No garantiza México el derecho a una vivienda digna, adecuada y de calidad

• Los habitantes del conjunto habitacional "Lomas de San Francisco Tepojaco", en el municipio de Cuautitlán Izcalli, se encuentran en riesgo de serias afectaciones a su salud y a su integridad física.

• Viviendas sobre suelo arcilloso, malos materiales, falta de agua y un relleno sanitario a escasos metros del conjunto, ponen en peligro a los habitantes.

• El Estado mexicano es responsable de la violación a los derechos humanos de los vecinos, quienes no han podido acceder a la justicia.

Contra lo dispuesto en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no se garantiza en el país el derecho a una vivienda digna, adecuada y de calidad.

El conjunto urbano Lomas de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, evidencia lo anterior. Desde hace más de 5 años habitantes del complejo habitacional, donde fueron construidas más de once mil casas de interés social, habitadas por 45 000 personas, han luchado por una vivienda digna que satisfaga los mínimos requerimientos de calidad y seguridad estructural.

Las autoridades federales, estatales y municipales han denegado constantemente el acceso a la justicia a las personas afectadas por la mala calidad de los materiales, vicios ocultos y deficiencias en la cimentación de las casas-habitación adquiridas mediante créditos otorgados por el Infonavit, el Fovisste y el ISSFAM. Estos organismos tampoco han intervenido efectivamente en la solución de la problemática.

Recientemente la Relatora de Vivienda Adecuada de la ONU ha corroborado en su informe anual de actividades, fechado el 22 de febrero de 2010, las graves conculcaciones al derecho a la vivienda por parte del Estado mexicano en el caso de Lomas de San Francisco Tepojaco.

El Instituto Politécnico Nacional, tras el análisis minucioso de las condiciones geológicas, ambientales y sociales en las que viven miles de personas en el mencionado fraccionamiento, ha concluido que las casas fueron construidas sobre terrenos inadecuados. Hay en el subsuelo una capa superior conocida como suelo blando; esta capa en combinación con capas de mayor firmeza provoca agrietamientos y hundimientos en varios sitios del conjunto habitacional.

La realización del conjunto urbano fue asignada en 1999 por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México a tres empresas constructoras: Profusa, Inmobiliaria Came y Desarrolladora Metropolitana (Demet). La asignación, bajo el esquema de vivienda social progresiva, incluyó diversas obligaciones: áreas de donación, obras mínimas de urbanización, obras de infraestructura primaria y obras de equipamiento (jardines de niños, escuelas primarias, locales comerciales, unidades médicas, jardines vecinales, zonas deportivas y juegos infantiles, guardería infantil, locales de uso múltiples, entre otros). Sin embargo las constructoras no han cumplido estos compromisos pese a que las viviendas comenzaron a ser habitadas desde finales de 2002.

Desde el principio las viviendas presentaron deficiencias estructurales que expusieron los vicios ocultos y la mala calidad de los materiales empleados en su construcción. Los habitantes –a título personal y en forma colectiva– iniciaron diversos procedimientos ante las autoridades administrativas correspondientes pero no han recibido respuesta satisfactoria a sus demandas. Las Direcciones de Protección Civil del Estado y del Municipio, tras diversas valoraciones, señalan que una parte de las viviendas está considerada de "alto riesgo" y el resto en situación de "riesgo inminente".

Los defectos estructurales del conjunto ponen en riesgo la salud y la integridad física de los habitantes. A lo anterior se agrega la circunstancia de que éste fue construido a escasos metros del relleno sanitario de San José Huilango, que no cumple con las especificaciones ambientales mínimas para evitar daños a la salud de las personas. La situación es actualmente más compleja debido a la escasez de agua ocasionada por el colapso de las líneas de agua potable y de drenaje.

Habitantes del lugar se organizaron y conformaron la Asociación de Vecinos Propositivos por Lomas de San Francisco Tepojaco, A.C., que ha promovido diversos procedimientos judiciales a fin de que se reconozca el derecho a una vivienda digna y decorosa, de acuerdo con los más altos estándares de protección a los derechos humanos. Actualmente se encuentra en revisión, ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado de México, un amparo interpuesto contra la decisión de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México por no intervenir aplicando las medidas de seguridad para proteger a los habitantes de un posible derrumbe u otro accidente con motivo de las fallas estructurales del conjunto. Recientemente el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal confirmó la obligación que tiene el Infonavit de facilitar información relevante en el otorgamiento de créditos para la adquisición de vivienda en Lomas de San Francisco Tepojaco a uno de los miembros de la Asociación.

Sin embargo diversas instancias han negado sistemáticamente el acceso a la justicia al intentar reducir el asunto a un "conflicto entre particulares". La Profeco ha desechado diversas quejas. Se interpuso una denuncia popular ante el gobierno del Estado de México a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano del Estado de México sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta. Las instancias federales tampoco han respondido conforme a derecho: se presentó la denuncia popular ante las comisiones de vivienda del Senado de la República y ante la Comisión Nacional de Vivienda, sin que hasta hoy se haya obtenido respuesta favorable. Actualmente hay quejas abiertas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Con esta actitud de las autoridades responsables, el Estado se aleja de las obligaciones en la materia y patentiza el contubernio existente entre el poder público y las grandes empresas inmobiliarias, beneficiarias de las licitaciones públicas.

Las organizaciones convocantes, conscientes de que el derecho a la vivienda es un derecho humano, han acompañado a la Asociación de Vecinos Propositivos por Lomas de San Francisco Tepojaco en algunos procesos de diversa índole a fin de que se obtenga acceso a la justicia y el Estado se haga responsable por las condiciones de riesgo en la que viven los habitantes del conjunto urbano.

Independientemente de las posibles responsabilidades civiles de las que puedan ser acreedoras las empresas constructoras, diversas autoridades gubernamentales han vulnerado los derechos humanos de los habitantes de Lomas de San Francisco Tepojaco. Por lo tanto el Estado mexicano debe responsabilizarse y reparar los daños a los acreedores, además de proveer medidas de seguridad tendentes a garantizar la salud y la integridad física y patrimonial de quienes habitan en el conjunto habitacional.

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Esta recopilación también puede ser consultada en:
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/

Liliana Zaragoza Cano.
Área de Comunicación y Análisis.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Teléfono: (55) 5543 8217, 5566 7854 ext. 108
Correo electrónico: informacion@centroprodh.org.mx

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Con la ejecución del candidato priísta, la violencia alcanzó niveles sin precedente: expertos en narco

Calderón, sin capacidad de proponer salidas

Efecto de la fractura en el cártel del Golfo

La solución nos corresponde a todos: académicos

Alfredo Méndez, Carolina Gómez,
Ángeles Cruz, Mariana Norandi,
Laura Poy y Emir Olivares

Periódico La Jornada
Miércoles 30 de junio de 2010, p. 18

Con la ejecución del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, la escalada de violencia en el país alcanzó niveles sin precedente en la historia del país, coincidieron Martín Barrón y Edgardo Buscaglia, expertos en temas sobre seguridad nacional y narcotráfico.

Lo anterior –señalaron–, es consecuencia del desgobierno en la mayoría de los municipios de Tamaulipas, del control territorial de que disponen los grupos delictivos que operan en esa entidad y los altos niveles de infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiacos locales y en las instituciones de procuración de justicia, aunado a la escisión entre Los Zetas y el cártel del Golfo –en mayo de 2009.

La opinión de los especialistas se refuerza con expedientes ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR) consultados por La Jornada, en los que testigos protegidos aseguran que el año pasado se fracturó el cártel del Golfo –que tenía en Los Zetas su brazo armado–, y desde entonces el grupo de sicarios ha optado por amenazar, ejecutar y corromper a policías, funcionarios y candidatos a algún puesto de elección, como parte de la disputa de narcotraficantes por el control de las rutas y el mercado de drogas de esa entidad.

Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dijo que en las gestiones de Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández (actual gobernador), la presencia del crimen organizado se expandió, lo que no se combatió a tiempo. Es incorrecto decir que la violencia derivada de las acciones del crimen organizado sea un asunto nuevo.

