Impunidad despierta rabia en Cd. Juárez
• Organismos civiles lanzan nuevo llamado a la ONU para que tome el control.
• Denuncian levantón de testigos de la masacre en el mismo fraccionamiento.
Diversos actores se manifestaron después de la masacre del sábado pasado y de que el gobierno mexicano respondiera al estupor social con la promesa de una nueva estrategia en Cd. Juárez, aunque apenas a mediados del mes pasado ya se había implementado un nuevo esquema en dicha localidad. Por una parte sectores empresariales y organismos civiles reiteraron su petición de que tomen el control de la ciudad cascos azules de la ONU, argumentando esta necesidad con base en cifras como que existen 10 mil huérfanos por la violencia o que 60 mil familias han tenido que emigrar a El Paso. La petición fue casi de inmediato descartada por la Segob quien señaló que "hay reservas institucionales en el país para hacer frente al problema". Trascendió que el Gabinete de seguridad estuvo reunido para tratar de definir la nueva estrategia que podría incluir una mayor presencia militar en el Estado.
Por otra parte vecinos del fraccionamiento Villas de Salvarcar levantaron quejas ante la CEDH por la tardanza de la policía en acudir al lugar y porque militares habrían obstaculizado el ingreso de los servicios médicos para los heridos. Reforma reportó hoy que la noche de ayer un comando armado habría ingresado al fraccionamiento citado y se habría llevado a 4 jóvenes que fueron testigos de la matanza. La información es confusa, pues los encapuchados se habrían identificado como agentes ministeriales, pero las autoridades estatales negaron información a los familiares. Según datos extraoficiales, 3 jóvenes ya habrían sido liberados, mientras que uno permanecería detenido por sospechas de haber dado información a los sicarios antes de la masacre.
Exige el Centro Prodh liberar a Alberta y Teresa
• El Juez Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro tiene treinta días hábiles a partir de hoy para dictar sentencia.
• La PGR insiste en acusar a las dos mujeres indígenas del secuestro de 6 agentes federales que nunca ocurrió.
El día de ayer se llevó a cabo la audiencia de vista final del proceso instaurado en contra de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, indígenas hñahñús acusadas de secuestrar a seis agentes federales de investigación el 26 de marzo de 2006 en la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro, cuando éstos agredían y pretendían extorsionar a algunos de los comerciantes del tianguis. Ellas, junto con Jacinta Francisco Marcial – exonerada en septiembre pasado de las mismas acusaciones – han sido víctimas de las violaciones a sus DH.
El 25 de noviembre pasado, día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la PGR dio a conocer las conclusiones acusatorias contra Alberta y Teresa, solicitando una pena máxima para ellas que podría alcanzar a más de cuarenta años de prisión. Como ya ha sido señalado por el Centro Prodh, organización que coadyuva en la defensa a cargo del Lic. Leónides Ortiz Castillo, las pruebas con las que la PGR intenta sostener la acusación además de falsas son contradictorias, tal como ya ha sido establecido por el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito que conoció de la apelación y como lo expuso la propia Procuraduría en las conclusiones de no acusación realizadas para Jacinta.
A tres años y medio desde su detención, Alberta y Teresa vieron por primera vez al Juez Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro – Rodolfo Pedraza Longi – quien a partir del día de ayer tendrá un plazo máximo de treinta días hábiles para dictar sentencia. A la audiencia de vista del día de hoy, además de las procesadas, el agente del Ministerio Público Federal y la defensa, asistieron altos funcionaros de la Procuraduría General de la República en la delegación de Querétaro, como ha sido constante en las últimas diligencias del caso.
Con base en la exhibida falsedad de la acusación y en la mala integración de la averiguación previa, el Juez deberá de restarle valor a las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público de la Federación y dictar sentencia absolutoria a favor de Alberta y Teresa. Sin embargo, es importante recordar que el Juez Cuarto ya ha dictado una sentencia condenatoria para Jacinta, Alberta y Teresa, imponiéndoles una pena de 21 años de prisión, resolución que fue revocada en apelación.
Una sentencia que avale las irregularidades cometidas por los entonces agentes federales de investigación, en colusión con el agente del Ministerio Público de la Federación, será un nuevo retroceso en materia de protección de los derechos humanos en México. La vulnerabilidad de las mujeres, los indígenas y de quienes están en estado de marginación económica frente al sistema de justicia en México es una grave problemática que debe de invertirse, en parte, con un poder judicial que esté a la altura de los más altos índices de garantía de los DH.
Esta recopilación también puede ser consultada en
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/
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