MEXICO IMPUNE

Dos años de impunidad en caso del hermano de Inés Fernández, ejecutado extrajudicialmente en Ayutla

Comunicado 002/2010
Tlachinollan

• Lorenzo Fernández fue hallado muerto el 10 de febrero del 2008 en un río de Ayutla

• Era destacado integrante de la OPIM en El Camalote y apoyo a los indígenas esterilizados.

• Fue apoyo fundamental de Inés Fernández en su denuncia contra los militares que la violaron.

El acceso a la justicia en Guerrero, continúa siendo invisible para las familias de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido ejecutados extrajudicialmente, como el indígena me´phaa, Lorenzo Fernández Ortega, vecino de El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, cuyo crimen permanece hasta hoy en total impunidad y con una clara señal para los responsables de que pueden seguir actuando al margen de la ley.
Lorenzo fue un integrante activo de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que tiene presencia en Ayutla y era el hermano mayor de Inés Fernández Ortega, una indígena me´phaa de Barranca Tecuani que fue violada sexualmente por militares, en marzo del 2002, y que hoy tiene sentado en el banquillo de los acusados al Ejército mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
El pasado 9 de febrero del 2008, Lorenzo fue desaparecido de manera forzada, y un día después, el 10 de febrero, su cuerpo fue hallado sin vida y con visibles huellas de tortura, bajo el puente del río que cruza la ciudad de Ayutla, lugar en donde apenas tenía tres semanas trabajando como albañil.
Como integrante de la OPIM, Lorenzo fue un personaje clave en la queja que presentaron ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum) los 14 indígenas de El Camalote que fueron esterilizados de manera forzada por la Secretaría de Salud, en 1998.
En el caso de su hermana Inés, Lorenzo asumió un papel importante porque además de su esposo Fortunato Prisciliano Sierra, él la había acompañado en el proceso de su denuncia contra los militares que la violaron y se convirtió en un apoyo constante para Inés ante el clima de amenazas y persecuciones que el Estado ha orquestado contra ella.
Dos semanas antes de su muerte, Lorenzo visitó a su hermana Inés en Barranca Tecuani, y le hizo saber tanto a ella como a Fortunato que tenía mucho miedo de que algo le pasara a él porque había habido gente extraña que se le había acercado haciéndole preguntas acerca de la OPIM y las denuncias que esta organización estaba haciendo. La misma preocupación le manifestó días más tarde a la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, quien también ha sido amenazada de muerte por las denuncias que ha presentado por violaciones a los derechos humanos.
La muerte de Lorenzo, se da en medio de un ambiente hostil del Ejército contra su hermana Inés por haberse presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) con sede en Washington D.D., Estados Unidos a denunciar a violación sexual que sufrió por parte de militares y la obstrucción de la justicia que ha habido para ella en México. Incluso antes de su viaje, Inés, su esposo Fortunato y Obtilia –que fungiría como su intérprete del idioma me´phaa al español- fueron amenazados de muerte por informantes del Ejército, para que se desistiera de su demanda.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, manifiesta su preocupación en el caso de Lorenzo, porque a dos años de su ejecución extrajudicial, no hay avances en la investigación ni algún responsable detenido, y más bien esta impunidad ha permitido que se intensifiquen las amenazas, agresiones y atentados contra Inés Fernández y su familia, así como contra integrantes de la OPIM, como es el caso de Obtilia Eugenio Manuel que ha tenido que huir de Guerrero por que está en riesgo su vida y el de Raúl Hernández Abundio quien esta preso injustamente como presunto responsable del homicidio de un informante del Ejército.
Asimismo reconocemos la importante labor de Lorenzo en la promoción y defensa de los derechos humanos del pueblo me´phaa y por ello exigimos al Estado mexicano:
• Agilizar las investigaciones, identificar, procesar y sancionar a los responsables.
• Reparar los daños ocasionados con motivo de su muerte, a los deudos y familiares de Lorenzo Fernández Ortega.
• Sancionar a los funcionarios encargados de la investigación que han incurrido en dilación.
• Garantizar el trabajo de los defensores en Guerrero.
Tlapa, Guerrero a 10 de febrero del 2010

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