14/06/2010

Delitos impunes, a pesar de que la CIDH pidió enviarlos a la vía civil

Suma justicia militar 5 casos de violación a mujeres indígenas

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 14 jun 10 (CIMAC).- Desde hace nueve años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado mexicano que fuera la justicia civil quien investigara la violación sexual ejercida por militares en perjuicio de tres mujeres indígenas, no obstante, hoy dicha recomendación no se ha cumplido y a ella se han sumado dos casos similares en la jurisprudencia militar.

El 4 de abril de 2001, fue la primera vez que la CIDH exhortó al gobierno mexicano trasladar a la Procuraduría General de la República (PGR) un caso de violación sexual ejercida por soldados, esto con el objetivo de juzgar con mayor efectividad a los miembros de las fuerzas armadas que incurrieran en violaciones contra los derechos humanos.

Dicha recomendación del organismo internacional fue por el caso de Ana, Beatriz y Celia González Pérez (nombres ficticios), de tres indígenas tzeltales, que el 4 de junio de 1994 fueron detenidas en un retén militar, instalado tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas.

Cabe recordar que las hermanas González Pérez y su madre, Delia Pérez de González fueron interrogadas y privadas de su libertad durante dos horas. En tanto, las tres hermanas fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares. Después de lo ocurrido, el 30 de junio de 1994, las jóvenes agredidas -de 20, 18 y 16 años de edad- presentaron una denuncia ante el Ministerio Público Federal.

SIN JUSTICIA EXPEDITA

Sin embargo, el 2 de septiembre de 1994, el expediente de dicha denuncia fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar, quién dos años después, en febrero de 1996, decidió archivar el expediente con el argumento de: “la falta de comparecencia de las víctimas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas”.

Cabe mencionar que el 17 de septiembre de ese año, la defensa de las víctimas presentó un amparo para evitar que la justicia militar investigara el caso, pero éste fue negado.

Este hecho permitió que el caso permaneciera en la impunidad, ya que a decir de la defensa de las tres indígenas, era inaceptable la pretensión de que estas mujeres, que fueron torturadas por miembros de la institución castrense, se sintieran seguras declarando (por tercera vez) ante este organismo.

En reiteradas ocasiones los peticionarios hicieron del conocimiento de la Fiscalía civil, que debido al temor y trauma que las víctimas sufrieron, se les dificultaba trasladarse a los juzgados civiles, ya que tenían que atravesar retenes militares, lo cual dificultó su declaración ante la autoridad militar.

En este contexto, el 25 de noviembre de 1994, Antonio Riviello Bazán, entonces secretario de la Defensa Nacional, dijo a los medios de comunicación que la PGR se deslindó y obstaculizó la investigación, al trasladarla a la justicia militar, ya que -afirmó- el Ejército nunca reclamó la jurisdicción del asunto.

También aclaró que existían mecanismos jurídicos para que el expediente volviera a la justicia civil, destacando que los militares “no queremos ser cómplices de esto; no vamos a solapar actos que estén fuera de la disciplina. Si algo se cometió, que se castigue”. A pesar de que cinco días después dejaría el cargo, agregó: “…y si la ley dice que se debe devolver, lo acataremos”.

A pesar de estas declaraciones y de que han transcurrido 16 años, la investigación permanece en la justicia militar y en la impunidad.

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