Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 2 de marzo (apro).- El mismo día que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, se burlaba de Brasil --potencia económica emergente de América Latina—en un foro madrileño, diciendo que en México “no vendemos samba, sino proyectos”, el informe de la Comisión Investigadora del Poder Judicial sobre la tragedia que provocó la muerte de 49 infantes en la guardería ABC el 5 de junio de 2009, llevó al baile las aspiraciones del exdirector del IMSS que ya promovía su traslado de la avenida Xola al Palacio Cobián, en Bucareli.
El resultado de las investigaciones no deja lugar a dudas: 17 funcionarios federales y estatales –incluidos Molinar Horcasitas y el exgobernador priista de Sonora, Eduardo Bours-- son corresponsables de una serie de deficiencias criminales que caracterizan la operación de las guarderías subrogadas del Seguro Social a particulares, no sólo en Hermosillo, sino en otras partes del país.
Otros mencionados son el director Jurídico del Seguro social, Fernando Gutiérrez Domínguez; la coordinadora de Guarderías del IMSS, Dora García Kobeh, y el director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto, Jesús Ignacio Navarro Zermeño, así como el presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, y sus principales funcionarios vinculados a la protección civil.
Los magistrados que investigaron todo el sistema de guarderías del Seguro Social señalaron que sólo 0.3%, es decir, 14 guarderías, de un total de 1,480 que han sido subrogadas en el país, cumplen con los requisitos elementales para garantizar la seguridad, la protección civil, el bienestar y el buen trato de miles de infantes que son literalmente “embodegados” en estos establecimientos que se han convertido en una red de jugosos negocios privados con fondos públicos.
En el caso específico de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, la investigación subraya lo que se publicó ampliamente en la prensa de todo el país: La falta de muros que dividieran la bodega de la guardería permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran entre el falso plafón y el techo de la estancia infantil, provocando la muerte por asfixia de casi medio centenar de bebés.
En los resultados de la auditoría practicada por Carlos Ronzón y Rosario Mota, se infiere que un accidente de las dimensiones trágicas de la guardería ABC se puede producir en más de 99% de los establecimientos subrogados por el IMSS en toda la República.
“Quedó probada la hipótesis de que en otorgamiento de contratos, supervisión y vigilancia de las guarderías existe desorden generalizado”, subrayó la magistrada Mota en la exposición de los resultados de la auditoría. El 49% de las guarderías carece de constancias de protección civil vigentes y sólo 407 tienen visto bueno de los cuerpos de bomberos.
El panorama descrito por los investigadores del Poder Judicial presupone una constante de negligencia criminal que, por supuesto, no se limita únicamente al exdirector del Seguro Social en el gobierno calderonista. Difícilmente el propio titular del Ejecutivo federal puede librarse del duro diagnóstico que se dio a conocer el 1 de marzo. A menos que a Felipe Calderón se le vuelva a ocurrir que la tragedia fue el resultado de un “pleito entre pandillas”.
La tragedia del ABC constituye, con mucho, una de las peores ocurridas en los últimos años por los siguientes elementos:
1. Se hicieron advertencias y denuncias suficientes sobre las irregularidades del esquema de subrogación de guarderías que desde la época de Santiago Levy, al frente del Seguro Social, se convirtió en una norma para repartir jugosos negocios a “niñeros” con el rostro de nepotismo.
2. Los hechos relatados por los padres de las víctimas hablan de un esquema de hacinamiento de infantes peor que el que ocurre en maquiladoras textiles o en sitios donde la explotación y la ganancia fácil se sobreponen por encima de cualquier condición humanitaria.
3. Se trató de bebés que murieron ante un accidente perfectamente evitable, si hubieran existido las más elementales condiciones de seguridad. La PGR y los gobernadores panistas se escandalizan porque parejas del mismo sexo puedan adoptar bebés, pero se hacen de la vista gorda ante los infantes que se “embodegan” en la mayoría de las guarderías del Seguro Social, otrora orgullo del Estado de bienestar mexicano.
4. Ante los resultados de la auditoría, difícilmente el pleno de la Suprema Corte de Justicia puede hacerse de la vista gorda o eximir de responsabilidades a los principales funcionarios mencionados. La sociedad mexicana, en especial la de Hermosillo, espera de los ministros no sólo una sanción jurídica, sino una modificación radical de este negocio criminal. ¿Qué medidas concretas va a adoptar el presidente de la República? No hay que olvidar que los resultados no son vinculantes, es decir, que no obligan a ninguna autoridad a actuar en contra de los responsables.
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