luego a Elver para intentar darse a la fuga, arribando inmediatamente la patrulla.
Supuestamente Elver tomó por la espalda al acusado y empezaron a forcejear. Sin embargo, en el certificado médico de Xico
se aprecia una lesión, consistente en escoriación de mucosa en el labio
inferior, la cual no puede ser consecuencia de un simple forcejeo,
máxime que los denunciantes no presentan ninguna lesión.
Asimismo, los remitentes Brayan y Carl mencionan en su declaración ministerial que reconocen a Xico
como la misma persona que estaba forcejeando con el personal del Oxxo.
Sus declaraciones son idénticas y parecieran hechas a modo de ser
coincidentes con los denunciantes. Además concuerdan en afirmar que no
les constan los hechos relacionados con el robo.
Por otro lado, Xico declara ante
el ministerio público, y reitera en su declaración preparatoria, que
acepta su responsabilidad en el hecho de tomar las botellas y que fue
golpeado por personas conocidas como “franeleros” al pretender darse a
la fuga, y segundos después, es decir, inmediatamente, arribó al lugar
una patrulla. Él afirma que en ningún momento entró en confrontación
con el personal del Oxxo.
La Liga Mexicana por la Defensa de los
Derechos Humanos (Limeddh), con una experiencia de casi 30 años en esta
materia, afirma que la corrupción, la ineficiencia, la intolerancia y
la discriminación son factores que generan la fabricación de presuntos
culpables. Con el pretexto de que los presuntos pueden ser puestos en
libertad, se recurre al chantaje emocional a las víctimas y testigos;
se les induce o coacciona a reconocer o falsear las declaraciones para
pervertir los hechos y favorecer el agravamiento de los delitos, como
en el caso que nos ocupa, para así negar la libertad bajo fianza en un
delito no grave como lo es el robo.
Lejos de resolver este problema de justicia, se aplica una legalidad pervertida o pervertible,
que no busca reparar el daño y una pena acorde con la cuantía y la
conducta. Se propicia una pena desproporcionada y trascendental: al
calificar el delito como grave, se evita la libertad bajo fianza y que
el inculpado pueda seguir su proceso en libertad.
¿Para qué pensar en juicios abreviados
encaminados a reparar daños y en penas alternativas o substitutivas a
la prisión, si la procuración y administración de justicia, al igual
que las prisiones, son un gran negocio?
Sin hacer apología del delito y sin
soslayar que el hecho quede impune, con visión criminológica tenemos
que si una persona tuviera los recursos para comprar una cerveza, no
intentaría robarla, exponiéndose así al riesgo de perder su libertad.
De la misma manera, en este caso subyace la falta de alternativas para
los jóvenes. Se propicia la estigmatización y discriminación de
personas. Si este joven vistiera elegante y no usara rastas, tal vez
hubiera sido invitado a pagar las cervezas y no se le hubiera golpeado.
En la esencia del hecho está un patrón de pobreza y falta de
expectativa de vida. Y la motivación del robo de cerveza nos habla de
una de las enfermedades sicosociales: el alcoholismo.
Bien se puede decir que quien comienza
robando una cerveza, después será otra cosa y etcétera; pero la génesis
está en la falta de empleo con remuneración justa y prestaciones
sociales, educación con derecho a becas y otros beneficios, además del
derecho a la recreación que los jóvenes debieran tener. Es allí donde
radica la naturaleza del problema. Y no podemos hacer prevenciones
futuras de la comisión de un delito, porque hoy lo que se juzga es el
hecho de un robo de cuantía menor. El inculpado no sólo fue detenido,
sino golpeado por sus captores y, lo peor, se utilizó este hecho de
ejercer violencia en su contra para luego presentarlo como prueba de
que él intentó ejercer violencia para defender lo robado.
