Notifican a CoIDH desacato de Estado mexicano a disposiciones de sentencia

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 14 junio 10 (CIMAC).- Organizaciones de la sociedad civil enviaron un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), para notificarle de manera formal que el Estado mexicano no está cumpliendo la sentencia emitida por este organismo internacional por el Caso "Campo Algodonero". Hasta el momento de las 16 disposiciones que estableció sólo ha cumplido con la de publicar la sentencia en algunos medios impresos.

Lo anterior lo informó la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CDIM) y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quienes precisaron que las y los familiares de las víctimas y sus representantes enviaron este día a la CoIDH este primer informe.

En entrevista telefónica David Peña Rodríguez, abogado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), indicó que si bien es cierto la Corte establece a México el plazo de un año para entregar el primer informe de cumplimiento; el enviado hoy responde a que el pasado 10 de junio se cumplió el plazo de seis meses establecidos para la publicación de la página electrónica con información de mujeres, jóvenes y niñas desparecidas de 1993 a la fecha en Chihuahua. “Disposición que no se cumplió”.

Además de que busca sentar precedentes visibilizando la falta de voluntad política del Gobierno para acatar el fallo, sabemos que aún faltan seis meses para que el Estado entregue su primer informe, sin embargo con esta iniciativa propia ponemos en antecedentes a la CoIDH.

“Si en diciembre el Estado presenta un informe donde indique que sí está cumpliendo con las disposiciones de la sentencia, con el que nosotros presentamos hoy quedará claro que no se está haciendo en tiempo y forma”, enfatizó Peña Rodríguez.

Agregó que de las 16 disposiciones, y en concreto, de las 2 acciones que tenía que haber cumplido dentro del primer semestre posterior a la publicación de la sentencia (emitida el 10 de diciembre de 2009), sólo ha cumplido con la publicación de la misma.

En este primer informe se expone la falta de voluntad para dar puntual cumplimiento a los resolutivos que ya se vencieron para ser acatados, y los que tendrían que estar en proceso de construcción e implementación.

Lo anterior, rumbo al primer aniversario de la publicación de la sentencia, fecha en que se vence el segundo grupo de obligaciones para todas las instancias del gobierno mexicano.

En el documento enviado hoy a la CoIDH, se informa de manera particular sobre el incumplimiento de cuatro disposiciones, las cuales deberían encontrarse en proceso o haberse cumplido ya.

Las organizaciones señalan que una de ellas, es la que se refiere a la atención médica, psicológica gratuita a las y los familiares de las víctimas.

El gobierno se ha negado a garantizar estos servicios más allá de los propios servicios universales públicos que ofrece para toda la población en general, sus argumentos son la “falta de presupuesto”.

Sobre la página Web de niñas y mujeres desaparecidas, afirman que ésta es inexistente, ya que no hay ningún portal de internet de dependencia estatal o federal que consigne dicha información.

Sobre el proceso penal para identificar, procesar y en su caso sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes Gonzáles, Herrera y Ramos, el Estado mexicano se ha negado a reiniciarlas.