“Presos de conciencia”, activistas que rechazan cobros de CFE

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 4 mar 10 (CIMAC).- Amnistía Internacional (AI) acusó hoy a las autoridades mexicanas de utilizar indebidamente el sistema de justicia para detener a Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, luego de que protestaron contra los altos precios impuestos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Candelaria, Campeche.

Por este hecho, AI, considerada la organización más grande de derechos humanos en el mundo, declaró a las y los integrantes de la Red Nacional Contra las Altas Tarifas Eléctricas en Campeche, personas presas de conciencia. Y exigió su liberación inmediata e incondicional.

Sara López fue detenida “con lujo de violencia y humillaciones”, el pasado 10 de julio de 2009. Y fue encarcelada en el penal de Koben, Campeche, junto con sus compañeros Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, acusados de “privación ilegal de la libertad por retener a un funcionario de CFE como rehén y obstrucción de obra”, informaron en su momento los abogados y activistas que defienden la causa.

En comunicado de prensa, AI reconoció que los delitos por los que la manifestante y sus compañeros fueron detenidos son fabricados, pues en realidad su estancia en prisión, desde hace 7 meses, se debe a su protesta en contra de los altos precios de la Comisión.

Ante esta situación, AI exigió a las autoridades mexicanas la liberación inmediata e incondicional de Sara, Joaquín y Guadalupe, ya que las acusaciones en su contra “son infundadas y parece que las presentaron para detener su campaña contra los altos costos del servicio eléctrico” sostiene Rupert Knox, investigador sobre México de AI.

Y añadió que “es hora de que las autoridades mexicanas dejen de fichar a quienes participan en manifestaciones y disienten de manera legítima”, refiere el boletín.

DELITO FABRICADO

Las acusaciones en contra de Sara, Joaquín y Guadalupe fueron hechas después de varias protestas que comenzaron desde septiembre de 2008, cuando cerca de 40 personas del poblado Candelaria acudieron ante las oficinas locales de la CFE para solicitar la reconexión del suministro.

La empresa había cortado el servicio a la comunidad por falta de pago, a pesar de que había una negociación en curso.

La primera demanda penal, interpuesta por el representante legal de la CFE, fue por el cargo de obstrucción de la entrega de un servicio público, un delito menor.

Posteriormente, la Procuraduría General de la República (PGR) “fabricó el cargo de la toma de rehén, un delito mayor que no permite fianza”, señala el comunicado de AI.

El pasado 8 de enero, el Tribunal Unitario de Circuito de Mérida dictaminó que “no se acreditan ninguno de los delitos por los que fueron encarcelados”, ya que la evidencia era insustancial.

Por lo que ordenó a las autoridades locales que reclasificaran el delito y de no poder hacerlo dictaran el auto de libertad correspondiente, informaron los abogados de las ahora personas presas de conciencia, luego de que ocurrieron los hechos.

Sin embargo, la PGR apeló esta sentencia “sin justificación”, prolongando su detención hasta que se resuelva, menciona AI en el comunicado.