19/03/2014

Simulación del Estado recrudece violencia contra las periodistas



   Ataques tienen implicaciones distintas para las mujeres

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 

Las recientes y aún impunes agresiones contra la periodista Carmen Olsen representan apenas un caso de un total de 146 cometidos durante 2013, en el que funcionarios y agentes de seguridad pública atentaron contra la libertad de prensa en México, según el informe anual de la organización Artículo 19.

“Disentir en silencio. Violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013”, presentado hoy en el Centro Cultural de España en esta capital, incluye el caso de la colaboradora del diario El Sol de Tijuana, el Semanario Ecos de Rosarito y directora del portal web rosaritoenlanoticia.info.

Se registra que el viernes 4 de enero de 2013 Olsen fue privada de su libertad y agredida durante cuatro horas por policías municipales de Playas de Rosarito, Baja California (BC), cuando la periodista intentó grabar el momento en que dos agentes golpeaban a unos jóvenes.

Aunque Olsen denunció a los policías, éstos la acusaron ante la Procuraduría General de Justicia de BC de haberlos agredido verbalmente y de haber provocado la fuga de cinco personas que estaban a punto de ser detenidas en ese momento.

En el informe, Artículo 19 de nueva cuenta coloca al año anterior como el más violento para la prensa en México y en esta ocasión sostiene que las agresiones contra las periodistas tienen implicaciones distintas.

De acuerdo con los datos de la organización civil defensora de la libertad de expresión, en 2013 se registraron 330 agresiones contra periodistas, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación, 123 casos más que los reportados en 2012.

Es decir, hubo un incremento de 59 por ciento con respecto a las agresiones registradas para ese año y que se traduce en que en México cada 26.5 horas se agrede a un periodista.

Del total de casos registrados en 2013, el 20 por ciento corresponde a mujeres, es decir 59 de las agresiones corresponden a periodistas que fueron agredidas por su labor informativa.

Darío Ramírez, director de Artículo 19, sostuvo que de 2007 a 2013 el incremento de las agresiones contra mujeres periodistas ha sido constante, colocando al año pasado como el más violento para las comunicadoras.

Explicó que las agresiones que se cometen contra las mujeres del gremio tienen características distintas relacionadas al sexo de las informadoras.

Así, en el caso de Carmen Olsen –se asienta en el informe– la periodista fue blanco de una campaña de desprestigio y difamación en redes sociales y panfletos repartidos en la calle “por personas vinculadas al PRI”. Al mismo tiempo su cuenta de Facebook fue clonada con el objetivo de descalificar su trabajo.

La comunicadora fue agredida por funcionarios de BC, lo que en total suman 146 casos registrados en 2013 en los que agentes del gobierno atentaron contra las y los periodistas.

En febrero pasado, Artículo 19 y representantes de la ONU visitaron BC para dar seguimiento al caso de Olsen, quien denunció ser víctima de hostigamiento por parte de Francisco Castro Trenti, director de Seguridad Pública del Quinto Municipio, y hermano del actual senador por el PRI Fernando Castro Trenti.

En su informe, la organización civil reporta que en 2013 policías estatales y municipales fueron responsables de 87 ataques, mientras que otros 24 periodistas fueron detenidos ilegalmente por la policía mientras intentaban realizar una cobertura periodística.

Darío Ramírez aseveró que los hechos de violencia que anteriormente eran considerados como aislados se han vuelto una “práctica común”, que deriva en auto censura de los medios y periodistas. Lamentó que el Estado mexicano simule garantizar la libertad de expresión.

Lo anterior al señalar que el alto número de agresiones contra periodistas se da cuando supuestamente el país tiene el sistema más robusto de protección a las y los informadores en América Latina, conformado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“Tenemos una fiscalía que gasta 30 millones de pesos anualmente y que en ocho años no ha dictado una sola sentencia, y un mecanismo que condiciona o limita las acciones de protección y hasta desestima las denuncias de defensoras”, sentenció.

En ese sentido demandó que el gobierno deje de lado la simulación, pues no se trata de reformar las leyes o actualizar los protocolos, sino de tener realmente la voluntad política para resolver los casos que ya se han dado y evitar que las agresiones se incrementen.

Como en el caso del DF, que durante el primer año de gobierno de Miguel Ángel Mancera se colocó como una de las tres entidades donde más se violenta a las y los periodistas debido a la constante represión de la protesta, que no sólo ha vulnerado el derecho a la manifestación sino también la labor de los periodistas que cubren las movilizaciones sociales.

Al DF le sigue el estado de Veracruz, que tan sólo en la actual administración de Javier Duarte ha registrado el asesinato de 10 periodistas, incluida la de la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez.

Darío Ramírez refirió que la impunidad “es un eje transversal de las agresiones”, ya que el 99 por ciento de los casos no se han resuelto.

Al finalizar la presentación del informe se proyectó el último de los cuatro documentales que conforman la campaña “#ImpunidadMata”, que aborda el caso de la periodista Lydia Cacho, quien ha sido perseguida por autoridades y empresarios por denunciar a las redes de explotación sexual.

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