Miguel Concha Malo *
México tiene retos que reclaman
solución urgente e ineludible en materia de derechos humanos. La
presencia en México de Salil Shetty, secretario general de Amnistía
Internacional, dejó constancia de la profunda preocupación que le causa
a la comunidad internacional la situación de los derechos humanos en el
país.
El
representante de la organización humanitaria entregó el pasado 17 de
febrero al presidente Enrique Peña Nieto el memorándum Los retos de
México en materia de derechos humanos. En ese documento, Amnistía
Internacional analiza y recomienda a la Presidencia de la República
realizar acciones muy concretas en nueve tópicos fundamentales:
reformas de derechos humanos; seguridad pública y derechos humanos;
desapariciones, tortura y malos tratos; sistema de justicia penal;
justicia militar; migrantes irregulares; personas defensoras de
derechos humanos y periodistas; derechos humanos de las mujeres; y
derechos de los pueblos indígenas.
En el memorándum se conmina al
representante del Estado mexicano a combatir con efectividad las graves
y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ocurren en el
país y a “hacer de ésta una verdadera prioridad política, no una mera
postura retórica sobre compromisos internacionales de derechos
humanos”. Peña Nieto se comprometió a emitir una declaración,
reconociendo y anunciando las medidas que tomaría. A 1 mes de esta
reunión, esta declaración no ha tenido lugar; tan es así que Amnistía
Internacional ha emprendido una campaña para que el grueso de la
ciudadanía firme una petición para exigir que el presidente asuma de
forma inmediata estos compromisos.
No es éste el único pronunciamiento
pendiente del gobierno mexicano. En este mes de marzo debe anunciar
también y con formalidad cuáles recomendaciones adoptará de las 176
realizadas en 2013 por el Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas.
Por lo que toca al contenido del
memorándum referido, hemos visto con agrado que el diagnóstico y
recomendaciones emitidas son pertinentes, y desde luego hacen eco de lo
que numerosas personas y organizaciones civiles y sociales en defensa
de los derechos humanos hemos venido exigiendo a lo largo de estos
últimos sexenios.
Sin embargo, el desastre en materia de
derechos humanos que viven las y los mexicanos es de tal magnitud, que
desborda las temáticas que aparecen en el informe de Amnistía
Internacional. Así las cosas, queremos aprovechar este espacio para
abonar sobre algunos puntos que lamentablemente no son referidos en el
escrito entregado a Peña Nieto, y que forman parte muy importante de
las agendas de lucha de las defensoras y defensores de derechos humanos
(asuntos sobre los que es importante que el gobierno federal se
pronuncie con claridad y asuma compromisos inmediatos).
El primero que queremos tratar se
refiere a la fallida guerra contra el narcotráfico y la utilización de
las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. Estas acciones
son fuente sistemática de violaciones a derechos humanos, lo que nos
lleva no sólo a pronunciarnos para que sean juzgadas en tribunales
civiles, sino a reiterar el llamado a que el gobierno federal trace una
estrategia de seguridad que permita el retiro paulatino de militares en
funciones de policía.
En materia laboral, podemos decir que
el trabajo digno y bien remunerado es una verdadera rareza en el país.
Las autoridades, más que velar por el respeto a los derechos que la
clase trabajadora conserva a pesar de la contrarreforma
laboral, parecen más interesadas en desalentarlos cuando emprenden un
proceso legal contra un patrón abusivo, y en cubrir la responsabilidad
de los empleadores en los desastres industriales, como el dramático
caso de los mineros de Pasta de Conchos, Coahuila. Las autoridades
además entorpecen y obstaculizan la libertad sindical mediante un
actuar faccioso de las juntas de Conciliación y Arbitraje.
El derecho a la alimentación está
igualmente vulnerado. Se hace necesario emitir una ley que reglamente
las disposiciones constitucionales que garantizan su ejercicio. Esta
ley tendría que ir acompañada de una política de impulso al campo,
protección de la biodiversidad y rechazo enérgico de la introducción de
semillas transgénicas. Ésas y otras medidas similares crearían las
condiciones para que el derecho a la alimentación sea efectivo.
Programas asistencialistas, como la Cruzada Nacional Contra el Hambre,
son paliativos más orientados a la propaganda que a la solución real de
los problemas.
A lo largo del país se han desplegado
diversos megaproyectos, que van desde autopistas –como en Xochicuatla–
hasta el reordenamiento urbano –como las supervías Poniente y Oriente–,
y las grandes explotaciones mineras. Estos megaproyectos, ya sean de
empresas privadas o del Estado, atropellan diversos derechos, como el
derecho a la consulta oportuna, libre e informada, a un ambiente sano,
a la vivienda (generalmente, los pobladores son desplazados con 1 mil tretas), al empleo y a la salud.
El derecho a la educación no se
encuentra en mejores condiciones. Para los hijos de los más pobres
continúa siendo apenas una aspiración o un lujo. En la zona
metropolitana el ingreso al bachillerato es sujeto a un concurso que
excluye a por lo menos 150 mil jóvenes cada año. Señalaba el profesor
Hugo Aboites –allá por mediados de 2012, y lamentablemente la situación
continúa vigente– que no es justificable que el ejercicio del derecho a
la educación y el acceso a los lugares disponibles en los planteles
esté sujeto a “un examen cuyos resultados proclaman que unos tienen más
derecho que otros”, sino que, como todo derecho, debe garantizarse la
igualdad en su ejercicio.
Así también, la mal llamada reforma
educativa, que pone en manos de las familias el sostén de los centros
escolares, reduce la posibilidad de que los niños, niñas y jóvenes
mexicanos puedan formarse, adquirir un oficio o profesión y,
consecuentemente, obtener un empleo remunerador cuando adultos. Es
necesario que el Estado mexicano asuma verdaderamente la obligación que
tiene, y destine recursos suficientes para la construcción y ampliación
de planteles escolares, así como para la contratación de personal
docente de base.
Para finalizar, es importante señalar
que las contrarreformas laboral, educativa, financiera, fiscal,
política y energética, por su contenido regresivo y violatorio de
derechos humanos, han generado no pocas protestas, que en ejercicio del
derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión y
manifestación, ejercen legítimamente distintos sectores de la sociedad.
Sin embargo, el Estado mexicano se ha ocupado más en criminalizar y
discriminar a las personas que manifiestan su descontento en el espacio
público, con una lógica de tildar de buenos ciudadanos a aquellos que
no salen a “alterar” el orden público, y de “vándalos”, “transgresores
de la ley y del progreso” a aquellos que lo ocupan con sus
reivindicaciones. Los medios de comunicación, en manos sobre todo del
duopolio televisivo, descalifican y preparan el terreno para la
proscripción del derecho a la protesta. Todo esto con la finalidad de
inhibirla como un derecho colectivo que interpela al Estado. En este
sentido, el gobierno federal y los gobiernos estatales no sólo deben
reconocer los abusos policiacos, sino sancionar a quienes abusan del
poder y a sus mandos; ya que, de no haber sanciones, se da un incentivo
a quienes cometen estos atropellos.
Éstos son los temas que consideramos
que también conforman retos de México en materia de derechos humanos.
Y, a pesar de que hasta hoy el presidente no ha demostrado un
compromiso serio y real con su cumplimiento, no podemos dejar de
exigirle y recordarle a él y al Estado mexicano en su conjunto una y
otra y otra vez las deudas pendientes en la materia que tienen para con
el pueblo mexicano.
*Filósofo, sociólogo y teólogo; director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
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