La pena debe ser justa. Para la empresa
afectada, lo importante es que se le pague lo robado y se evite que
esto siga sucediendo; y no será fabricando delitos graves mediante la
mentira como se logrará resolver este problema. De la misma manera,
para nosotros, como sociedad, nos resulta en un costo muy alto esta
perversión de la legalidad que se convierte en injusticia. Además, las
prisiones son consideradas como escuelas del crimen. De esta
manera, alguien que entra por un delito menor, puede perder el rumbo de
su vida e incorporarse a la vida delincuencial. De esta forma no se
ayuda a nadie, ni al individuo y mucho menos a la sociedad.
Cuánto cuesta llamar patrullas, detener
a una persona, pasarla al médico, llevarla a una galera… hacer todos
los trámites de registro y toma de declaraciones… traslado a un centro
de reclusión… Y todo el tiempo que nos cuesta mantenerlo en prisión en
tanto los costos del proceso penal, copias, impresiones, ministerios
públicos, peritos, traslados, gasolina, gastos en fotografías, análisis
de laboratorio. Todo esto durante varios meses hasta la sentencia o
hasta que llegue un magistrado federal, quien finalmente conceda en
amparo la reclasificación del delito y la libertad del inculpado.
¿Alguien puede calcular cuánto cuesta esto?
Por otro lado, para las familias, los
amigos, ¿qué significan estas penas trascendentales? ¿Cuánto tendrán
que pagar en abogados, en copias de expediente, en interponer recursos
legales, en pagos de traslado, en días laborales perdidos para
acompañar el juicio? Creo que hemos perdido el juicio, estamos
en la sinrazón de tener que pagar por la celda, por la protección, por
el pase de lista, por la seguridad, porque permitan el paso a los
familiares o la comida. Todo esto durante varios meses hasta que por
fin la libertad llegue y las deudas asfixien a las familias y amigos. Y
entonces durante varios años buscar empleos precarios y tiempos extras
para poder pagar los gastos de un incidente en el que un día a un joven
se le hizo fácil tomar unas cervezas y salir sin pagar, y gracias a
ello se ganó el estigma de delincuente peligroso, y se ganó –él, que
nunca gana nada–, no un flamante auto para trasladarse, pero sí un auto
de formal prisión.
La legalidad ha perdido el juicio: las
multas y cauciones son cada vez más altas, inasequibles a los
inculpados, y en muchos casos están estratosféricamente por encima del
monto de lo robado. Nos roban con esta legalidad nuestros impuestos,
nuestros exiguos salarios con impuestos para la “procuración e
impartición de justicia”. Tantos y tantos recursos tirados a la basura
en seguridad pública, en militares, en sueldos altos a todos ellos.
Altos –muy altos– salarios a jueces, magistrados, ministerios públicos,
militares y policías. Y todos esos costos los vemos salir de nuestras
manos, de nuestro esfuerzo colectivo como pueblo, que mira su salario
escurrir a la cloaca de los impuestos, y de este drenaje ser llevado a los recicladores
que convierten todo esto en ganancias, en buenos salarios, buenas
comidas, buen vestir, perfumes, buenos vinos –de esos que cuestan
varios miles de pesos una sola botella–, para brindar porque se ha
hecho justicia; y gracias a ello, hoy un delincuente ya no podrá seguir
robando un par de cervezas. Ya la sociedad está segura y a salvo.
Podemos felicitarnos por la magia de haber transformado algunos pesos en una bola de nieve.
Una causa pequeñita tiene efecto devastador: unas cervezas y sus
envases se convirtieron en una cadena de consecuencias que cuestan
miles y tal vez millones de pesos.
Para corolario, nos engañan en medios
de comunicación al hacer aparentar una eficacia en las investigaciones,
con cifras espectaculares del combate a la delincuencia mientras se
abusa de la prisión preventiva. Las prisiones se llenan de presuntos
culpables que saldrán en los próximos meses, mientras dejan altos
dividendos en las cárceles por concepto de protección y “privilegios”,
y de gastos y costos judiciales, mientras en las calles vivimos
inseguridad y la delincuencia se agrava.