Eduardo Buscaglia, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), refirió que todos los municipios de Tamaulipas, excepto Villagrán y Padilla, han sido capturados por grupos criminales que han cobrado fuerza por el desgobierno que impera en la mayoría de los ayuntamientos y estados del país.

Por otro lado, expedientes ministeriales de la PGR consultados por este diario indican que en mayo de 2009, miembros del cártel del Golfo, entre ellos uno apodado Pitufo y otro Geremías, declararon ante el Ministerio Público Federal que el actual mando de Los Zetas, Miguel Treviño Morales, El L 40, ordenó la sustitución de Ezequiel Cárdenas, Tony Tormenta –hermano de Osiel– como jefe de la plaza de Cancún, debido a que no obtenía las utilidades ilegales que corresponden a ese centro turístico.

Los testigos protegidos dijeron que la discordia definitiva la desató la ejecución de Víctor Peña, El Cóncord 3, ocurrida el pasado 18 de enero y atribuida a Samuel Flores Borrego, El Metro 3. La víctima era hombre de El L 40. Luego del incidente, el cártel del Golfo quedó dividido en dos bandos: por un lado, Los Zetas, al mando de Heriberto Lazcano Lazcano y El L 40, y por otro el grupo que encabeza Ezequiel Cárdenas.

En tanto, Telésforo Nava, catedrático de la UAM, señaló que la ejecución del candidato priísta al gobierno de Tamaulipas es un reto del crimen organizado al Estado; pero lo más grave es que a la clase política se le fue de las manos este tema y en ningún partido vemos una propuesta concreta para salir de la crisis.

Eugenia Valdés Vega, especialista en el sistema político mexicano, afirmó que la convocatoria al diálogo hecha ayer por el presidente Felipe Calderón sólo refleja una figura aislada, sin capacidad de proponer salidas a una crisis que ya lo rebasó.

El presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, Arturo Menchaca, dijo que los miembros de ese organismo participarán en el diálogo convocado por Calderón para actuar contra la delincuencia organizada, ya que las soluciones para resolver la violencia tocan a todos los mexicanos.

José María Ramos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, señaló que debe haber un pronto esclarecimiento del asesinato de Torre Cantú. Agregó que la investigación tiene que ser transparente y eficaz para determinar si los responsables están vinculados al crimen organizado.

En tanto, el titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova, lamentó la muerte de Rodolfo Torre, de quien elogió su trabajo cuando fue secretario de Salud de Tamaulipas. Lo recordó como un hombre comprometido que construyó varios hospitales y estableció un modelo de control del dengue que posteriormente se llevó a otras entidades.

Antonio Mazziteli, representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aseveró que el aumento de la violencia es el precio que, desafortunadamente, ahora México tiene que pagar por no haber atendido y solucionado antes problemas de carácter social e impulsado un desarrollo más equilibrado.

Detenido por hechos ocurridos en febrero

Preso 16 horas, miembro del SME en Cuernavaca

Rubicela Morelos Cruz,

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 30 de junio de 2010, p. 19

Cuernavaca, Mor., 29 de junio. El subsecretario de asuntos internos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), división Cuernavaca, Marco Antonio García Barrera, fue liberado hoy bajo caución, luego de haber sido detenido al mediodía del lunes por agentes de la Procuraduría General de la República, acusado de privación ilegal de la libertad contra funcionarios públicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y permanecer 16 horas en el penal estatal, conocido como Atlacholoaya.

La mañana de este martes García Barrera fue trasladado al juzgado cuarto de distrito con sede en esta capital, donde declaró por casi tres horas y cubrió una caución de 10 mil pesos.

Tras abandonar el juzgado, dijo que no claudicará en su lucha para que el gobierno federal devuelva a los afiliados al SME sus fuentes de trabajo que perdieron en octubre pasado, tras el decreto presidencial de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Mientras duró la declaración, más de 50 electricistas se manifestaron afuera del juzgado en apoyo de su compañero y en contra el gobierno de Felipe Calderón.

Contaba con amparo

Los policías que detuvieron a García Barrera lo hicieron a pesar de que el sindicalista contaba con su respectivo amparo, denunció por su parte el SME.

García Barrera fue detenido el lunes pasado, acusado de privación ilegal de la libertad, por hechos ocurridos en febrero pasado, cuando personal de Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) llegó al centro de trabajo denominado Gobernadores, a saquear dichas instalaciones y fue detenido por los trabajadores.

Para este gremio, la detención de este trabajador se suma la lista de actos represivos cometidos contra el SME y constituye un paso más del acoso permanente en contra de esta agrupación sindical, cuyo propósito es desmoralizar y así disminuir nuestra resistencia al inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y al ilegal despido de los más de 44 mil trabajadores miembros de este sindicato.

Expuso el SME que el asesinato y encarcelamiento de dirigentes sindicales y sociales, así como la aplicación del garrote a los movimientos de organizaciones obreras y populares, los intentos de acallar las voces críticas ante la violación de las libertades, democráticas y derechos humanos, es la tónica de las políticas del gobierno de Felipe Calderón, contra los que reclaman las estricta aplicación de la Constitución, el respeto a las leyes y a los derechos de los trabajadores.

Con información de Patricia Muñoz

Actos de apoyo nacional e internacional; mítines en Barcelona, Londres, Berlín, Munich

Demandan a ministros libertad inmediata para los 12 presos políticos de Atenco

En Estados Unidos se exigió detener la persecución política contra América del Valle

De la Redacción

Periódico La Jornada
Miércoles 30 de junio de 2010, p. 21

En víspera de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva los amparos tramitados por los 12 presos políticos de San Salvador Atenco, organizaciones nacionales e internacionales realizaron acciones de apoyo en varias ciudades de México y el mundo desde donde demandaron a los ministros otorgar la libertad inmediata de los detenidos.

Desde Nayarit o San Luis Potosí hasta Londres, Barcelona, Berlín, Munich y Nueva York, decenas de activistas manifestaron su solidaridad con la lucha emprendida por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco para defender la tierra y por la libertad de sus compañeros.

En Barcelona, integrantes de Mexicanxs en Resistencia y Grupo de Apoyo a la Zona Costa de Chiapas se concentraron en la Plaza Sant Jaume como parte del Día de Acción Mundial y de la campaña internacional convocada por el Comité Libertad y Justicia para Atenco. Durante la manifestación se exigió la liberación de los presos recluidos desde el 4 de mayo de 2006.

En Londres se protestó ante la embajada de México, a la que dieron un único mensaje: “Free the Atenco Prisoners”.

En Alemania se realizaron acciones en Berlín, Munich, Hamburgo y Muster. Colectivos como Lateinamerika Gruppe, Motivés, BASTA, Café Libertad Kollektiv, Lucha Armada y Oficina Ecumenica por la Paz y la Justicia firmaron una misiva de apoyo a los presos políticos detenidos injustamente y al FPDT.

Los alemanes demandaron la liberación de los presos de Atenco y recordaron que ese movimiento social ha dado un gran ejemplo al mundo al demostrar que la vida digna de los campesinos vale más que mil aeropuertos.

Adherentes a la otra campaña en Nueva York enviaron un documento, aprobado por unanimidad en el Foro Social Estados Unidos, efectuado hace unos días en Detroit, en el que demandaron la libertad de la docena de personas detenidas tras los hechos, incluidos los líderes del FPDT, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, condenados a más de 100 y 60 años de prisión, respectivamente.

Los estadunidenses exigieron que las autoridades mexicanas cancelen las órdenes de aprehensión y la persecución política contra América del Valle.

En Nayarit, diversas organizaciones realizaron un mitin en la sede del primer tribunal colegiado del 24 circuito. En la plaza de armas de San Luis Potosí decenas de personas pidieron a la SCJN otorgar el amparo a los detenidos para que obtengan libertad inmediata.

