Falta de recursos y voluntad política para cumplir sentencia de CoIDH
es RuizMéxico DF, 28 jun 10 (CIMAC).- Con informes poco claros y contradictorios, funcionarias y funcionarios del gobierno federal, y de Chihuahua, confirmaron esta semana que el Estado mexicano, “continúa simulando” en el combate al feminicidio.
Durante cuatro reuniones, convocadas por la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, para que autoridades federales y locales informaran las acciones que les competen para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el feminicidio del “Campo Algodonero”, las y los funcionarios trataron de explicar las acciones implementadas, sin que sus argumentos fueran suficientes y convincentes.
José Antonio Guevara Bermúdez titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG) informó en 5 minutos, que el cumplimiento y ejecución involucra la responsabilidad y participación coordinada de los tres poderes del “estado de Chihuahua apoyados por el gobierno federal”.
Dijo que esa Unidad, que está “facultada para atender las recomendaciones dictadas por organismos internacionales”, es la responsable de coordinar el cumplimiento total de los puntos resolutivos de la sentencia.
Ante la presidenta de la Comisión Especial, Teresa Incháustegui Romero, dijo que “el rol de la SG es coordinar a las autoridades a nivel local, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), área sustantiva y motor real de los temas relativos a la sentencia”.
Tal como lo señala el informe de las abogadas de las víctimas, enviado el 11 de junio a la CoIDH, Guevara Bermúdez reiteró que uno de los grandes retos para cumplir la sentencia es que en el país “no existe un fondo para el cumplimiento de sentencias”. Y que además es necesario contar con “una ley de coordinación de las autoridades con el sistema interamericano”.
De tal forma que, a seis meses de que se publicó la sentencia, se han detectado fallas e incongruencias para su cabal cumplimiento.
Entre ellas, se destaca la falta de presupuesto, y la inexistencia de un mecanismo que coordine su ejecución, es decir, ninguna autoridad responde efectiva y eficazmente a las víctimas del caso “Campo Algodonero”.
SIMULACIÓN OFICIAL
Sobre los resolutivos que se refieren a la atención médica y el pago de la indemnización a familiares de las víctimas, autoridades federales y estatales, se señalaron unas a otras como las responsables. Después de varios titubeos, se aclaró que el monto es de 851 mil dólares, sin embargo no hay acuerdo de quién lo pagará.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Chihuahua, informó que la atención médica para los familiares de las víctimas, se brinda en los hospitales estatales “integrales y de especialidades del estado” y que incluso han ofrecido que las y los médicos “vayan hasta su casa”.
No obstante, el informe de las abogadas detalla, que a la fecha no han recibido atención especializada, y mucho menos medicamentos para enfermedades específicas. “únicamente reciben la atención que el gobierno ofrece para toda la población en general”.
Respecto al resolutivo que indica que México debe estandarizar todos los protocolos y manuales de investigación con perspectiva de género, de delitos relacionados con las desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, la Procuraduría informó que “se contratarán expertos internacionales para que realicen la estandarización de los mismos”.
Durante la tercera reunión con diputadas, Jessica de la Madrid, directora general de Cooperación internacional, precisó que para la contratación de los expertos se solicitó ayuda económica a la comunidad europea. A pregunta expresa de las legisladoras sobre la cantidad de la que se estaba hablando, la funcionaria no respondió.
Dijo que para cumplir con el resolutivo que indica que el Estado deberá, dentro del plazo de un año, crear una base de datos que contenga información personal, genética celular, el FBI, “donará a nuestro país” un Software denominado “codis”, con el que se tiene previsto realizar el banco de datos nacional.
EN JUÁREZ YA NO HAY FEMINICIDIO
A pesar de que la cita era para dar a conocer las acciones realizadas para cumplir la sentencia, durante la última reunión en San Lázaro, la titular de la PGJ de Chihuahua, Patricia González, presentó un informe de las acciones emprendidas en materia de asesinatos de mujeres en el estado de 2004 a 2010.
Respecto a las tres víctimas, por las que la CoIDH emitió la sentencia; Laura Berenice, Esmeralda Herrera, y Claudia Ivette, afirmó, que se “tienen grandes posibilidades y avances para capturar a los responsables”.
A pregunta expresa de Cimacnoticias sobre las acciones precisas para cumplir la sentencia de diciembre de 2009 a la fecha, indicó que serían entregadas a las diputadas en un informe.
Cabe destacar que a estas reuniones fueron convocados el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, funcionarios que no asistieron, hecho que fue calificado por las legisladoras como falta de interés y compromiso para atender con sus obligaciones.
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