Y ya entrados en brindis, se
diría del inculpado que la única calificación alta que ha tenido este
delincuente, considerando su osadía (que no es un robo simple, ni mucho
menos un simple robo), él, el delincuente, por fin obtuvo la
calificación más alta al señalarlo como “robo calificado”, ja ja ja (cosa que nosotros como defensores de derechos humanos descalificamos).
¡Salud! ¡Brindemos por la justicia! ¡Bebamos, bebamos hasta perder el juicio!
Combatir la corrupción y la ineficiencia nos llevará a la justicia.
¡Una llama encendida para los derechos de los pueblos!
*Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
Un México más desprotegido existiría sin organismos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, mejor conocido como Frayba, que cumple 25 años defendiendo radicalmente sus posturas y declarándose, sin ambages, del lado del pueblo pobre, excluido y organizado.
El Frayba llega a esta fecha con el obispo Raúl Vera a la cabeza, reconociendo que el país que lo vio nacer en 1989 no es el mismo ahora, y que a la violencia y amenazas de los paramilitares en Chiapas, y antes de las guardias blancas pertenecientes a los grandes finqueros, se suma el despojo de los territorios para saquear sus recursos naturales, como los minerales.
Chiapas tampoco es el mismo. El abandono, la burla y la violencia que padecieron los pueblos indígenas de la entidad tuvo un fuerte hasta aquí en los territorios organizados en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), donde nada es igual que antes. El Ya Basta zapatista detonó en el centro de lo que el Frayba denunciaba.
Pero debe reconocerse que el trabajo del Frayba, lejos de acabarse, se incrementa, junto con la violencia institucional y paramilitar en el estado que lo alberga. Hoy, como ayer, el centro creado por iniciativa del obispo Samuel Ruiz contribuye a la construcción de una sociedad con plenos derechos para todos. Esa es la meta.
Aunque el gobierno del estado le niega interlocución (mientras acerca a ex servidores del centro que ahora ocultan institucionalmente lo que en otro momento denunciaron), el Fray ba pone en evidencia los atropellos de los que son víctimas los pueblos mayas. El más reciente, por ejemplo, el exilio forzado de los habitantes del ejido Puebla, en Chenalhó, quienes tuvieron que huir de sus casas ante el regreso de los asesinos de Acteal, liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O el despojo a los ejidatarios de Bachajón, a quienes persiguen y asesinan para arrebatarles sus tierras.
Dice don Raúl Vera que los principales retos para los derechos humanos en Chiapas son la autonomía y la paz, que están relacionados con el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, los mismos que el gobierno firmó con el EZLN para luego traicionarlos. Las comunidades zapatistas los pusieron en práctica en sus comunidades, pero en otras siguen siendo la meta a alcanzar para poder defender sus territorios.
Uno de los mayores logros del Fray ba, señala el también obispo de Saltillo, es que el centro ya no trabaja para las comunidades, sino que pertenece a ellas. Por eso y por muchas cosas más, la celebración del Frayba es la celebración de los pueblos de abajo.
México tiene retos que reclaman
solución urgente e ineludible en materia de derechos humanos. La
presencia en México de Salil Shetty, secretario general de Amnistía
Internacional, dejó constancia de la profunda preocupación que le causa
a la comunidad internacional la situación de los derechos humanos en el
país.
El
representante de la organización humanitaria entregó el pasado 17 de
febrero al presidente Enrique Peña Nieto el memorándum Los retos de
México en materia de derechos humanos. En ese documento, Amnistía
Internacional analiza y recomienda a la Presidencia de la República
realizar acciones muy concretas en nueve tópicos fundamentales:
reformas de derechos humanos; seguridad pública y derechos humanos;
desapariciones, tortura y malos tratos; sistema de justicia penal;
justicia militar; migrantes irregulares; personas defensoras de
derechos humanos y periodistas; derechos humanos de las mujeres; y
derechos de los pueblos indígenas.
