Rosa Rojas
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de marzo de 2014, p. 15
Particulares con el apoyo de la delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz, y
en contuberniocon el ahora ex presidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán Teodoro, pretenden que se instale una mina de oro a cielo abierto en 100 hectáreas de la comunidad indígena nahua de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, lo que afectaría a los propios comuneros, que en cuatro asambleas han rechazado su instalación, así como el abastecimiento de agua a unas 300 mil personas de las ciudades de Colima y Villa de Álvarez, denunció la organización no gubernamental Bios Iguana AC.
En el documento se asienta que la funcionaria de la Procuraduría Agraria, para amedrentar a los opositores a la mina, ha solicitado la presencia de la fuerza pública, tanto del Ejército como de policías municipales y federales, haciendo acusaciones
infundadascontra comuneros y personal de Bios Iguana, tales como que tienen
sembradíosy que
han llevado a personas de Michoacán, Chihuahua y Puebla. Se subraya que Carlos Guzmán Teodoro y Faustino Velázquez, declararon por su parte que Bios Iguana está
armando autodefensas.
Se
menciona que en contubernio con el dueño de la empresa minera,
Rigoberto Verduzco Rodríguez, el ex presidente de Bienes Comunales
pretendía la autorización de la comunidad ofreciendo a algunos
comuneros 17 mil pesos a cada uno para que firmaran y a quienes no
querían firmar los amenazaban, y que la citada delegada de la
Procuraduría Agraria, sabiendo que Guzmán Teodoro
En la denuncia se detallan
no llevaba a cabo las actas de asamblea, ni las registraba, hizo caso omiso de las peticiones de los comuneros en el sentido de que elaborara las actas, así como su inscripción en el Registro Agrario Nacional.
En la denuncia se detallan
ataques a la libertad personal y daños ocasionados a nuestras personas, a nuestras familias, como Bios Iguana y a nuestro pueblo indígena ancestral nahua propietario y usufructuario de la riqueza de la comunidad de Zacualpan, daños y ataques que consideramos delictivos y violatorios de nuestras derechos humanos como mexicanos y como indígenas mexicanosy de los derechos humanos consagrados a favor de los miembros de las comunidades indígenas, tanto en la Constitución Mexicana como en tratados internacionales firmados por México.
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