Piden frenar escalada de hostigamiento contra el Frayba
ISAíN MANDUJANO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 14 de octubre (apro).- Organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos exigieron al gobierno federal frenar la embestida en contra del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), auspiciada por el gobierno de Chiapas.
Por medio de una carta enviada al presidente Calderón, así como al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, y al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, denunciaron que los miembros del Frayba enfrentan una campaña de acoso y hostigamiento, traducida en demandas penales, agresiones físicas, campañas mediáticas de desprestigios y otras acciones orquestadas para desmeritar su labor.
Los organismos denunciaron que el gobierno del estado, encabezado por Juan Sabines, ha emprendido una campaña de desprestigio a través de versiones periodísticas que responsabilizan al Frayba de eventos de confrontación y violencia, con el fin de generar un clima de animadversión hacia sus labores.
Así mismo, señalaron que "desde el aparato político local" se ha promovido una demanda penal contra el director del Frayba, Diego Cadenas, y una agresión al abogado del Centro, Ricardo Lagunes, en la comunidad de Jotolá, municipio de Chilón.
"Las organizaciones y personas que suscribimos la presente, queremos manifestar nuestra preocupación por la reciente serie de acontecimientos que van prefigurando un escenario de amenaza y riesgo para el Frayba", advirtieron en su carta las organizaciones firmantes.
Recordaron que desde su fundación, en 1989, por iniciativa del obispo Samuel Ruiz García, el Frayba ha trabajado permanentemente y de manera comprometida por la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente de los pueblos y comunidades indígenas en Chiapas, convirtiéndolo en una referencia fundamental no sólo en esta entidad, sino en el país y en el ámbito internacional de las instituciones de derechos humanos.
Indicaron que durante los últimos años se han multiplicado las denuncias en torno a hostigamientos y agresiones a defensores en todo el país, agravadas por una política de seguridad que profundiza la violencia social y vulnera los derechos de la población.
"Ante la situación de creciente conflictividad y polarización que se vive en México y en el estado, se requiere de manera especial que el Frayba tenga plena seguridad para desarrollar sus tareas de defensa de derechos, dado que la paz sólo será posible como fruto de la justicia, es por ello que demandamos se garantice respeto a las labores del Centro y el establecimiento de una relación respetuosa y constructiva para atender la compleja problemática que se vive en el estado de Chiapas, particularmente en las comunidades indígenas", apuntaron.
El documento está firmado por el Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria", el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C. (CCTI); la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos"; los Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz); el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina y El Caribe (SICSAL); el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Casa de la Solidaridad "Sergio Méndez Arceo", todos de México.
Además, Program Coordinator for Brazil and Mesoamerica y Human Rights Project del Urban Justice Center, de New Cork.
A la carta también se sumaron media docena de profesores del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Por medio de una carta enviada al presidente Calderón, así como al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, y al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, denunciaron que los miembros del Frayba enfrentan una campaña de acoso y hostigamiento, traducida en demandas penales, agresiones físicas, campañas mediáticas de desprestigios y otras acciones orquestadas para desmeritar su labor.
Los organismos denunciaron que el gobierno del estado, encabezado por Juan Sabines, ha emprendido una campaña de desprestigio a través de versiones periodísticas que responsabilizan al Frayba de eventos de confrontación y violencia, con el fin de generar un clima de animadversión hacia sus labores.
Así mismo, señalaron que "desde el aparato político local" se ha promovido una demanda penal contra el director del Frayba, Diego Cadenas, y una agresión al abogado del Centro, Ricardo Lagunes, en la comunidad de Jotolá, municipio de Chilón.
"Las organizaciones y personas que suscribimos la presente, queremos manifestar nuestra preocupación por la reciente serie de acontecimientos que van prefigurando un escenario de amenaza y riesgo para el Frayba", advirtieron en su carta las organizaciones firmantes.
Recordaron que desde su fundación, en 1989, por iniciativa del obispo Samuel Ruiz García, el Frayba ha trabajado permanentemente y de manera comprometida por la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente de los pueblos y comunidades indígenas en Chiapas, convirtiéndolo en una referencia fundamental no sólo en esta entidad, sino en el país y en el ámbito internacional de las instituciones de derechos humanos.
Indicaron que durante los últimos años se han multiplicado las denuncias en torno a hostigamientos y agresiones a defensores en todo el país, agravadas por una política de seguridad que profundiza la violencia social y vulnera los derechos de la población.
"Ante la situación de creciente conflictividad y polarización que se vive en México y en el estado, se requiere de manera especial que el Frayba tenga plena seguridad para desarrollar sus tareas de defensa de derechos, dado que la paz sólo será posible como fruto de la justicia, es por ello que demandamos se garantice respeto a las labores del Centro y el establecimiento de una relación respetuosa y constructiva para atender la compleja problemática que se vive en el estado de Chiapas, particularmente en las comunidades indígenas", apuntaron.
El documento está firmado por el Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria", el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C. (CCTI); la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos"; los Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz); el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina y El Caribe (SICSAL); el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Casa de la Solidaridad "Sergio Méndez Arceo", todos de México.
Además, Program Coordinator for Brazil and Mesoamerica y Human Rights Project del Urban Justice Center, de New Cork.
A la carta también se sumaron media docena de profesores del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
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