En el memorándum se conmina al
representante del Estado mexicano a combatir con efectividad las graves
y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ocurren en el
país y a “hacer de ésta una verdadera prioridad política, no una mera
postura retórica sobre compromisos internacionales de derechos
humanos”. Peña Nieto se comprometió a emitir una declaración,
reconociendo y anunciando las medidas que tomaría. A 1 mes de esta
reunión, esta declaración no ha tenido lugar; tan es así que Amnistía
Internacional ha emprendido una campaña para que el grueso de la
ciudadanía firme una petición para exigir que el presidente asuma de
forma inmediata estos compromisos.
No es éste el único pronunciamiento
pendiente del gobierno mexicano. En este mes de marzo debe anunciar
también y con formalidad cuáles recomendaciones adoptará de las 176
realizadas en 2013 por el Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas.
Por lo que toca al contenido del
memorándum referido, hemos visto con agrado que el diagnóstico y
recomendaciones emitidas son pertinentes, y desde luego hacen eco de lo
que numerosas personas y organizaciones civiles y sociales en defensa
de los derechos humanos hemos venido exigiendo a lo largo de estos
últimos sexenios.
Sin embargo, el desastre en materia de
derechos humanos que viven las y los mexicanos es de tal magnitud, que
desborda las temáticas que aparecen en el informe de Amnistía
Internacional. Así las cosas, queremos aprovechar este espacio para
abonar sobre algunos puntos que lamentablemente no son referidos en el
escrito entregado a Peña Nieto, y que forman parte muy importante de
las agendas de lucha de las defensoras y defensores de derechos humanos
(asuntos sobre los que es importante que el gobierno federal se
pronuncie con claridad y asuma compromisos inmediatos).
El primero que queremos tratar se
refiere a la fallida guerra contra el narcotráfico y la utilización de
las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. Estas acciones
son fuente sistemática de violaciones a derechos humanos, lo que nos
lleva no sólo a pronunciarnos para que sean juzgadas en tribunales
civiles, sino a reiterar el llamado a que el gobierno federal trace una
estrategia de seguridad que permita el retiro paulatino de militares en
funciones de policía.
En materia laboral, podemos decir que
el trabajo digno y bien remunerado es una verdadera rareza en el país.
Las autoridades, más que velar por el respeto a los derechos que la
clase trabajadora conserva a pesar de la contrarreforma
laboral, parecen más interesadas en desalentarlos cuando emprenden un
proceso legal contra un patrón abusivo, y en cubrir la responsabilidad
de los empleadores en los desastres industriales, como el dramático
caso de los mineros de Pasta de Conchos, Coahuila. Las autoridades
además entorpecen y obstaculizan la libertad sindical mediante un
actuar faccioso de las juntas de Conciliación y Arbitraje.
El derecho a la alimentación está
igualmente vulnerado. Se hace necesario emitir una ley que reglamente
las disposiciones constitucionales que garantizan su ejercicio. Esta
ley tendría que ir acompañada de una política de impulso al campo,
protección de la biodiversidad y rechazo enérgico de la introducción de
semillas transgénicas. Ésas y otras medidas similares crearían las
condiciones para que el derecho a la alimentación sea efectivo.
Programas asistencialistas, como la Cruzada Nacional Contra el Hambre,
son paliativos más orientados a la propaganda que a la solución real de
los problemas.
A lo largo del país se han desplegado
diversos megaproyectos, que van desde autopistas –como en Xochicuatla–
hasta el reordenamiento urbano –como las supervías Poniente y Oriente–,
y las grandes explotaciones mineras. Estos megaproyectos, ya sean de
empresas privadas o del Estado, atropellan diversos derechos, como el
derecho a la consulta oportuna, libre e informada, a un ambiente sano,
a la vivienda (generalmente, los pobladores son desplazados con 1 mil tretas), al empleo y a la salud.
El derecho a la educación no se
encuentra en mejores condiciones. Para los hijos de los más pobres
continúa siendo apenas una aspiración o un lujo. En la zona
metropolitana el ingreso al bachillerato es sujeto a un concurso que
excluye a por lo menos 150 mil jóvenes cada año. Señalaba el profesor
Hugo Aboites –allá por mediados de 2012, y lamentablemente la situación
continúa vigente– que no es justificable que el ejercicio del derecho a
la educación y el acceso a los lugares disponibles en los planteles
esté sujeto a “un examen cuyos resultados proclaman que unos tienen más
derecho que otros”, sino que, como todo derecho, debe garantizarse la
igualdad en su ejercicio.
