Buscará PRD reforma al artículo 57 de Código de Justicia Militar

Por Anayeli García Martínez

México, 5 mar 10 (CIMAC).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, analiza las iniciativas pendientes para proponer una reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar (CJM) porque como está actualmente se traduce en privilegios para los militares, y propicia que los delitos que cometen como las violaciones sexuales, queden en la impunidad, afirmó la diputada Florentina Rosario Morales.

En el marco del simposio “Fuerzas Armadas, justicia y respeto a los Derechos Humanos: hacia una reforma legislativa del fuero militar”, la legisladora dijo a Cimacnoticias que dicho artículo establece como delitos contra la disciplina militar todos aquellos del orden común o federal, y eso se traduce en privilegios e impunidad.

Tener a los militares realizando labores de policías, dijo, ha propiciado que la violencia tome niveles escandalosos debido a que “con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado los mandos altos tratan de cubrir a toda su gente”, abundó la legisladora.

Desmintió al subprocurador de Justicia Militar de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), Alejandro Ramos Flores quien sostuvo que la mayoría de las acusaciones por violaciones a los derechos humanos hacia el ejército son “infundadas, indocumentadas y no están acreditadas”.

Al contrario, los casos de violaciones a los derechos de mujeres, niñas, niños y campesinos a manos del ejército están ampliamente documentados por organizaciones de la sociedad civil y son bien conocidos los actos de este tipo en el estado de Guerrero, por lo cual, insistió, se debe limitar la jurisdicción militar.

La legisladora aseguró que los militares han violado sexualmente a mujeres indígenas “que no se pueden defender”, y eso es necesario ventilarlo internacionalmente.

En este sentido, cabe recordar que dos indígenas me´phaa de Guerrero, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fueron violadas sexualmente por soldados del Ejército mexicano en el 2002 y en su lucha por acceder a la justicia sus casos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

En junio de 1994 en un retén militar en Chiapas, las hermanas tzeltales Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez de González fueron detenidas e interrogadas. Se les mantuvo privadas de su libertad durante dos horas, además de que fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares y aunque el caso llegó a la Procuraduría General de Justicia Militar, quedó impune.

Esto es un fundamento para vigilar que los militares hagan su trabajo, “lo que tengan que hacer pero que no estén de policías”.

Rosario Morales añadió que el PRD busca también que el Estado mexicano acate la sentencia de la CoIDH sobre el caso Rosendo Radilla y se eliminen las ambigüedades del artículo 13 Constitucional.

En dicho artículo se puntualiza que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero aclara que los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo, pueden extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército.