9 abr 2009

Por la criminalización de la interrupción legal


Baja California, en riesgo de aumentar aborto clandestino

Por Gladis Torres Ruiz y Sandra Torres Pastrana

México DF, 8 abril 09 (CIMAC).- En Baja California, el aborto clandestino constituye un problema de salud pública pues, según la Secretaría de Salud, es la segunda causa de egresos hospitalarios en el estado; sin embargo, los partidos Acción Nacional, Encuentro Social, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista, aprobaron el 23 de octubre de 2008, con apoyo de agrupaciones vinculadas con la Iglesia, la criminalización de la interrupción legal del embarazo (ILE), con lo cual la cifra de intervenciones clandestinas puede dispararse.

Esta tendencia del gobierno local y de organizaciones “provida” para negar la ILE, aún en casos de menores de edad violadas, malformaciones congénitas o riesgo para la gestante no es nueva: hace una década, el gobierno panista negó a Paulina, una niña de 13 años violada sexualmente y como consecuencia embarazada, su derecho a interrumpir la gestación, pese a que el Código Penal lo permitía.

El caso se convirtió en un problema internacional, ya que a la violación sexual sufrida por Paulina se sumó la violación del gobierno del PAN a sus derechos, en contubernio con religiosos y militantes provida.

Sin respuesta en la jurisdicción nacional, los abusos contra Paulina fueron denunciados por organizaciones feministas que trabajan en favor de los derechos sexuales y reproductivos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

La CIDH recomendó en marzo de 2006 al Estado mexicano crear una norma oficial para que nunca más ocurrieran casos de violencia institucional como el cometido contra la niña y que se atendiera en forma pronta, científica y expedita a las víctimas de violencia sexual y familiar (ámbito donde ocurren muchos casos de abuso sexual), poniendo a su alcance anticoncepción de emergencia, medidas profilácticas e ILE.

Surgió así la Norma Oficial Mexicana 046, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, aprobada por unanimidad en la Secretaría de Salud (SS), con el consenso de expertas, expertos y organizaciones civiles, pero nunca fue publicada.


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