Si la Corte no ampara al sindicato,

se debe promover juicio político a Calderón: Carrancá

Inconstitucional, el decreto que extinguió LFC, señalan expertos en el Senado

Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Miércoles 30 de junio de 2010, p. 19

Juristas, académicos y analistas políticos advirtieron que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) es inconstitucional y llamaron a respaldar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ya que la lucha debe seguir aun si el fallo de la Suprema Corte es adverso.

Raúl Carrancá y Rivas, maestro emérito de la UNAM, dijo que confía en la resolución del máximo tribunal, pero si los ministros decidieran no amparar al SME, se debe promover que el presidente Felipe Calderón sea sometido a juicio político, ya que violó la Constitución.

Acudió a un decreto para extinguir Luz y Fuerza que carece de fundamentación, invade la esfera de competencia del Legislativo y viola la garantía de audiencia, recalcó.

El ex senador del PRI Manuel Bartlett coincidió en ello y consideró que se deben fincar responsabilidades a Calderón, pues lo hecho contra el SME fue un golpe de Estado, porque usó las instituciones y el monopolio de la fuerza pública para acabar con una organización combativa, vulnerando preceptos constitucionales.

Recordó que los trabajadores del SME fueron siempre una muralla contra la intención de privatizar la electricidad, que se dio desde el sexenio de Carlos Salinas. Fue la fuerza del sindicato, dijo, la que estuvo cerca de los legisladores que desde el Senado pelearon contra la decisión de Vicente Fox de entregar el servicio eléctrico a firmas extranjeras.

Vino luego Calderón con su golpe de Estado al SME, a fin de abrir el camino a los intereses trasnacionales que representa.

Carrancá sostuvo que sí procede el juicio político a Calderón, y que está dispuesto a fundamentar la demanda ante la Cámara de Diputados, mediante un instrumento denominado interpretación finalista, para que se respete el espíritu de la Constitución.No es posible que hasta un síndico de un ayuntamiento sea sujeto al juicio político y el Ejecutivo no. Es injusto que un funcionario de ese nivel no fundamente ni motive el decreto aludido y no pase nada.

Durante el foro Análisis jurídico del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, organizado por el SME y realizado en el patio central del Senado, el analista político y catedrático de la UNAM Luis Javier Garrido advirtió que si los poderes Legislativo y Judicial aceptan la extinción de Luz y Fuerza ayudarán a las pretensiones de la ultraderecha que se adueñó del poder económico y político de México.

Recalcó que es anticonstitucional el decreto con el que Calderón pretende liquidar LFC, porque el Ejecutivo no tiene facultades para suprimir una entidad pública creada a consecuencia de la nacionalización de la industria eléctrica.

En ese planteamiento coincidieron la ex presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Estela Ríos, el jurista y asesor sindical Óscar Alzaga y el abogado Gabriel Reyes Orona. El senador del PRD Carlos Sotelo, único legislador en el acto, advirtió que el Congreso debe asumir el papel de verdadero vigilante de los actos del Poder Ejecutivo en su intentona de extinguir una empresa estratégica para el país.

Sobre todo, recalcó, porque el Congreso, que es el único poder con facultades para legislar en materia eléctrica, ni siquiera fue notificado del decreto.

En ese sentido José Antonio Almazán, ex integrante del Comité Central del SME y ex diputado perredista, demandó que los senadores no se dejen engañar por las cifras manipuladas del gobierno federal, ya que en el expediente que las autoridades de la Secretaría de Hacienda pretende mantener en secreto hay bases para rebatir el falso argumento de que los salarios y prestaciones de los trabajadores hicieron insostenible la operación de LFC.

Al final, el dirigente del SME, Martín Esparza, lamentó que el foro no se hubiera transmitido por Canal del Congreso, y la ausencia de senadores.

Reportan mil 500 casos de violación en estados

Toluca | Martes 29 de junio de 2010 Denise Mackenzie | El Universal

Los hechos se dieron en las entidades de Chiapas 102, Distrito Federal 242, estado de México 165, Michoacán 198, Nayarit 67, Nuevo León 484 y Yucatán 286.

En el 2009, en el sector salud de siete estados de la República fueron atendidas mil 544 mujeres víctimas de violación, informó Yuriria Rodríguez Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Los casos se dieron en las entidades de Chiapas 102, Distrito Federal 242, estado de México 165, Michoacán 198, Nayarit 67, Nuevo León 484 y Yucatán 286.

Por lo que corresponde a Querétaro, proporcionó servicios a 2 mil 258 mujeres que manifestaron sufrir alguna forma de violencia sexual, pero la Secretaría de Salud Federal no especificó cuántos de estos casos son por violación.

El OCNF, conjuntamente con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Visión Mundial de México, A. C., la Red de Promotoras de Derechos Humanos de Ecatepec y MAS A.C., presentaron en conferencia de prensa las acciones de vigilancia y denuncia que adoptarán durante la campaña de la "Norma 046 a todas las mujeres: ojo con la Norma 046".

Estas organizaciones informarán a las mujeres acerca de la obligación de las instituciones de salud de proporcionar servicios de atención inmediata e integral a víctimas de violencia sexual, para lograr su exigibilidad.

También monitorearán de manera permanente a los servicios públicos de salud, con el objetivo de verificar la implementación de la Norma 046.

De igual manera, denunciarán a funcionarios públicos del sector salud que incurran en violencia institucional por acción u omisión, al no proporcionar a las mujeres víctimas de violencia sexual la atención integral necesaria, que incluye el ofrecimiento de la anticoncepción de emergencia.

Se informó que en mayo de 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Norma 046 es obligatoria para todas las instituciones de salud y servidores públicos de los sectores público, social y privado del país.

Diario La Razón

El feminicidio es la forma extrema de violencia

Por Azucena Silva

Desde el 2002 son ocho entidades federativas las que concentran más de la mitad de los feminicidios que ocurren en el país, con un 53 por ciento y entre esos estados está Michoacán, así como el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato y Chihuahua, detalló la diputada Gabriela Molina Aguilar, quien ante esas cifras presentará en la siguiente sesión una iniciativa de reformas al capítulo VI, artículo 284 del código penal de la entidad.

Molina Aguilar explicó que el feminicidio es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Por ello, en la iniciativa establece que a quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario u otra relación de pareja permanente, con conocimiento de esa relación, se le impondrán prisión de 10 a 30 años y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

Si faltare el conocimiento de la relación, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio simple.

Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de las previstas en el código, se impondrán las penas del homicidio calificado. Si concurre alguna atenuante se impondrán las penas que correspondan según la modalidad.

La legisladora instó a reconocer la violencia contra las mujeres en el estado implica hacer un compromiso público, social y humano tanto con las mujeres como con los hombres, bajo el principio de lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática.

Esta problemática no sólo afecta a las mujeres, también tiene implicaciones directas en la dinámica y formas de relacionamiento familiar, las cuales se pueden ver reflejadas en el desempeño educativo y la eficiencia laboral.

La perredista detalló que los costos económicos de la violencia contra las mujeres son del 2 por ciento del PIB, (tan solo en el 2008 168 mil millones de pesos), condición que se vuelve compleja porque esto se traduce en oportunidades que capitaliza el crimen organizado agudizando la violencia social y comunitaria a través de la violencia que se ejerce contra las mujeres.

De acuerdo con datos del INEGI, dijo, en el transcurso del 2005 se registraron dos mil 159 fallecimientos de mujeres por violencia intrafamiliar, cifra que supera a la de fallecimientos por el crimen organizado, que fue de mil 776.

Las muertes de mujeres por violencia intrafamiliar se concentran principalmente en 10 entidades: Oaxaca, Quintara Roo, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán, estado de México, Colima, Nayarit y Baja California.

Si bien el termino feminicidio es un concepto en construcción también es una categoría analítica que incorpora a diversas disciplinas, la cual pretende generar estadísticas cuantitativas y cualitativas que nos permitan reconocer la dimensión real del problema e instrumentar medidas jurídicas, administrativas y presupuestales para los tres poderes y niveles, y que vayan orientadas principalmente a los ámbitos educativos, salud, desarrollo social, seguridad pública, así como procuración e impartición de justicia, consideradas como instituciones de primer contacto y que son la base para el acceso a la justicia.

