Hace unos días, Dulce María López Duarte reclamó la desaparición de su esposo Miguel Alejandro Gama Habib, y presentó documentación y fotografías ante el Ministerio Público Federal, en las que se aprecia a militares utilizando el carro de su marido para patrullajes, esto después de haberlo levantado junto con dos personas más, de las cuales -se les dijo en la PGR-, no están involucradas en el crimen organizado y, por ende, no están detenidos.
La Procuraduría General de Justicia Militar inició la averiguación.
Ciudad de México.-La Procuraduría General de Justicia Militar inició una averiguación previa contra personal de la institución comisionado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que presuntamente participó en la desaparición de tres civiles el pasado 14 de marzo, y cuyas familias afectadas presentaron pruebas de tales hechos a la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Hace unos días, Dulce María López Duarte reclamó la desaparición de su esposo Miguel Alejandro Gama Habib, y presentó documentación y fotografías ante el Ministerio Público Federal, en las que se aprecia a militares utilizando el carro de su marido para patrullajes, esto después de haberlo levantado junto con dos personas más, de las cuales -se les dijo en la PGR-, no están involucradas en el crimen organizado y, por ende, no están detenidos.
Por el momento, la autoridad castrense inició la averiguación GN/LAREDO/02/2009, “en la que se realizan las investigaciones correspondientes, a fin de determinar la participación de personal militar y en su caso ejercer la acción penal conforme a derecho”.
Y agregó: “Con estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional, ratifica el compromiso de no tolerar conductas que atenten contra la población civil, actuando con estricto apego y respeto a los derechos humanos”.
Es de mencionar que López Duarte denunció el caso ante la Delegación de la PGR en Tamaulipas, y ante la Agencia Cuarta del Ministerio Público Investigadora de Nuevo Laredo, donde fueron atendidos por el agente del MP, Pedro Castillo Rodríguez.
Posteriormente, viajó a la Ciudad de México acompañada de otras mujeres, y narraron que fueron atendidas por autoridades de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), quienes les informaron que sus familiares no han sido presentados ante el Ministerio Público Federal, pero les aconsejaron “no dejar el caso o de lo contrario no volverán a ver a sus parientes”.
De acuerdo a la denunciante, las tres personas fueron detenidas sin motivo alguno en la colonia Palmas, a la altura del kilómetro 23 de la carretera México-Laredo.
Dulce María expresó que el día del levantamiento, “mi esposo alcanzó a llamarme por teléfono para decirme que lo llevaban detenidos los soldados, y posteriormente se cortó la comunicación y hasta la fecha no sabemos su paradero”.
Asimismo, afuera de la PGR mostraron documentación que demuestra que han solicitado ayuda a organismos de derechos humanos, entre ellos al Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
Una de las denunciantes aseguró que incluso horas después de que se llevaron a su familiar, un grupo de militares llegó a su domicilio y lo “saquearon”, advirtiéndoles que no denunciarán el caso.
Rubén Mosso,
MILENIO
El Universal Domingo 26 de abril de 2009
Desde hace dos años se ha incrementado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas propias de las autoridades civiles, sobre todo en el ámbito de la seguridad y de la investigación de los delitos. Ello conlleva riesgos significativos para la vigencia de los derechos humanos no sólo porque algunos elementos transgredan las leyes, sino porque la institución militar fue creada para otros fines. Su lógica tiende a la eliminación de aquellos considerados enemigos.
Hoy día, es necesario que esta institución rinda cuentas y se someta a autoridades ajenas a la esfera castrense; que se ajuste a las reglas de la democracia y deje de ser un poder cuasiautónomo. Es indispensable el establecimiento de controles civiles sobre el Ejército, por ejemplo, a través del fortalecimiento de comisiones legislativas que lo supervisen; a través de la designación de civiles en puestos de mando dentro de la Sedena o incrementando la transparencia de la institución.
Las organizaciones civiles de derechos humanos en México hemos focalizado nuestra labor en un aspecto muy específico del control civil sobre el Ejército: la subordinación de los militares a la justicia civil cuando cometen violaciones a los derechos humanos. La aplicación del orden jurídico que nos rige es lo que se busca al exigir que los tribunales militares conozcan únicamente delitos relacionados con la disciplina militar.
La Constitución limita claramente la extensión del fuero militar sobre civiles estableciendo que “subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar”. Pero el Constituyente no contaba con que la “disciplina militar” sería definida de manera expansiva por el propio Ejército, abarcando incluso los delitos que atentan contra civiles y los afectan en sus bienes jurídicos fundamentales; ni que el Ejército se constituiría en un poder incuestionable de modo tal que ni legisladores ni jueces se atreverían a acotar esa concepción. Así, a partir del Código de Justicia Militar se ha infringido reiteradamente la Constitución, con la complacencia de casi todos los implicados.
La justicia militar, por definición, es parcial. Esta afirmación no sólo es a partir de las condiciones subjetivas de los juzgadores castrenses, sino sobre todo de las condiciones objetivas que enmarcan su actuar.
Pese a la inusual extensión del fuero militar, no se ha cuestionado aún la constitucionalidad de las normas que definen la disciplina militar en el Código de Justicia Castrense. En breve, a partir de un juicio de amparo representado por el Centro Prodh y Fundar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la oportunidad de definir esta cuestión.
Aunque hay suficientes elementos para restringir el fuero militar desde la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá considerar los avances del derecho internacional de los derechos humanos que considera que, en un estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional, además de estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con la función que la ley asigna a las fuerzas militares.
Hay suficientes consideraciones para restringir el fuero de guerra y fortalecer el control civil sobre los militares. Para las y los defensores de derechos humanos prevalece una consideración fundamental en esta exigencia: la experiencia de quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos a manos de militares.
Por años se ha documentado la impunidad en la que éstas quedan cuando son investigadas por el propio Ejército, lacerante arbitrariedad que es una brutal lección histórica.
La militarización no es la salida al clima de inseguridad imperante ni constituye, a largo plazo, la alternativa para disminuir el poder acumulado por la delincuencia organizada tras años de crecer al amparo de las autoridades. Pero hoy el Ejército está en las calles y su rango de actividades crece día con día; por ello es preciso que existan efectivos controles civiles. Es esta una importante y urgente asignatura pendiente para la Suprema Corte.
Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC
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