Hostigan a defensora de derechos humanos chiapaneca

Por Patricia Chandomí, corresponsal

Tuxtla Gutiérrez, Chis 26 feb 10 (CIMAC).- A 10 días de que se conmemore el día internacional de la mujer, la defensora de derechos humanos de Chiapas, Margarita Martínez Martínez, fue privada de la libertad y golpeada severamente, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las casas, quien da seguimiento al caso.

Ayer, a las 13:30 horas, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Margarita se dirigía a recoger a su hijo menor quien salía de la escuela primaria. En el trayecto fue privada arbitrariamente de su libertad por personas no identificadas quienes le colocaron una bolsa de plástico en el rostro que le impidió ver a sus agresores quienes inmediatamente la hicieron abordar por la fuerza un vehículo que siguió en marcha.

Dentro del vehículo, informó el Frayba, Margarita fue golpeada y torturada psicológicamente para que se desistiera de la denuncia penal que meses anteriores, interpuso en contra de funcionarios del gobierno de Chiapas.

De acuerdo con la información proporcionada por este centro de derechos humanos, el 23 de noviembre de 2009, Margarita interpuso una denuncia en contra de autoridades policiacas por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento, tortura psicológica y amenazas con la agravante de muerte.

Razón por la cual, se inició la averiguación previa 00004/FEPONGDDH-M1/2009, integrada por la Fiscalía Especializada en Protección a Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.

Los hechos, dice el Frayba, se dieron 34 horas previas a la diligencia de desahogo de la pericial de reconstrucción de hechos, la cual se realizará mañana 27 de febrero.

LOS HECHOS

El calvario para Margarita y su familia inició desde el día 8 de noviembre de 2009 cuando aproximadamente a las 3:30 horas alrededor de 20 personas “presuntos” elementos de la Policía Ministerial (PM) se presentaron, sin orden de cateo, en su casa.

Los efectivos policiales entraron con “uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública” amenazaron y encañonaron a Margarita, le ordenaron abrir los cuartos, para que pudieran entrar a revisarlos, introduciéndose también, en los ocupados por sus hijos y esposo, Adolfo Guzmán Ordaz, integrante de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación con sede en Comitán.

El 25 de noviembre de 2009, Margarita y Adolfo recibieron en su casa una hoja de papel advirtiéndoles que “se cuiden” porque la noche anterior “había 5 individuos que vigilaban su casa”.

El 14 de diciembre de 2009, tuvieron otra advertencia hecha con recortes de papel que decía: “no sigan se van a morir”.

El 25 de diciembre, en las primeras horas de la madrugada después de pasar fuera de su casa los festejos de noche buena, Adolfo y Margarita recibieron una llamada al teléfono fijo y, al contestar, Margarita escuchó una voz que decía: “feliz navidad, porque esta va a ser tu última navidad”.

Finalmente la última advertencia la recibieron el pasado 6 de enero cuando al llegar a su casa, en la puerta encontraron una nota escrita con tinta roja que decía “muerte, muerte, muerte”.

Adolfo Guzmán Ordaz, esposo de Margarita, es integrante de la Asociación Civil Enlace, Comunicación y Capacitación. Realiza actividades de promoción de un tianguis regional campesino desde hace aproximadamente dos años en Comitán. Los tianguis se iniciaron en esa Ciudad en el Salón de Convenciones, ya que Enlace solicitó ante la presidencia municipal que se pudiera facilitar una vez al mes, dicho local para realizar el día de Tianguis.

El Frayba enfatizó que a pesar de las denuncias y la situación de riesgo a la integridad personal de Adolfo y su familia, el Gobierno mexicano no ha realizado una investigación y medidas eficaces y prontas para que haya concluido con la detención de los agresores, permitiendo así que se continúe con un mayor hostigamiento en contra de la defensora y su familia incumpliendo La Declaración de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En los últimos meses han sido asesinados activistas sociales y defensores de derechos humanos en diversas partes del país en los estados de Guerrero y Oaxaca. Asimismo se ha evidenciado cada vez más el vínculo que hay entre las organizaciones criminales y los elementos policiales en México y particularmente de las fronteras, también es del conocimiento público que en México una de las prácticas criminales cometidas por la delincuencia organizada es el secuestro, donde en la mayoría de los casos las personas que son secuestradas (como lo que sucedió a Margarita Martínez) son ejecutadas.

Por ello el Centro de Derechos Humanos Frayba, hizo un llamado urgente al Estado Mexicano para garantizar la seguridad de ambos defensores y su familia, debido a que se encuentran en un peligro evidente que puede terminar con su vida.