Ante el problema del feminicidio, señaló, resulta trascendental lograr transitar hacia dos vías como consenso mínimo para erradicar la violencia feminicida.

vms

Asesinan a reportero y su esposa en Guerrero

Ezequiel Flores

Chilpancingo, Gro., 29 de junio (apro).- La Secretaría de la Seguridad Pública y Protección Civil informó del homicidio del reportero Juan Francisco Rodríguez Ríos y su esposa María Elvira Hernández Galeana.

El atentado ocurrió alrededor de las 21:30 horas del lunes en un negocio de renta de internet ubicado en el centro del municipio de Coyuca de Benítez. El local era propiedad de la pareja.

Juan Francisco Rodríguez Ríos era corresponsal del periódico El Sol de Acapulco en Coyuca de Benítez.

La dependencia describió que dos sujetos armados con pistolas ingresaron al establecimiento y atacaron a la pareja a tiros.

El reportero, de 51 años, sufrió tres impactos de bala al parecer calibre .380, en el costado izquierdo; su esposa, de 37 años, tenía dos lesiones en el pecho.

Con el crimen de Juan Francisco Rodríguez suman ocho periodistas asesinados durante la administración del gobernador postulado por el PRD, Zeferino Torreblanca Galindo. Todos los crímenes se mantienen impunes.

nEntre los homicidios cometidos se encuentran los casos del corresponsal de Televisa en Acapulco, Amado Ramírez; el director del periódico El Despertar del Sur, Misael Tamayo; el director del semanario El Oportuno, Jorge Ochoca; el director del semanario Ultimátum de Taxco, Juan Carlos Hernández y los reporteros Jean Paul Ibarra, Evaristo Pacheco y Juan Daniel Martínez.

En el caso Cananea aún no se puede sustituir a obreros, aclara

Mineros acusan a juez de actuar bajo consigna de Grupo México

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Martes 29 de junio de 2010, p. 14

La petición de amparo del sindicato minero en contra de la terminación de las relaciones laborales en Cananea tiene como finalidad frenar dicha acción, que consideran ilegal, y que Grupo México no pueda sustituir a los trabajadores huelguistas, ya que ello violaría el artículo quinto constitucional y el cuarto de la Ley Federal del Trabajo, informó el gremio.

Indicó que la demanda de amparo se radicó en el juzgado quinto de distrito en materia del trabajo del Distrito Federal, cuyo titular se declaró incompetente y ordenó enviar el expediente al juzgado de distrito de Agua Prieta, Sonora, argumentando que la decisión de la Junta Federal Conciliación y Arbitraje (JFCA), de dar por terminada la huelga, tendría que ejecutarse en Cananea, lo que es absurdo, ya que ese acuerdo se dictó en la capital.

Para esta organización, el juez quinto de distrito está siguiendo una consigna de un sector del Poder Judicial de la Federación que se ha puesto al servicio incondicional de Grupo México y del gobierno federal.

Recordó que ese mismo juzgado confirmó en dos ocasiones los amparos otorgados al sindicato para que se declarara existente la huelga de Cananea.

Desgraciadamente, el juzgado cambió de titular y es obvio que el juez que ahora lo preside no tiene la calidad moral de quien lo antecedió y actúa como juez de consigna, indicó, y sostuvo que esta organización dará seguimiento al juicio de amparo, sea en el Distrito Federal o en Sonora.

Explicó que es ilegal que se trate de sustituir a los huelguistas en el trabajo que desempeñan, sin haberse resuelto el conflicto motivo de la huelga, y que no hay manera de negar el amparo al sindicato sin pasar por encima de la Constitución y la ley en la materia.

Algunos abanderados suspenden los cierres de campaña

Calderón, responsable por perder el control de la lucha anticrimen, dice Jiménez Macías

De los corresponsales

Periódico La Jornada
Martes 29 de junio de 2010, p. 12

Gobernadores de todos los estados del país y candidatos a puestos de elección popular que participarán en los comicios del próximo 4 de julio en 14 entidades –en 12 de ellos se renovará el Ejecutivo local– condenaron ayer el asesinato del candidato priísta Rodolfo Torre Cantú.

Algunos abanderados, como Roberto Borge, aspirante del PRI al gobierno de Quintana Roo, cancelaron sus actividades en señal de duelo, mientras otros reforzaron las medidas de seguridad y decidieron continuar con sus cierres de campaña.

A su vez, los candidatos de la coalición Aliados por tu bienestar (PRI-Panal-PVEM) al gobierno y la alcaldía capitalina de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre y Lorena Martínez Rodríguez, respectivamente, cancelaron sus cierres de campaña.

El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, afirmó que el homicidio de Torre Cantú revela que las instituciones no están siendo capaces de darle a la sociedad lo que ésta demanda.

José Calzada Rovirosa, gobernador priísta de Querétaro, llamó a la unidad nacional y estatal en torno a la seguridad y el fortalecimiento de las instituciones. Su correligionario Humberto Moreira Valdés, mandatario de Coahuila, pidió a las autoridades federales esclarecer a la brevedad el atentado.

El gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy, consideró preocupante la muerte de Rodolfo Torre, porque enrarece el ambiente electoral de Tamaulipas, en particular, y el de los demás comicios en puerta.

Mario López Valdez, candidato a gobernador de la alianza El cambio es ahora por Sinaloa (PAN-PRD-Convergencia), dijo no temer por su seguridad, y advirtió que la ciudadanía no puede ni debe seguir siendo rehén de la violencia. Jesús Vizcarra Calderón, abanderado a esa gubernatura por la alianza Para ayudar a la gente, conformada por PRI, PVEM y Nueva Alianza, aseguró que está consternado.

El ex gobernador tamaulipeco Manuel Cavazos Lerma opinó que hay tintes políticos en el asesinato, y afirmó que la violencia creció en México cuando en el sexenio de Vicente Fox se dejó crecer el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán.

El asesinato de Torre Cantú es reflejo de la descomposición en Tamaulipas, afirmó en la ciudad de Oaxaca el senador panista Santiago Creel. Afirmó que el crimen fue un hecho gravísimo, condenable, que atenta contra la democracia del país.

Carlos Jiménez Macías, delegado nacional del PRI en Oaxaca, responsabilizó a Felipe Calderón de la muerte del candidato, pues el Presidente perdió el control del combate a la delincuencia; es ineficaz en el combate al crimen organizado, mientras se dedica a dirigir las campañas de su partido.

En entredicho, la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad: Baños

Lo ocurrido en Tamaulipas es un atentado a la democracia y a las instituciones: IFE

A la Secretaría de Gobernación le toca asegurar un clima de tranquilidad, dice Gómez Alcántar

Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 29 de junio de 2010, p. 11

El asesinato del candidato a gobernador de Tamaulipas de PRI, PVEM y Nueva Alianza, Rodolfo Torre Cantú, “es un hecho que atenta directamente contra nuestra democracia y nuestras instituciones, aseguraron los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) al fijar el posicionamiento del organismo frente a los sucesos ocurridos ayer.

Asimismo, durante la breve sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación celebrada este lunes, la magistrada presidenta, María del Carmen Alanís, en nombre de los integrantes del organismo sostuvo: reprobamos el asesinato, expresamos nuestras más sentidas condolencias a los deudos del candidato y a la sociedad de Tamaulipas, y rechazamos cualquier forma de violencia en el desarrollo de los procesos electorales.

En el IFE, en nombre de los nueve consejeros, el presidente del instituto, Leonardo Valdés, expresó la condena a la ejecución y anunció que a través de la vocalía ejecutiva en Tamaulipas el IFE ofreció apoyo al Instituto Electoral local y el respaldo a las decisiones que adopte en los términos de su legislación para el futuro de los comicios en esa entidad.

