Otorgan medidas cautelares para defensoras de DH en Tijuana

De la redacción

México, DF 10 mar 10 (CIMAC).- El gobierno de Baja California, otorgó medidas cautelares a las defensoras de Derechos Humanos (DH), Silvia Vázquez Camacho y Blanca Mesina Nevarez, quienes en los últimos meses fueron hostigadas y amenazadas de muerte por el trabajo que realizan en Tijuana a favor de policías, que sufren detenciones arbitrarias y tortura por parte del Ejército mexicano.

En un comunicado, las comisiones Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, junto con la Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste informaron que ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió las medidas solicitadas por las defensoras de DH, después de que el pasado 8 de marzo, Silvia, Blanca y este organismo público se reunieron con autoridades federales y del gobierno local.

Durante la reunión, representantes, organizaciones defensoras de DH y de distintas dependencias como la Procuraduría General de la República, y la Secretaría de la Defensa Nacional, discutieron la viabilidad de otorgar medidas cautelares a Silvia y a Blanca.

Después de cinco horas de debate, las autoridades acordaron otorgar las medidas para ambas activistas, pues, reconocieron que el hostigamiento y las amenazas que han sufrido ellas y sus familias, está relacionado con que representan a grupos de policías de Tijuana, que han sufrido detenciones arbitrarias, tortura, y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de militares, desde 2009.

Cabe mencionar que las agresiones en contra de Silvia Vázquez y Blanca Mesina se han recrudecido en las últimas semanas, refiere el comunicado.

Las medidas cautelares, solicitadas por las defensoras de derechos humanos a la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (UPDDH) de la Secretaría de Gobernación, y a la CNDH el pasado 25 de febrero y 2 de marzo, respectivamente, consisten en la realización de rondines de custodia por parte de la policía federal y local en los domicilios de ambas defensoras.

Además, les proporcionarán un número telefónico de emergencia de conocimiento exclusivo de las defensoras y la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California. Les garantizarán el acompañamiento, la protección de datos personales y la secrecía de la denuncia penal que presentaron.

Al tiempo, les asignarán una guardia personal y realizarán un estudio de valoración de riesgo para el seguimiento de las medidas, que elaborarán de manera conjunta las defensoras, las organizaciones de derechos humanos y la UPDDH.

Silvia Vázquez, Blanca Mesina y las organizaciones civiles exigieron al Estado mexicano el cumplimiento pronto y eficaz de las medias cautelares otorgadas en la reunión del pasado 9 de marzo, ya que “la salvaguarda de la integridad física y moral de las defensoras de DH queda bajo responsabilidad del mismo”.