A debate este jueves, impunidad militar y feminicidio en PE

Por Lourdes Godínez Leal

México, 10 mar 10 (CIMAC).- Por primera vez después de 15 años, el Parlamento Europeo (PE) se pronunciará contra las violaciones a Derechos Humanos (DH) en México y la escalada de violencia, en particular la que se ejerce contra las mujeres, por lo que llamará al gobierno mexicano a combatir el feminicidio “por ser su responsabilidad”.

En la resolución que será discutida mañana jueves (de la cual Cimacnoticias tiene copia) tras considerar a México “como un punto de urgencia”, el PE condenó “toda clase de violencia” en México y enfatizó la situación de las mujeres, que reconoció, son las que la sufren “de forma más dramática”.

Esta es la segunda ocasión durante la administración de Felipe Calderón, en que el PE se pronuncia contra el feminicidio luego de que en 2007, el eurodiputado de los Verdes, Raül Romeva i Rueda, presentó un informe detallado sobre la situación.

Dicho informe fue elaborado gracias a una misión de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y a una audiencia sobre feminicidio en México y América Central, realizada en abril de 2006 en el PE por la Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de la que Romeva era vicepresidente, y en la que participaron funcionarias y ONG mexicanas y guatemaltecas.

Tras un polémico debate de cuatro meses al interior de la Eurocámara luego de que los parlamentarios europeos conservadores ligados al gobierno de Calderón, querían evitar a toda costa dar una imagen negativa del gobierno mexicano, finalmente en octubre de 2007, el PE aprobó el Informe que condena la impunidad en torno al feminicidio.

MILITARES Y FEMINICIDIO, EL LASTRE DE CALDERÓN

Fuentes cercanas al PE señalaron que durante la discusión de mañana en esta instancia, se prevé que los diputados Verdes y de la sección de Amnistía Internacional Alemana, darán la batalla para que la Eurocámara se pronuncie de forma más enérgica por las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y por la impunidad, ya que la resolución preliminar es “muy suave”.

Lo anterior, toda vez que el tema ha causado polémica y nuevamente, como en 2007, no se quiere “ensuciar” la imagen del gobierno calderonista, por el contrario, hay un intento por “hacer heroica” su lucha contra el narcotráfico.

Aunque Felipe Calderón ha insistido en su discurso en el exterior que en México “se respetan los derechos humanos” y se rehúsa a reconocer el feminicidio, además de que rechaza que estén documentadas las violaciones a DH cometidas por militares, las instancias internacionales evidencian lo contrario.

En diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por el feminicidio del Campo Algodonero. En la sentencia lo obliga a reconocer los homicidios de mujeres por razones de género (feminicidio) en Ciudad Juárez, y lo acusó de no otorgar medidas para proteger la vida de las mujeres de la entidad ni para las víctimas.

En esta ocasión, la resolución de la Eurocámara que se discutirá mañana, enfatiza que es “responsabilidad” del gobierno mexicano combatir el feminicidio y asegurar que los responsables y cómplices de él sean llevados ante la justicia, por lo que lo llamó a implementar medidas efectivas para prevenirlo.

Recordó que la asociación estratégica de México con la Unión Europea incluye una “mayor cooperación” en el tema de derechos humanos, compromiso que fue asumido por ambas partes.

En 2008, dice, se puso en marcha, el Programa de Cooperación UE-México, en materia de derechos humanos en el marco del programa de cooperación bilateral 2007-2013, cuya prioridad es la prevención de la violencia contra las mujeres y la promoción de sus derechos con programas específicos al respecto.

Cabe recordar que también en esta semana, el Estado mexicano es cuestionado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU que sesiona en Nueva York, donde una de las principales preocupaciones de esta instancia ha sido el incremento de violaciones a DH cometidas por militares y del feminicidio.

CONDENA VIOLENCIA CONTRA DEFENSORES DE DH YPERIODISTAS

El resolutivo del PE, que consta de 13 puntos, reconoce también que las causas de la violencia e inseguridad en México tienen que ver con un problema estructural de pobreza, desigualdad y marginación en los que hubo un retroceso con la crisis económica global.

Condena la violencia, amenazas y hostigamiento contra activistas y defensoras y defensores de derechos humanos y pide al gobierno intensificar la defensa y blindaje jurídico y personal de quienes promueven y defienden los derechos humanos en México mientras que a la UE le pidió implementar de manera efectiva “las líneas directrices de protección de defensores de derechos humanos”.

El PE condena también la violencia contra las y los periodistas y pide castigo para los responsables de los asesinatos cometidos contra el gremio periodístico.

Recomienda al gobierno mexicano trabajar para fortalecer el Estado de derecho con el “objetivo de atajar algunos de los problemas estructurales que están en el origen de las violaciones de derechos humanos, en concreto, las relativas a la reforma del sistema judicial”.

En este punto, el PE destacó la importancia de que exista un poder judicial independiente, con el fin de garantizar la imparcialidad y que luche con determinación contra la impunidad.

Durante el quinto informe periódico a la ONU

Recibe Estado mexicano fuertes críticas por violaciones a DH

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 10 mar 10 (CIMAC).- Nuevamente un organismo internacional emitió fuertes criticas al Estado Mexicano por las graves violaciones a los Derechos Humanos (DH) de la población, esto durante el examen del quinto informe periódico del Estado Mexicano sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en México (PIDCP).

El examen que se realizó este 8 y 9 de marzo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estuvo a cargo del Comité de Derechos Humanos de la ONU, quien revisó el informe que se debe entregar cada cinco años, aunque en el caso de México abarcó un periodo de 10 años: de 1998 a 2010.

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, diversas organizaciones de la sociedad civil analizaron los pormenores de la evaluación de Naciones Unidas.

Edgar Cortéz Moralez, secretario técnico de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas y Todas”, destacó que los 18 expertos del Comité hicieron preguntas al Estado mexicano que no fueron respondidas.

Las interrogantes se enfocaron en temas como feminicidio, aborto, violencia y discriminación contra las mujeres, militarización y fuero militar, libertad de expresión, pueblos indígenas, además de situación de defensoras y defensores de DH, entre otros.

Los representantes del Estado Mexicano guardaron silencio en temas como las legislaciones que no permiten la interrupción legal del embarazo y la falta de armonización de las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esto durante el examen del quinto informe de México ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el PIDCP se reconocen derechos básicos para la protección de la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas, además del “derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el goce de derechos”, afirmó María Luisa Sánchez directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Afirmó que el Estado Mexicano guardó silencio cuando se le cuestionó sobre porqué informaba que la despenalización del aborto en el Distrito Federal era uno de sus avances, si fue la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quienes interpusieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el 2007.

DOBLE CARA DEL ESTADO MEXICANO

Esto refleja la actuación “tibia” del Estado Mexicano, no obstante de esta actitud contradictoria, los representantes del Estado “se comprometieron a que ninguna reforma o Código Penal afectaría los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, apuntó la activista.

María Luisa Sánchez detalló que una más de las preocupaciones del Comité en materia de derechos de las mujeres es la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 46), en la cual no se garantiza el acceso a anticoncepción de emergencia ni a la interrupción legal del embarazo a mujeres víctimas de violación sexual

Por otra parte, el Comité expresó su preocupación por el aumento del feminicido en el país. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) de enero de 2007 a diciembre de 2008, en 12 entidades del país, se registraron mil 221 homicidos contra mujeres.

En este tema, los expertos de la ONU hicieron especial énfasis en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso Campo Algodonero y Rosendo Radilla, aunque el Estado se limitó a responder que “se están analizando los mecanismos de cumplimiento”.

Respecto a la criminalización de la protesta social, los expertos manifestaron su preocupación por el caso de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes desde 2006 se encuentran privadas de su libertad y acusadas, junto con Jacinta Francisco Marcial, de haber secuestrado a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Actualmente están en el Reclusorio Femenil de San José del Alto Querétaro, después de que el 19 de febrero de 2010 fueron sentenciadas por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro a 21 años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.

Cabe destacar que en la sesión participaron 10 organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Articulo 19, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH), Global Rights y Human Rights Watch, quienes estarán a la espera de las observaciones finales del Comité a finales de este mes.

La comitiva del Estado mexicano estuvo representada por 30 funcionarios de 15 dependencias, entre ellos Blanca Heredia, consejera política de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Víctor Hugo Guevara, director general de Derechos Humanos de la SEGOB y el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Alejandro Negrín.