Entrevistado por separado, el consejero electoral Marco Antonio Baños aseguró que el asesinato es un atentado contra el Estado mexicano y contra las instituciones, que pone en entredicho precisamente la capacidad del propio Estado para garantizar las condiciones de seguridad. No podemos permitir que estos sucesos continúen en el país.

Aunque reconoció que estos hechos ponen una marca negativa a los procesos electorales, crean una situación de emergencia sumamente grave y que prevalecen condiciones tan adversas, sería terrible que esos comicios se suspendieran.

–¿Es posible aplazar esos comicios?

–Es una discusión que tienen que dar ellos (los consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas), de acuerdo con la ley y la Constitución local. Lo deben valorar y tomar decisiones, pero ninguna legislación electoral mexicana prevé un escenario de suspensión de comicios; todos los organismos locales tienen la obligación de acatar las disposiciones constitucionales y legales –concluyó Baños.

El consejero Alfredo Figueroa aseguró que el asesinato del abanderado priísta es indignante, pero consideró que frente a estos hechos de violencia la respuesta social e institucional es la participación en las elecciones. En cuanto a la posibilidad de aplazar los comicios, dijo que los consejeros locales deberán revisar las alternativas jurídicas y utilizar los mecanismos que le ofrezcan para manejar salidas en el marco de la ley.

El consejero Marco Antonio Gómez Alcántar advirtió que la ejecución ocurrida en esa entidad enciende focos rojos en el sistema democrático mexicano, que es necesario reflexionar una vez transcurridas las elecciones locales del próximo domingo. Hay que hacer una evaluación clara y profunda de lo que está sucediendo, para no seguir por el camino que llevamos, pero refirió que a quien le toca garantizar el clima propicio de seguridad y tranquilidad es a la Secretaría de Gobernación.

Falta de recursos y voluntad política para cumplir sentencia de CoIDH

Por Gladis Torres Ruiz

México DF, 28 jun 10 (CIMAC).- Con informes poco claros y contradictorios, funcionarias y funcionarios del gobierno federal, y de Chihuahua, confirmaron esta semana que el Estado mexicano, “continúa simulando” en el combate al feminicidio.

Durante cuatro reuniones, convocadas por la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, para que autoridades federales y locales informaran las acciones que les competen para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el feminicidio del “Campo Algodonero”, las y los funcionarios trataron de explicar las acciones implementadas, sin que sus argumentos fueran suficientes y convincentes.

José Antonio Guevara Bermúdez titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG) informó en 5 minutos, que el cumplimiento y ejecución involucra la responsabilidad y participación coordinada de los tres poderes del “estado de Chihuahua apoyados por el gobierno federal”.

Dijo que esa Unidad, que está “facultada para atender las recomendaciones dictadas por organismos internacionales”, es la responsable de coordinar el cumplimiento total de los puntos resolutivos de la sentencia.

Ante la presidenta de la Comisión Especial, Teresa Incháustegui Romero, dijo que “el rol de la SG es coordinar a las autoridades a nivel local, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), área sustantiva y motor real de los temas relativos a la sentencia”.

Tal como lo señala el informe de las abogadas de las víctimas, enviado el 11 de junio a la CoIDH, Guevara Bermúdez reiteró que uno de los grandes retos para cumplir la sentencia es que en el país “no existe un fondo para el cumplimiento de sentencias”. Y que además es necesario contar con “una ley de coordinación de las autoridades con el sistema interamericano”.

De tal forma que, a seis meses de que se publicó la sentencia, se han detectado fallas e incongruencias para su cabal cumplimiento.

Entre ellas, se destaca la falta de presupuesto, y la inexistencia de un mecanismo que coordine su ejecución, es decir, ninguna autoridad responde efectiva y eficazmente a las víctimas del caso “Campo Algodonero”.


SIMULACIÓN OFICIAL

Sobre los resolutivos que se refieren a la atención médica y el pago de la indemnización a familiares de las víctimas, autoridades federales y estatales, se señalaron unas a otras como las responsables. Después de varios titubeos, se aclaró que el monto es de 851 mil dólares, sin embargo no hay acuerdo de quién lo pagará.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Chihuahua, informó que la atención médica para los familiares de las víctimas, se brinda en los hospitales estatales “integrales y de especialidades del estado” y que incluso han ofrecido que las y los médicos “vayan hasta su casa”.

No obstante, el informe de las abogadas detalla, que a la fecha no han recibido atención especializada, y mucho menos medicamentos para enfermedades específicas. “únicamente reciben la atención que el gobierno ofrece para toda la población en general”.

Respecto al resolutivo que indica que México debe estandarizar todos los protocolos y manuales de investigación con perspectiva de género, de delitos relacionados con las desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, la Procuraduría informó que “se contratarán expertos internacionales para que realicen la estandarización de los mismos”.

Durante la tercera reunión con diputadas, Jessica de la Madrid, directora general de Cooperación internacional, precisó que para la contratación de los expertos se solicitó ayuda económica a la comunidad europea. A pregunta expresa de las legisladoras sobre la cantidad de la que se estaba hablando, la funcionaria no respondió.

Dijo que para cumplir con el resolutivo que indica que el Estado deberá, dentro del plazo de un año, crear una base de datos que contenga información personal, genética celular, el FBI, “donará a nuestro país” un Software denominado “codis”, con el que se tiene previsto realizar el banco de datos nacional.

EN JUÁREZ YA NO HAY FEMINICIDIO

A pesar de que la cita era para dar a conocer las acciones realizadas para cumplir la sentencia, durante la última reunión en San Lázaro, la titular de la PGJ de Chihuahua, Patricia González, presentó un informe de las acciones emprendidas en materia de asesinatos de mujeres en el estado de 2004 a 2010.

Respecto a las tres víctimas, por las que la CoIDH emitió la sentencia; Laura Berenice, Esmeralda Herrera, y Claudia Ivette, afirmó, que se “tienen grandes posibilidades y avances para capturar a los responsables”.

A pregunta expresa de Cimacnoticias sobre las acciones precisas para cumplir la sentencia de diciembre de 2009 a la fecha, indicó que serían entregadas a las diputadas en un informe.

Cabe destacar que a estas reuniones fueron convocados el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, funcionarios que no asistieron, hecho que fue calificado por las legisladoras como falta de interés y compromiso para atender con sus obligaciones.

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CONTEXTO

En caso de sentencia de CoIDH por caso “Campo Algodonero”

Evade Estado pago de indemnizaciones y reintegro de costas y gastos

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 28 jun 10 (CIMAC).- El 10 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) publicó la sentencia que condena al Estado mexicano por no prevenir, investigar, ni actuar con celeridad para erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.

En ella, ordenó, entre otras cosas, indemnizar económicamente a las familias de las 3 víctimas. Seis meses después, el Estado argumenta que no tener recursos económicos para cumplir con la sentencia.

Cuando la CoIDH determina que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención Americana, dispondrá, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

En la disposición 25 de la sentencia conocida como “Campo Algodonero”, la CoIDH señala que México deberá pagar indemnizaciones y compensaciones por daños materiales e inmateriales, y el reintegro de costas y gastos para las y los familiares de las víctimas y sus abogadas.

Según José Antonio Guevara Bermúdez, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), la cantidad requerida para estos efectos es de 851 mil dólares, sin embargo, el funcionario informó la semana pasada, que autoridades estatales y federales, no han llegado a un acuerdo sobre a quién le corresponde realizar el pago.

Situación que deberán resolver en el próximo mes ya que la disposición de la CoIDH señala que: “El Estado deberá, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta sentencia, pagar las cantidades fijadas en los párrafos 565, 566, 577, 586 y 596 de la presente sentencia…”

Esta no es la primera vez que el Estado mexicano trata de evadir la compensación económica para las y los familiares de las víctimas, como se destaca en el libro: “Campo Algodonero”, un análisis detallado y las propuestas para el seguimiento de la sentencia de la CoIDH en contra del Estado mexicano”.

En dicho proceso, el Estado alegó que ya había proporcionado montos económicos que debían ser tomados como parte de las indemnizaciones y compensaciones.

Ello, mediante el “Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres”, que fue creado para indemnizar a familiares de las víctimas de feminicidio de Ciudad Juárez.

Sin embargo, en la investigación la Corte confirmó que los montos otorgados a través de este fondo, no constituían indemnización, o reparación del daño, y corroboró también, que al entregar el auxilio económico, el Estado lo condicionó, a que las madres renunciaran a su derecho de solicitar, a las autoridades competentes, estudios de ADN, o las diligencias para reconocer la identidad de los cuerpos que les habían entregado como de sus hijas.

El libro, editado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, precisa que ante ello la Corte sostuvo que de ninguna manera consideraría estos recursos como una forma de reparación por daño material a las víctimas.

Consideró que no puede confundirse la presentación de servicios sociales, que el Estado brinda a las y los individuos, con las reparaciones a las que tienen derecho las víctimas de violaciones de derechos humanos, en razón del daño específico, generado por la violación.

Este ejemplo, da cuenta de algunas de las formas establecidas hasta ahora por el Estado que pueden confundirse con la reparación del daño, y deben ser documentadas como formas de violación de derechos en otros casos semejantes, añaden las organizaciones.

En el párrafo 601 de la sentencia, se indica que en caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adecuada, correspondiente al interés bancario moratorio en México.

Sin embargo, en un informe realizado y enviado el pasado 11 de junio a la CoIDH, por la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CDIM) y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), se advierte que el cumplimiento de las sentencias debe ser considerado parte integrante del derecho de acceso a la justicia, entendido éste en sentido amplio.

Por lo que:”Si el Estado responsable no ejecuta en el ámbito interno las medidas de reparación dispuestas por la Corte estaría negando el derecho de acceso a la justicia internacional”

Tras el decreto de extinción, perdí 10 kilos de la pura pena

A urgencias, dos trabajadores del SME en huelga de hambre

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Lunes 28 de junio de 2010, p. 17

La madrugada de ayer domingo debió ser trasladado de emergencia a los servicios hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el trabajador del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Rodrigo Daniel Gutiérrez Villegas, quien se encontraba en huelga de hambre desde hace casi dos meses.

Gutiérrez Villegas empezó a presentar problemas gástricos y de diversa índole, lo que comprometió su salud, según los reportes médicos de los doctores que apoyan el campamento instalado en el Zócalo capitalino.

Por ello, de inmediato fueron pedidos los servicios de ambulancia para enviar al trabajador a recibir atención en la clínica 26 del IMSS, aseguró un vocero del SME.

También se informó que en el transcurso de la mañana de ayer fue trasladado a Urgencias Isaías Vázquez, otro trabajador en ayuno que manifestó sentirse mal y que tras la revisión médica se determinó que lo mejor sería transferirlo al hospital a fin de que sea examinado.

Cabe referir, según comentaron trabajadores que ya estuvieron en huelga de hambre y que han sido dados de alta de la clínica 26 del IMSS, que les ha resultado muy difícil recuperarse, ya que quedan sumamente débiles y afectados en diversos órganos. Por ejemplo, si bien el organismo requiere proteínas, no las pueden consumir, ya que deben empezar a ingerir los alimentos poco a poco. Además necesitan una medicación permanente y el organismo queda sumamente afectado sobre todo riñones e hígado, y se altera la presión arterial, entre otros.

Nos ha costado mucho trabajo la recuperación, tratamientos y mucha fuerza de voluntad para salir adelante de todos los problemas ocasionados por el fuerte ayuno al que nos sometimos en esta protesta para buscar rescatar nuestra fuente de trabajo, señaló la primera trabajadora que tuvo que salir de esta huelga de hambre, porque las fuerzas no le dieron para más. Tras el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, explica, perdió 10 kilogramos de la pura pena, es decir, antes de la huelga. No obstante, asegura que volvería a ponerse en ayuno en esta lucha.

El daño es mayor que en 2006: politólogos

Actos ilegales, por falta de calidad de los candidatos

Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada
Lunes 28 de junio de 2010, p. 10

Politólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalaron que los partidos políticos hicieron uso de las campañas sucias en los actuales procesos electorales porque carecen, en buena medida, de candidatos con experiencia en la administración pública, de propuestas y de respeto a la democracia.

Manuel Quijano y Martha Singer, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, advirtieron que al extralimitarse en las contiendas –con el uso de actos ilegales–, los institutos políticos dañaron al proceso democrático tanto o más que en 2006, y abrieron el camino para que en algunos estados, como Oaxaca, Puebla, Veracruz y Sinaloa, se vivan conflictos poselectorales.

“Mucho me temo –aseguró Quijano– que estas elecciones son el anuncio de lo que vendrá en 2012. Hoy en día todos los analistas estamos observando el peor escenario de la lucha por el poder”, donde se extralimita no sólo lo legal, sino el espíritu de la democracia. Vamos camino de regreso, en vez de avanzar, pese al precedente que dejaron los comicios de 2006 y la incapacidad de las autoridades, en ese momento, para limpiar la elección y definir la contienda en términos legales. Lo que está haciendo mucha falta es el estado de derecho. Es lo que estamos extrañando.

¿Dónde está la legalidad?”, se preguntó a su vez Martha Singer.

Acusó que en lugar de elevar el debate político, las actuales campañas electorales en 15 estados –12 por gubernaturas– cancelaran esa posibilidad. Lo que tenemos es una contienda de poderes fácticos, de cúpulas partidistas, que han llevado a un extremo que no habíamos imaginado: las campañas negativas como el eje de la contienda, la descalificación del adversario, el uso de los recursos públicos de una manera realmente abierta y frontal.

Los dos criticaron que en este contexto el presidente Felipe Calderón anunció el retiro paulatino de la tenencia, como un acto indirecto de campaña. Fue una especie de desesperación por utilizar todos los recursos al alcance para favorecer al PAN en estas contiendas, citó Singer.

Para Quijano, los partidos políticos recurrieron a campañas sucias –uso de grabaciones ilegales para exhibir a gobernadores priístas; fuertes acusaciones contra candidatos para sacarlos de la contienda, utilización de recursos públicos para posicionar a sus abanderados, injerencia de ejecutivos estatales en órganos electorales…– por falta de calidad de sus candidatos.

Empresa privada sólo trabajará información de entre 1930 y 1950

Descartan que se reclasifiquen documentos de la guerra sucia

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Lunes 28 de junio de 2010, p. 13

El acuerdo entre el Colegio Nacional de Archivistas y el Archivo General de la Nación (AGN) es para “trabajar los documentos más antiguos, lo que no se ha tocado, que está encajonado, y específicamente información de los años 30 a 50, que no tienen que ver con que la guerra sucia, que es la información más manipulada, más revuelta y que se está trabajando”, afirmó Ramón Aguilera Murguía, quien reconoció haber trabajado en los años 80 en la Secretaría de Educación Pública y haber realizado labores de organización archivística del mismo periodo a la que ahora pretende acceder y elaborada por la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS).

Durante una entrevista con La Jornada, Aguilera Murguía afirma contar con autorización de la organización Archiveros Sin Fronteras para utilizar su nombre, su logotipo y firmar convenios como el pactado con el AGN en febrero pasado. También dijo haber trabajado en el IFE en 2006.

Ramón Aguilera Murguía y Jorge Nacif Mina, directores del Colegio Nacional de Archivistas, fueron señalados por Patricia Galeana, ex directora del AGN, como parte de un grupúsculo que ha hecho su agosto con la firma de convenios para la organización de archivos históricos.

Al respecto, Aguilera Murguía señaló: “tengo 32 años trabajando archivos. Soy un profesionista. También cobro por mi trabajo, vivo de él. Soy archivista. De esos 32 años, sólo uno trabajé en el gobierno. Toda mi vida he trabajado por mi cuenta en instituciones como la Ibero; en muchas universidades he dado clases.

Soy emprendedor, pero es muy diferente una actividad de una organización no gubernamental, que no tiene fines de lucro. Otra cosa es una actividad empresarial que sí hago. Soy especialista en el tema y eso es válido mientras lo haga correctamente y pague mis impuestos.

–Corren versiones que señalan que hizo labores de valoración de documentos para su destrucción en el IFE. ¿Entre ellos estuvieron las boletas de los comicios de 2006?

–Efectivamente nos invitaron a hacer un trabajo aproximadamente hace cuatro años. Consistió en describir lo que se llama archivo de concentración, documentos que ya no son administrativamente usados por las áreas, las oficinas, las unidades administrativas.

Vimos documentos que ya perdieron su vigencia administrativa legal, fiscal. En ese archivo de concentración no había las dichosas boletas porque son recientes. Nosotros trabajamos con documentación más antigüita, que ya no tiene vigencia. Las boletas tenían vigencia. Nosotros no destruimos nada.

–¿Usted trabajó también con Jorge Nacif en la SEP?

–En la SEP trabajé yo.

–¿Qué trabajo realizó?

–Se hizo un trabajo de archivo histórico.

–Se habla de la localización específica de documentos relacionados con maestros y otras de movimientos sociales en 1940.

–No recuerdo. Lo que se hizo fue un inventario de la información que abarcar desde la época del porfiriato hasta los años 50. De ahí en adelante no se tocó para nada.

Tres indígenas heridas en San Juan Copala

Octavio Vélez Ascencio

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 28 de junio de 2010, p. 9

Oaxaca, Oax., 27 de junio. Un grupo paramilitar vinculado a la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) hirió anoche a las indígenas Marcelina de Jesús López, Celestina Cruz y a la niña Miriam Martínez, de ocho años de edad, durante un nuevo ataque con armas de fuego ocurrido anoche en el municipio autónomo de San Juan Copala, en la región de la Mixteca.

El vocero de la autoridad local, Casimiro Martínez Aguilar, dijo que los atacantes se parapetaron en las instalaciones del antiguo cuartel militar, en una loma cercana, y desde ahí abrieron fuego cerca de las 20 horas, cuando las víctimas salían del palacio municipal tras dialogar con el alcalde Jesús Martínez.

AMÉRICA DEL VALLE- CLAMA ASILO

Envía carta al embajador de Venezuela

Respalda Rosario Ibarra petición de asilo para América del Valle

La activista, en riesgo por la represión

Iría contra la tradición democrática de Venezuela dejar desamparada a América del Valle, dice la senadora Rosario Ibarra

Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Domingo 27 de junio de 2010, p. 11

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, se unió a las voces de intelectuales, de la premio Nobel de la Paz Jody Williams y de activistas, que piden al gobierno de Venezuela conceder asilo político a América del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

La senadora del Partido del Trabajo (PT) dijo que hará llegar su petición al embajador de Venezuela en México, Trino Alcides, y al propio presidente Hugo Chávez, de ser necesario, ya que América del Valle sufre persecución política en México y en caso de no lograr el asilo en la patria de Simón Bolívar quedará expuesta a la represión que ya padece su padre, Ignacio del Valle, sentenciado a 112 años de prisión por haber encabezado el movimiento de defensa de Atenco.

Dirigente también del Grupo Eureka!, Rosario Ibarra sostuvo que a América del Valle no le quedó más opción que pedir asilo a la embajada de Venezuela. ¡Qué más podía hacer si tiene infinidad de órdenes de aprehensión en su contra, si tiene cuatro años de vivir escondida, bajo la amenaza primero del gobierno de Fox y ahora de Felipe Calderón, que no le perdonan ser una luchadora social!

Demanda castigo para los verdaderos criminales

Agregó que Calderón se ha ensañado con su padre, Ignacio del Valle, quien fue sentenciado a 112 años de prisión, junto con otros 11 luchadores de Atenco. Los mantienen en cárceles de alta seguridad, incomunicados, mientras los verdaderos criminales, los responsables de la muerte de 49 niños en la guardería ABC y otros maleantes, viven en la impunidad.

Por todo ello, a su juicio el gobierno de Venezuela no le puede negar el asilo político. Se los voy a pedir encarecidamente, porque iría en contra de la tradición democrática de esa nación que la dejaran desamparada.

La senadora Ibarra comentó que espera la resolución de la Suprema Corte en el caso de los presos políticos de Atenco, a ver si en realidad los ministros son supremos y echan abajo esa injusticia.

Por otra parte, el senador del PRI Rogelio Rueda consideró que es un asunto delicado, que abre un frente más al gobierno de Felipe Calderón, ya que el hecho de que una ciudadana mexicana solicite asilo en un sede diplomática extranjera significa que algo anda mal en el país en materia de justicia y derechos humanos.

HUELGA DE HAMBRE NO INTERESA AL GOBIERNO

La resistencia le ha enseñado a valorar al sindicato; rara vez acudía a la base

Sólo muerto o para ir a trabajar dejaré la lucha: ayunante Miguel Ángel Pérez

Cumplen trabajadores de Luz y Fuerza 60 días en huelga de hambre en el Zócalo

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 27 de junio de 2010, p. 12

De aquí me sacan con las patas por delante o caminando a mi trabajo, dice Miguel Ángel Pérez, coordinador de cuadrilla (sobrestante) de cables subterráneos, quien ayer cumplió 60 días en huelga de hambre, a pesar de que en sus 22 años de antigüedad en Luz y Fuerza del Centro (LFC) rara vez se acercaba por el sindicato.

“A diferencia de mi hermano, que era representante y a quien nada más le faltaba un mes para jubilarse, yo no era político. Es más, ni siquiera conocía físicamente a mis líderes, mucho menos sabía quién era el prosecre- tario de tal o cual cosa; francamente iba al sindicato por obligación, a votar, y de repente a las asambleas. No era como otros compañeros que ven al dirigente y hasta se pelean por ir a saludarlo. Yo estaba muy a parte. La verdad, no me sabía ni la historia del SME.

¿Que dónde estaba el 10 de octubre de 2009? (noche en que la Policía Federal tomó LFC, unas horas antes de publicarse el decreto presidencial de extinción de este organismo).

¡Pues viendo el futbol! Soy aficionado de corazón! Ahorita me levanté nada más para ir a ver el partido de Estados Unidos contra Ghana”, cuenta Miguel, acostado en el catre en el que ha dormido los últimos dos meses, en el plantón que instaló el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en el Zócalo capitalino.

De los 44 mil trabajadores que integraban la plantilla de Luz y Fuerza del Centro, 17 mil 300 mantienen la resistencia.

La Plaza de la Constitución alberga desde hace 63 días la protesta de los electricistas y, desde el 11 de junio pasado, también a las megapantallas para la transmisión de los partidos del Mundial de futbol.

Son las cuatro de la tarde y las pantallas fueron apagadas momentáneamente para dar paso a la actuación de un grupo musical. Los decibeles son muchos; las lonas y los catres vibran.

El albazo

Nunca me imaginé estar en esto, relata Miguel Ángel Pérez. Hace poco más de ocho meses, el 10 de octubre, en punto de las once de la noche, recibí un mensaje al celular que todavía guardo: ‘Todos al SME. El gobierno tomó las instalaciones. Pasa el mensaje’.

“En los días posteriores, mi cabeza daba vueltas. A veces me levantaba de madrugada totalmente decidido a firmarles el finiquito pero luego me arrepentía y así una y otra vez. Fue hasta que mi compañero Jhonatan (también de cables subterráneos y en huelga de hambre) me dijo: ‘no guey, aguantemos, no te liquides. Lo que nos hizo el gobierno fue una injusticia’”.

Integrantes del SME reciben terapiaFoto Roberto García Ortiz

Ahora, después de 60 días de consumir sólo agua, miel y suero, Miguel Ángel ha perdido muchos kilos. No sabe cuántos, quizá 15 o 20, pero se niega a pesarse porque, dice Miguel Ángel, me traumo.

“Ya le ha agarrado cariño al SME porque me di cuenta que, como dicen por ahí, mi sindicato me dio casa, vestido y sustento; además un empleo estable, digno, que me permitió seguir en capacitación y hasta tener un hobbie (entrenador profesional de perros).

Ahora mi convicción es muy firme. Vale la pena estar aquí no sólo para conmover a los ministros o al gobierno sino para defender al pueblo, a los otros sindicatos que les quieren dar en la torre.

Mientras, en el mismo campamento, otros diez electricistas que se incorporaron a la protesta hace nueve días, apenas se van acostumbrando a no comer, a bañarse en instalaciones improvisadas en pleno Zócalo y a batallar con los moscos. Ya dejamos el coraje, el miedo y la frustración. Ahora tenemos calma y nos preparamos para lo que venga, expresa Fernando Martínez, uno de los nuevos huelguistas.

Atrás, está el ingeniero Cayetano, ahora con 63 días en ayuno. Un día más de quien, como los otros 23, tiene una historia qué contar. En la entrada del campamento hay una manta con la imagen de este profesor de ingeniería en el IPN y un artista ya le ha compuesto una canción en sólo un momento.

Desde hace cuatro días no ha salido al hospital ningún huelguista; ahí sigue Hugo Vargas, con la foto de su hijo de prescolar a un lado, y Carlos Godínez, operador de líneas aéreas, por mencionar algunos que –a diferencia de la antigua apatía de Miguel Ángel– siempre han sabido la historia sindical y hasta la de los respectivos departamentos, desde que eran, por ejemplo, parte de la Mexican Light and Power.

Por lo menos hasta la noche del sábado no habían llamado de nueva cuenta a la ambulancia. Se encuentran estables, informó el doctor José Luis Valverde, quien es, a la vez, otro de los 17 mil 300 en resistencia. Este especialista con posgrado en medicina del trabajo integraba parte de la Subgerencia de Seguridad e Higiene de Luz y Fuerza.

Por la miel se mantienen lúcidos. Las neuronas se alimentan principalmente de glucosa; sabemos que una depresión puede derivar incluso en un paro cardiaco, pero no hay literatura médica acerca de cuánto tiempo resiste el cuerpo si tiene detrás espíritu de lucha.

ACTOS IMPUNES: ESTADO INCAPAZ DE DAR JUSTICIA

Exigen castigo para asesinos de Aguas Blancas

Misael Habana, corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 27 de junio de 2010, p. 12

Acapulco, Gro., 26 de junio. Unas 50 personas de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Políticos de México (Afadem) marcharon por la avenida costera para recordar a los 17 campesinos asesinados el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, y exigir castigo a los responsables.

Los contingentes iniciaron la marcha a las nueve de la mañana de este sábado en el asta bandera frente al parque Papagayo y caminaron unos tres kilómetros hasta el zócalo de la ciudad, donde concluyeron con un mitin.

Después de exigir castigo a los responsables de la matanza durante el gobierno Rubén Figueroa Alcocer, Julio Mata, dirigente de la Afadem, invitó a la población a marchar el próximo lunes 28 de junio en Aguas Blancas, donde se llevará a cabo la ceremonia para recordar a las víctimas.

QUEJAS POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

Las denuncias, durante la guerra de Calderón contra el narco

Contra SSP y Sedena, más de 6 mil quejas por violaciones a derechos

Recibe Seguridad Pública 15 recomendaciones y el Ejército 51

Veinte mil policías federales participan en acciones de disuasión contra el crimen organizado, asegura la Secretaría de Seguridad Pública. En la imagen, agentes que presentaron el pasado día 23 a Francisco Barreto, El Contador, acusado de traficar drogas para la organización delictiva de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie Foto Ap

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Domingo 27 de junio de 2010, p. 5

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal es una de las dependencias que reciben mayor número de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos desde que se inició el gobierno de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico, al sumar 3 mil 44 de enero de 2007 a marzo de 2010.

De acuerdo con registros oficiales, la dependencia reporta aproximadamente 15 por ciento menos quejas que la Secretaría de la Defensa Nacional (3 mil 430 casos), a pesar de que participan alrededor de 20 mil policías federales en acciones preventivas o de disuasión contra el crimen organizado, por más de 90 mil soldados que efectúan tareas de seguridad pública y combate contra grupos delincuenciales.

Sin embargo, las quejas por violaciones a las garantías individuales por servidores públicos de la SSP federal no sólo tienen que ver con uno de los cuerpos de la Policía Federal que se busca sea modelo a seguir en todo el país, sino comprenden áreas relacionadas con prisiones, el llamado Servicio de Protección Federal (dedicado a custodiar inmuebles de la administración pública federal) y hasta el Consejo de Menores, cuya responsabilidad se transfirió al Gobierno del Distrito Federal.

Mediante una solicitud de información pública, la SSP federal reveló que del primero de enero de 2007 al 26 de marzo de 2010 se registran 3 mil 44 quejas contra personal adscrito a la SSP y sus órganos administrativos desconcentrados: Policía Federal; Prevención y Readaptación Social; Servicio de Protección Federal, y Consejo de Menores. Este último hasta el 6 de octubre de 2008, debido a que pasó a depender de la administración del Gobierno del Distrito Federal.

Del total de quejas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha concluido mil 547 de la siguiente manera: 15 se convirtieron en recomendaciones y 128 se resolvieron mediante conciliaciones con los afectados.

Un total de mil 404 concluyeron por orientación al quejoso; en los casos de falta de competencia de la CNDH, por no tratarse de violaciones a garantías básicas, no responsabilidad, desistimiento o falta de interés del quejoso, o por no existir materia para seguir conociendo el asunto, sin que se precisara qué cantidad corresponde a cada rubro.

Respecto del número de funcionarios sancionados por atropellos a derechos humanos, la SSP federal remitió al solicitante a pedir el dato al órgano interno de control que depende de la Secretaría de la Función Pública, argumentando que esas instancias son las encargadas de sancionar o determinar la remoción de los servidores públicos.

En ese contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha informado que durante la administración del presidente Felipe Calderón ha recibido 3 mil 430 quejas por presuntas violaciones a las garantías individuales cometidas por personal militar, de las cuales 51 han derivado en recomendaciones.

La Sedena es más precisa en cuanto a la evolución de las quejas. Del total, 27 se convirtieron en averiguaciones previas que se están integrando y seis son causas penales en proceso ante jueces militares. Además, en 10 casos se determinó su envío al archivo por no encontrarse responsabilidad penal de los inculpados, en cuatro se inició procedimiento administrativo y en tres se concluyó la averiguación previa comenzada sin acreditar conductas ilícitas.

De acuerdo con el tercer Informe de gobierno de Felipe Calderón, uno de los objetivos de la SSP federal es atender e investigar las quejas y denuncias de presuntas violaciones en materia de derechos humanos contra servidores públicos de la secretaría, para en su caso sancionar a los responsables. Otro eje de esa institución en materia de garantías individuales es formar una cultura institucional de derechos humanos que garantice que la actuación de sus funcionarios esté apegada a la legalidad.

La SSP ha dado prioridad a la protección de los derechos humanos en el ejercicio de la función policial, así como de auxilio a víctimas de violencia, delito y abuso de poder. Para ello atiende los requerimientos y recomendaciones de los órganos defensores de las garantías básicas, promueve la cooperación con instancias institucionales y de la sociedad civil en la materia, y fomenta la adopción de métodos alternos para la solución pacífica de conflictos en el ámbito de la seguridad pública. Asimismo, se han creado protocolos y guías modelo de atención victimológica, se han impartido cursos de especialización a servidores públicos en temas de apoyo a víctimas, se ha impulsado la promoción e integración de redes de apoyo social e institucional, y la conformación de grupos de autoayuda de la sociedad civil.

Sin embargo, durante la administración federal la CNDH ha emitido recomendaciones a la SSP federal debido a que sus funcionarios han incurrido en casos de violación a la integridad física y sicológica; liberación extemporánea; discriminación por discapacidad física; allanamiento, detención arbitraria y tortura, y violación al derecho de legalidad y seguridad jurídica, de acuerdo con datos de la Dirección General de Derechos Humanos de la SSP federal.