Así también, la mal llamada reforma
educativa, que pone en manos de las familias el sostén de los centros
escolares, reduce la posibilidad de que los niños, niñas y jóvenes
mexicanos puedan formarse, adquirir un oficio o profesión y,
consecuentemente, obtener un empleo remunerador cuando adultos. Es
necesario que el Estado mexicano asuma verdaderamente la obligación que
tiene, y destine recursos suficientes para la construcción y ampliación
de planteles escolares, así como para la contratación de personal
docente de base.
Para finalizar, es importante señalar
que las contrarreformas laboral, educativa, financiera, fiscal,
política y energética, por su contenido regresivo y violatorio de
derechos humanos, han generado no pocas protestas, que en ejercicio del
derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión y
manifestación, ejercen legítimamente distintos sectores de la sociedad.
Sin embargo, el Estado mexicano se ha ocupado más en criminalizar y
discriminar a las personas que manifiestan su descontento en el espacio
público, con una lógica de tildar de buenos ciudadanos a aquellos que
no salen a “alterar” el orden público, y de “vándalos”, “transgresores
de la ley y del progreso” a aquellos que lo ocupan con sus
reivindicaciones. Los medios de comunicación, en manos sobre todo del
duopolio televisivo, descalifican y preparan el terreno para la
proscripción del derecho a la protesta. Todo esto con la finalidad de
inhibirla como un derecho colectivo que interpela al Estado. En este
sentido, el gobierno federal y los gobiernos estatales no sólo deben
reconocer los abusos policiacos, sino sancionar a quienes abusan del
poder y a sus mandos; ya que, de no haber sanciones, se da un incentivo
a quienes cometen estos atropellos.
Éstos son los temas que consideramos
que también conforman retos de México en materia de derechos humanos.
Y, a pesar de que hasta hoy el presidente no ha demostrado un
compromiso serio y real con su cumplimiento, no podemos dejar de
exigirle y recordarle a él y al Estado mexicano en su conjunto una y
otra y otra vez las deudas pendientes en la materia que tienen para con
el pueblo mexicano.
*Filósofo, sociólogo y teólogo; director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
*El Estado aceptó 166 de las 176 observaciones recibidas en el EPU; OSC instan al gobierno a generar cambios en materia de DH
Imagen retomada de Animal Político
Ginebra.- En el contexto del 25° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el día de ayer el gobierno mexicano presentó sus observaciones respecto a las 176 recomendaciones que recibió en octubre pasado durante su evaluación en el Examen Periódico Universal (EPU).
México aceptó 166 de las recomendaciones emitidas por los Estados miembros, sin embargo rechazó observaciones sobre temas preocupantes “como la eliminación del arraigo y el reconocimiento de la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU para analizar casos individuales de víctimas de esta práctica”, precisó un comunicado de prensa emitido por organizaciones de la sociedad civil.
Condenaron que el gobierno mexicano haya rechazado las recomendaciones relacionadas con la figura del arraigo argumentando que ya se aprobó una reforma que “reduce el plazo de la detención”; sin embargo, las y los defensores señalaron que dichas modificaciones aún no han sido discutidas en el Senado, y que “en cualquier caso, tratándose de una figura violatoria de los derechos humanos, es ineficaz y no cumple con los estándares internacionales”.
La sociedad civil lamentó además que, pese a que en nuestro país se tiene conocimiento de más de 26 mil casos personas desaparecidas, el Estado mexicano no haya aceptado reconocer la competencia del Comité de Desaparición Forzada para conocer denuncias individuales e interestatales, por lo que instó al gobierno a posibilitar el acceso a la verdad, justicia y reparación en casos de desaparición forzada.
