Pasarán 20 años en prisión acusadas de “secuestrar” a 6 AFI

“Notifican” presunta sentencia a indígenas otomíes

Por Paulina Rivas Ayala, enviada y Lourdes Godínez

Querétaro, Qro. 21 feb 10 (CIMAC).- Alberta Alcántara Juan y Teresa Gonzáles Cornelio, otomíes presas desde hace 3 años acusadas del presunto “secuestro” de 6 agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), fueron “notificadas” la madrugada del viernes pasado, de su “presunta sentencia” por 20 años de prisión.

En entrevista con Cimacnoticias en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José el Alto, en Querétaro, donde se encuentran presas desde 2006, Alberta y Teresa informaron de una “supuesta” notificación recibida en su celda, el viernes a las 3 de la madrugada.

“Nos notificaron a las 3 de la madrugada del viernes, estábamos dormidas cuando recibimos la noticia, no sabemos quién era la persona que nos notificó sólo nos dijo que ya había sentencia y que era por 20 años de prisión”, refirieron ambas indígenas quienes agregaron: “parece que la justicia no existe para nosotras”.

Cabe aclarar que esta agencia de noticias intentó comunicarse con el representante legal de las otomíes, el abogado Leónides Ortíz Castillo, pero éste nunca contestó las llamadas, por lo que, de confirmarse la noticia, ésta sería la segunda ocasión en que el juez cuarto de distrito de Querétaro y quien llevó el caso, Rodolfo Pedraza Longi, condene a Alberta y a Teresa.

La primera, fue el 9 de agosto de 2006, cuando Pedraza Longi las condenó a 21 años de prisión y al pago de 91 mil pesos de multa, por el delito de secuestro.

UNA HISTORIA DE IRREGULARIDADES

Las mujeres indígenas fueron detenidas conjuntamente con Jacinta Francisco Marcial, en agosto de 2006, a cinco meses de haberse realizado un operativo, para decomisar productos “pirata” en el tianguis de Santiago Mexquititlan, en Quéretaro.

“Me agarraron cuando venía de mi trabajo en Amealco” dice Alberta, mientras Teresa platica que a ella la detuvieron en su casa.

El día del operativo (26 de marzo de 2006), según consta en la recomendación 47/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se inició la averiguación previa A.P./PGR/QRO/SJR-VIIA/064/2006, signada por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales “A”, de la Procuraduría General de la República (PGR) en Querétaro.

A partir del 27 de marzo de 2006 iniciaron las comparecencias ministeriales de los agentes de la AFI.

Tres semanas después, el 21 de abril, se realizaron los primeros desahogos de diligencias y se citó a rendir su declaración sobre los hechos al delegado interino de Santiago Mexquititlán.

EL 9 de mayo de 2006, durante las comparecencias ministeriales, los seis agentes hicieron “la supuesta identificación” a través de fotografías de las tres mujeres otomíes como sus “presuntas secuestradoras”.

El 30 de junio de ese año se presentó el “pliego de consignación” suscrito por el agente del MP de la Federación adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales “A”, en San Juan del Río, Querétaro donde se imputó el delito contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos (cocaína) a Alberta Alcántara Juan, señalada como probable responsable.

Además, se determinó que se “había acreditado la existencia del cuerpo de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y contra servidores públicos”, señalando como “probables responsables” a Alberta Alcántara y Jacinta Francisco.

En el caso de Jacinta, declarada el 18 de agosto de 2009, presa de conciencia por Amnistía Internacional -representada legalmente por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez- el 3 de septiembre de 2009, la PGR, decidió presentar conclusiones no acusatorias en su contra, por lo que ésta obtuvo su libertad la madrugada del 15 de septiembre del mismo año.

Sin embargo, la PGR aclaró que la indígena otomí obtuvo su liberación no porque se haya acreditado su inocencia sino “porque, a pesar de existir elementos incriminatorios en su contra, no fueron corroborados”

En cuanto a las coacusadas Alberta y Teresa, la PGR determinó que “existen elementos de convicción contundentes que demuestran su participación en la comisión de los delitos atribuidos”.

Por ello, fueron sentenciadas por Pedraza Longi en agosto de 2006, a 21 años de prisión, hecho que fue apealado por su defensa, el abogado Leónides Ortiz, quien hasta el sábado pasado fungió como su abogado, toda vez que Alberta y Teresa, señalaron a esta agencia que no deseaban ser más representadas por Ortiz Castillo.

El caso llegó al Tribunal Unitario de Circuito en donde el magistrado Hans Eduardo López Muñoz, ordenó la reposición del proceso debido a las irregularidades que encontró en el primero.

El 25 de noviembre de 2009, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la PGR dictó conclusiones acusatorias contra Alberta y Teresa, en las que solicitó al juez Pedraza Longi una condena de 40 años de prisión para ellas.

El 3 de febrero, se llevó a cabo la audiencia de vista, en la que la PGR y la defensa ratificaron sus posturas. A partir de esa fecha, el juez cuenta con 30 días hábiles para dictar su nueva sentencia.

“Pensábamos que esta vez sí íbamos a salir”, explica Teresa, “ya no sé cómo le vamos a hacer, nuestra familia no tiene dinero ni para venir a vernos y ahora con mi hija los gastos son mayores, aunque nosotras trabajamos aquí en la cárcel haciendo costura no nos alcanza”, dijo.

Alberta coincidió con Teresa, su cuñada, “esto es injusto, ahora sabemos que eran agentes pero ese día no se identificaron, nosotros pensábamos que eran ladrones”, agregó.

Las otomíes manifestaron que su decisión es apelar esta nueva sentencia “a ver que se puede hacer porque yo no me quiero quedar aquí y mucho menos mi hija, además es injusto porque nunca los secuestramos, explicó Alberta al tiempo que agregó que hasta el día de hoy no han tenido contacto con su abogado y el dinero para pagarle, se les acabó.

Mientras, el Prodh y AI convocaron a una conferencia de prensa y a una manifestación en la plaza de Armas de Querétaro, la mañana de este lunes, donde entregarán una carta al gobernador de la entidad, para exigir la inmediata liberación de las indígenas.