11/06/2010


Sacerdote pederasta sólo pasará fines de semana en prisión

Verónica Espinosa

Guanajuato, Gto., 11 de junio (apro).- Gracias a la sentencia mínima -4 años y 3 meses- por el delito de corrupción de menores que le fue dictada por el juez penal Carlos Alberto Llamas Morales, el sacerdote Laurencio Pérez Mejía gozará del beneficio de semilibertad y sólo pasará los fines de semana en el Centro de Readaptación Social de San Miguel de Allende.

La Procuraduría de Justicia del Estado informó esta mañana que interpuso el recurso de apelación en contra de esta sentencia ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al considerar que se trata de una resolución judicial “demasiado benévola e incorrecta” para el sacerdote pederasta.

El Código Penal del Estado prevé este tipo de beneficios –semilibertad en la modalidad de externación- cuando la sentencia por el delito de corrupción de menores tipificado en el artículo 237, es menor a cinco años de prisión.

Con ello, el sacerdote sólo tendrá que cumplir con el pago de una caución de 8 mil pesos, para poder gozar del beneficio concedido por el Juez Llamas Morales, que le permitirá gozar de su libertad de lunes a viernes y dormir sólo los sábados y domingos en el centro penitenciario.

El Juez Llamas Morales había informado ayer a Apro que dictó sentencia por 4 años y medio al padre Laurencio, y que había sido aceptada por sus abogados y por el Ministerio Público. Sin embargo, el Ministerio Público anunció la apelación desde ese mismo día, según informó la Procuraduría de Justicia.

Lo que no dijo el juez penal fue que esta sentencia le brindó al sacerdote el beneficio de la semilibertad, y que la multa económica que le impuso es de 2 mil 643 pesos.

Aunque el clérigo también deberá cubrir un pago de 10 mil pesos, estimado para el tratamiento sicológico de la víctima, una menor de edad a la que acosaba cuando era párroco en el templo de San Luis Rey, en San Miguel de Allende, por lo que fue denunciado en noviembre del 2005.

La apelación de la Procuraduría de Justicia fue turnada a la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal, a cargo del magistrado José Miguel Cortés Lara.

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