Dentro de las recomendaciones aceptadas por México se encuentran las 24 que recibió para garantizar la seguridad de personas defensoras y periodistas; las 43 que exigen una vida en condiciones de igualdad y libre de violencia para las mujeres. También aceptó en su totalidad las recomendaciones relativas a la ratificación de los Protocolos Facultativos del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Las organizaciones precisaron que “de acuerdo a la información aportada por el Gobierno mexicano es a partir de este momento que comienza a nivel nacional el proceso de diseño de un mecanismo para dar cumplimiento y seguimiento a las recomendaciones recibidas” del cual estarán pendientes para asegurar “que los compromisos no queden en papel y se traduzcan en verdaderos cambios para la vigencia de los derechos humanos en el país”.
Firmaron el comunicado: Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Equis: Justicia para las Mujeres, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC; Jass, Asociadas por lo Justo, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Red TDT, Red por los Derechos de la Infancia en México entre otras organizaciones.
*Los defensores han representado casos de alto perfil, incluyendo el caso de Alberto Patihstán
Durante la marcha por la libertad de expresión del Centro Prodh en 2013
México, D.F.- Amnistía Internacional teme por la seguridad de dos destacados abogados de derechos humanos en México, quienes han sido objeto de acosos y amenazas como consecuencia de su labor.
El pasado 10 de marzo, la oficina del abogado de derechos humanos Leonel Rivero Rodríguez, que es también su casa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue asaltada. Semanas antes, el 4 de marzo, tres hombres trataron de entrar en un hotel donde se reunía Leonel con integrantes de una comunidad del estado de Michoacán en relación con un caso delicado que él y su colega Augusto César Sandino Rivero Espinosa, de Defensa Estratégica en Derechos Humanos A.C., representan.
Leonel Rivero ha representado otros casos delicados y de alto perfil, incluyendo el caso del profesor indígena Alberto Patihstán.
El 17 de enero de Leonel Rivero Rodríguez recibió una llamada telefónica amenazante. El desconocido por teléfono dijo: “Mira no me estés chingando la madre porque te estoy hablando bien verdad, porque yo soy, yo soy, no te voy a decir quién soy verdad pero soy algo”.
Estos incidentes se suman a otros más sufridos en el pasado. En varias ocasiones, durante el mes de marzo de 2013, fueron dejados mensajes en su buzón de voz con grabaciones de conversaciones personales que había tenido durante el día en reuniones con clientes, sugiriendo que estaba siendo vigilado y que, quienes le monitoreaban, tenían acceso a su hogar y oficina.
Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que, pese a que fueron presentadas denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR); no ha habido una investigación de fondo para identificar a las personas responsable estos actos y que la PGR informó a Leonel Rivera de su intención de archivar el caso.
La organización llama a las autoridades mexicanas a que tomen medidas inmediatas y efectivas para garantizar la seguridad de Leonel Rivero Rodríguez y Augusto César Sandino Rivero Espinosa. Estas medidas deberán acordarse en conjunto con Rivero Rodríguez y con Rivero Espinosa.
Asimismo, Amnistía Internacional pide al gobierno mexicano que lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas y la irrupción en el domicilio de Leonel Rivero.
Piden perfil con credibilidad para Mecanismo de Protección a Periodistas/Animal Político Organizaciones de la sociedad civil, activistas y periodistas enviaron una carta abierta al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que la selección titular del “Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” -al cual renunció Juan Carlos Gutiérrez Contreras el pasado 15 de marzo-, sea prioritaria y se elija un perfil con credibilidad.
La ola de violencia en el estado de México, “atípica y temporal”, según Eruviel Ávila/La Jornada El gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, admitió que en semanas recientes se han incrementado la incidencia y la presencia delictivas en la entidad, fenómeno que, a su ver, es “atípico y temporal”. Aseguró que las instituciones devolverán pronto la paz que los ciudadanos merecen.
