• Crea la figura de “declaratoria de afectación a la seguridad interior”por medio de la cual las instituciones civiles se subordinarían al ejército.
• Se aplicaría en casos de "sublevación interior", "agresiones directas contra las autoridades" o actos que pongan en peligro el orden, la paz o la seguridad pública
Después de que el Senador Felipe González lo adelantara al considerar que "“se llamó al Ejército en ciertos aspectos, más allá de lo que se permite", en relación a su participación en labores de seguridad pública, el día de ayer, el Gobierno Federal hizo llegar al Senado un paquete de cuatro iniciativas de reforma en materia de seguridad nacional, justicia militar, tráfico de armas y delincuencia organizada. Si bien en éstas no se propone una reforma constitucional al art. 129, como había mencionado Felipe González, sí se crea una forma de estado de excepción bajo la cual las autoridades civiles se subordinarían al ejército.
Se trata de reformas a 4 leyes para contener "la expansión de la delincuencia organizada" y garantizar "cabalmente" la seguridad nacional. En ellas se propone la creación de la figura de una "declaratoria de afectación a la seguridad interior" por medio de la cual se determinaría la entidad o región a la que afecta, así como el tiempo que duraría dicho estado que podría ser prorrogable, más no indefinido. De la misma forma las autoridades militares podrían ser las responsables de la aplicación de las medidas de este estado de emergencia y las autoridades civiles tendrían que entregarles toda la información que posean. Llama la atención el hecho de que entre las causales para declarar esta situación se contemple el caso de "sublevaciones".
La iniciativa fue ingresada ayer por la noche y se prevé sea tratada en la sesión ordinaria de hoy en el Senado. Coincidentemente esta reforma se da después de que el gobierno mexicano tardó cerca de un mes en aceptar a un embajador de EU que ha sido caracterizado como un experto en países con crisis graves. También hoy mismo se dio a conocer que importantes funcionarios de la administración Bush han sido señalados por su apoyo a las técnicas de tortura. Obama se ha opuesto a juzgar a quienes obedecieron órdenes pero
ha dejado la puerta abierta para enjuiciar a quienes las promovieron y aprobaron.
Monitoreo / Centro Prodh
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