Exigen liberación de coacusadas en secuestro de seis AFI

Por Gladis Torres Ruiz

México DF, 6 oct 09 (CIMAC).- La diputada Leticia Quezada Contreras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó un punto de acuerdo en el que pide a la Procuraduría General de la República (PGR) que al igual que lo hizo en el caso de Jacinta Francisco, no presente conclusiones acusatorias en el proceso que sigue en contra de las mujeres indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas falsamente del secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Por su parte Patricia Olamendi Torres, Asesora de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, señaló que casos como los de estas mujeres “deberían avergonzarnos”, son mujeres que no saben ni si quiera de que se les acusa, Jacinta quien estuvo con ellas presa por más de tres años no tuvo tampoco la defensa apropiada y la mantuvieron detenida durante ese tiempo acusada también de “secuestrar a agentes de la AFI”.

Durante la conferencia titulada: Delitos contra las Mujeres, realizada en el marco de la VIII Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores para los Derechos Humanos durante el gobierno de Vicente Fox, señaló que el caso de Jacinta Francisco es un reflejo de lo que sucede con la justicia en este país y eso debería haber indignado hasta el juez que recibió la causa.

“Esto es una vergüenza, deberían por lo menos reparar los daños causados a Jacinta y su familia”.

En este sentido cabe recordar que pese a la solicitud de Amnistía Internacional, del representante en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (representante legal de Jacinta Francisco) para que la PGR reparara el daño, el pasado 22 de septiembre ésta determinó que dicha reparación no procedía.

Lo anterior tras argumentar que Jacinta obtuvo su liberación “no porque se haya acreditado su inocencia sino porque a pesar de existir elementos incriminatorios en su contra, no fueron corroborados con otros medios que pudieran probarlo”, por lo que dijo, “no procede la reparación del daño”.

Jacinta fue acusada conjuntamente con Teresa González y Alberta Alcántara del secuestro de seis AFI el 26 de marzo de 2006 en la comunidad indígena Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro, por lo que estuvo presa tres años en el Cereso de San José el Alto en esa entidad.

El 3 de septiembre pasado, a través de un boletín de prensa, la PGR decidió no presentar conclusiones acusatorias contra Jacinta, no así contra Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.

Al respecto la dependencia a cargo ahora de Arturo Chávez Chávez -señalado internacionalmente como “funcionario negligente y omiso” en la impartición de justicia en el feminicidio de Ciudad Juárez durante su paso como Procurador de Justicia- ha manifestado que en el caso de ambas mujeres coacusadas por el mismo delito que Jacinta, “existen elementos de convicción contundentes que demuestran su participación en la comisión de los delitos atribuidos”, por lo que el proceso penal en su contra continúa.

Sin embargo las organizaciones civiles de derechos humanos han señalado que al igual que el caso de Jacinta, las únicas pruebas que existen son fotografías donde aparecen las mujeres que por ningún motivo las involucra en la comisión de los delitos que se les imputan.

Es por ello que mediante un punto de acuerdo turnado a la Junta de Coordinación Política (Jucop), la diputada Leticia Quezada Contreras, exigió liberar a Teresa González y Alberta Alcántara, al no existir pruebas para que las mantengan presas.

En el documento presentado por la legisladora del sol azteca, solicita al Juez cuarto de Distrito en materia penal de Querétaro, reconozca su inocencia, ordene su libertad absoluta y la reparación del daño conforme a la legislación mexicana y el derecho internacional.

Quezada Contreras enfatizó que “Teresa y Alberta fueron acusadas procesadas y encarceladas con las mismas pruebas ilegales que se ejecutaron en contra de Jacinta Francisco Marcial”.

En dicho proceso se les dictó sentencia condenatoria a 21 años de prisión y dos mil días de multa, pero se acreditó la inexistencia de pruebas contundentes y legales en contra de Jacinta, por lo que fue excarcelada sin cargos.

“Por los mismos hechos y con las mismas pruebas también fueron procesadas Teresa y Alberta es un hecho grave que la PGR no haya expresado aún su disposición de presentar conclusiones no acusatorias que culminen, como en el caso de Jacinta, con la liberación de estas dos mujeres indígenas”.