Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 2 de marzo (apro).- Mientras que en el gobierno de Felipe Calderón se han presentado 1,836 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra miembros del Ejército mexicano, el sistema de justicia militar sólo ha integrado tres procesos penales y emitido dos sentencias, por abusos cometidos por soldados durante la “guerra” contra el narcotráfico.
De acuerdo con el documento elaborado por el gobierno de Felipe Calderón, que será analizado en el próximo periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2009, la CNDH recibió mil 836 quejas “por supuestas violaciones a derechos humanos cometidos por personal militar con motivo de la lucha contra el crimen organizado”.
En el informe de México, realizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se añade que el tipo de violaciones cometidos por el personal militar registradas por la CNDH corresponde a “cateos ilegales, detención ilegal, derecho a la vida, tortura y lesiones”, quejas que, en el periodo descrito, se tradujeron en 38 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “aceptadas en su totalidad”.
En el caso de la Secretaría de Marina (Semar), del 1 de diciembre de 2000 al 14 de noviembre de 2009, la CNDH recibió 40 quejas en contra de su personal, sin que haya emitido hasta el momento una recomendación contra la dependencia.
En contraste, el mismo documento señala que, de los 20 procesos penales abiertos de 2000 a 2009, tres corresponden a causas penales integradas “en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada”.
Al señalar que las tres causas penales están “en instrucción contra personal militar”, se indica que corresponden a los acontecimientos ocurridos en Baridaguato, Sinaloa, Villa de Cos, Zacatecas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En ese orden, los casos se refieren a delitos tipificados por el Código Penal Militar, como violencia contra las personas causando homicidio y lesiones culposas; en el segundo, violencia contra las persona causando homicidio y lesiones, y en el tercero, violencia contra las personas causando homicidio calificado e inhumación clandestina, así como encubrimiento.
El informe enviado al Comité de Derechos Humanos de la ONU, indica que, en ese mismo periodo, los tribunales castrenses emitieron seis sentencias, las cuales, a pesar de la gravedad de los agravios, son más que benévolas.
Dos de las condenas corresponden a hechos relacionados con el combate al narcotráfico, ocurridos en Sonoyta, Sonora. Los delitos por los que fueron sentenciados soldados fueron por violencia contra las personas causando homicidio y homicidio simple intencional
En el primer caso, la sentencia fue de nueve meses de prisión ordinaria, y en el segundo, de 12 años de prisión ordinaria, destitución del empleo e inhabilitación por el tiempo igual al de la pena.
Las otras sentencias, anteriores al gobierno de Felipe Calderón, se refieren a un caso de violencia contra las personas, ocurrido en Naco, Sonora, resultando absuelto el personal militar; un homicidio culposo, en San Luis Acatlán, Guerrero, con una sentencia de un año 11 meses de prisión ordinaria; y dos más de violencia contra las personas ocasionando homicidio y lesiones, en Tecoman, Colima, y Nogales, Sonora, con condenas de dos años y seis meses de prisión ordinaria, y 12 años de prisión, sentencia que fue apelada y está en proceso de resolución, respectivamente.
El documento elaborado por la SRE, será cotejado con informes alternos enviados por organizaciones civiles el 8 y 9 de marzo próximo, durante la sesión ordinaria del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Entre las organizaciones que enviaron información a la ONU resaltan la Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT); la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Article 19; el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), ASILEGAL; los centros de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan, Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y Victoria Diez.
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