Dan amparo a activista detenido durante la marcha del 2 de octubre/Proceso El Juzgado Octavo de Amparo en Materia Penal otorgó un amparo a Ilia Adad Infante Trejo, detenido el pasado 2 de octubre del año pasado, durante la marcha para recordar a los caídos en la masacre de Tlatelolco. La juez Luz María Ortega Tlapa concedió la protección a Infante el pasado viernes 7, con lo que revirtió el asunto de formal prisión que pesaba en contra del acusado y ordenó la reposición del proceso debido a las múltiples violaciones a derechos constitucionales.
Denuncian hostigamiento a defensoras del agua en Edomex/Cimacnoticias El Estado de México, donde en menos de 10 años (2005-2012) se han cometido mil 485 asesinatos de mujeres y un incalculable número violaciones sexuales, también es el territorio en donde se agrede, hostiga e intimida a quienes defienden los Derechos Humanos (DH), y realizan las labores que las autoridades locales se niegan a cumplir.
Autoridades encarcelan sin pruebas; exigen liberación de la guardia, Nestora Salgado/Revolución Tres Punto Cero “El 21 de agosto de 2013, mi madre, Nestora Salgado García, fue detenida en Ocosingo por las fuerzas armadas sin ninguna orden judicial. Primero la detuvieron bajo los cargos de secuestro de un síndico que ni siquiera sostuvo la demanda ante el Ministerio Público. Después, por secuestro agravado, por la supuesta detención de un grupo de jóvenes, en el que había dos menores de edad.
Una autopista que destruye el patrimonio ambiental y cultural en la ciudad de México/DesinformémonosDesde el 2013 diferentes colectivos iniciaron la lucha para detener las obras de la Autopista Urbana Oriente (AUO), una vialidad de cuota concesionada a la empresa privada Cementos Mexicanos (CEMEX). La autopista iniciará en Muyuguarda, Xochimilco, y terminará en la Calzada Ignacio Zaragoza, en la delegación Iztapalapa. La población se opone porque los dos primeros kilómetros de la autopista se encontrarán ubicados en un área Natural Protegida y en diferentes espacios públicos de gran importancia para la comunidad.
Las propuestas hechas llegar por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados están encaminadas a la “privatización fáctica” de los bienes hídricos del país, denunciaron integrantes de la organización Agua para Todos, Agua para la Vida, quienes impulsan una iniciativa ciudadana de ley general en la materia. Con ese enfoque, señalaron, se conservaría el sistema de concesiones actual, que ha fomentado megaproyectos como la construcción de presas y privilegia los negocios sobre el derecho humano. La Jornada
Fray Raúl Vera López, obispo de Saltillo, señala que al llegar a Chiapas le “llenó el alma” ver que existía una forma sistemática de enfrentar la guerra constrainsurgente: el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que hoy preside y llega a sus 25 años de servicio.
El objetivo del Frayba es tener estrategias para crear sujetos que no estén siempre “al amparo” de las organizaciones de derechos humanos, precisa el obispo, quien llegó a las diócesis de San Cristóbal de las Casas en 1995 como coadjutor de Samuel Ruiz García.
Fotograma: Fray Raúl Vera López, obispo de Saltillo
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Foro sobre la reforma energética
Retomada de adnpolítico
Objetivo del foro: Generar una visión panorámica de la reforma energética; identificar los principales impactos que tiene y tendrá.
Convocan: Obras sociales de la Compañía de Jesús en México (CEREAL, Fomento Cultural y Educativo, Prodh), el Sistema Universitario Jesuita (el Campo Estratégico de Acción en Pobreza y Exclusión) y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.
Dónde: Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la UNAM
Cuándo: lunes 24 de marzo Horario: de 10:00 a 12:00.
Tercer Aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
Invitación
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) invita a organizaciones civiles, colectivos, movimientos sociales y a la ciudadanía en general a sumarse a los actos simbólicos que se realizarán con motivo de la conmemoración del “Tercer Aniversario del MPJD” los días 27 y 28 de marzo.
Convocatoria: Vacante equipo jurídico en Propuesta Cívica
Convocatoria
El Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica convoca a las personas interesadas a integrarse como abogada o abogado al equipo jurídico para la protección legal de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo.
