21/06/2011

Exhorta a no permitir la siembra de transgénicos, pues amenazan la biodiversidad



Denuncia relator de la ONU que ricos acaparan los recursos de Procampo

Lamenta la situación de México, que enfrenta altos niveles de pobreza y a la vez de obesidad

Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 21 de junio de 2011, p. 15

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, hizo un llamado al gobierno mexicano para reformar Procampo, ya que actualmente 10 por ciento de los productores más ricos reciben 45 por ciento de los apoyos del programa, y pidió llevar a cabo una tercera reforma agraria, que no significa nueva distribución de tierra, sino acceso al crédito y reorientación del gasto público agrícola hacia los más pobres.

De Schutter demandó al gobierno mexicano que declare una moratoria sobre los ensayos de campo de maíz transgénico y renuncie a introducir ese cultivo en el país, pues su introducción en México plantea una grave amenaza para la biodiversidad agrícola, recurso crucial en el futuro frente a las amenazas y cambios impredecibles causados por el cambio climático. Al finalizar una visita al país, el relator advirtió que México enfrenta una epidemia preocupante de sobrepeso y obesidad, por lo que debería declararse un estado de emergencia al respecto, ya que siete de cada 10 personas padecen obesidad. Esta gente vivirá enferma, en promedio, 18.5 años de su vida, y los costos en salud en 2008 para ese sector ascendieron a 67 mil millones de pesos.

De Schutter pidió al gobierno mexicano trazar nuevas estrategias para enfrenar estos graves problema. México se encuentra en una situación paradójica. Tiene 19.5 millones de personas, casi 20 por ciento de su población, en pobreza alimentaria. La gran mayoría habita en zonas rurales, con un gran número de indígenas, y al mismo tiempo es uno de los países más severamente afectados por el sobrepeso y la obesidad, el segundo después de Estados Unidos.

Sobre este punto, el relator refirió que en enero de 2010 se firmó el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria entre varias secretarías, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, medios de comunicación y el sector agroalimentario; sin embargo, dijo, se necesitan más acciones estructurales.

En la declaración final cita que debido a la presión de la industria agroalimentaria, representada por medio de Conmexico, algunas herramientas importantes para influenciar el comportamiento de los consumidores, incluyendo el aumento de los impuestos sobre los refrescos y sobre alimentos altos en grasas, no fueron incluidas en el acuerdo nacional.

El acuerdo mismo es un instrumento no vinculante de políticas públicas, sin indicadores que provienen de la legislación. Ubica el problema del sobrepeso y la obesidad en el comportamiento del consumidor, cuando de hecho este problema tiene sus orígenes por completo en el sistema de alimentación. Las políticas agrícolas actualmente alientan a la producción de cereales y granos ricos en carbohidratos, pero relativamente escasos en micronutrientes. El resultado es que para muchos mexicanos, particularmente en las zonas urbanas o en los estados del norte del país, el cambio a una dieta saludable se vuelve cada vez más difícil.

Subrayó que las políticas agrícolas y comerciales no se alinean a la necesidad de apoyar una dieta balanceada.

El relator deploró que la comisión tripartita de los minisalarios no se haya puesto de acuerdo para fijar un salario digno, ya que el actual es muy bajo. Manifestó preocupación por que no se cumpla el mandato constitucional de que el salario mínimo debe estar alineado al costo de la canasta básica. Añadió que actualmente el salario mínimo se fija en 57 pesos por día, alrededor de 25 por ciento de lo que representa un jornal adecuado para la subsistencia.

Felicitó al gobierno por las recientes reformas aprobadas en el Congreso, las que se reconoce el derecho a la alimentación en la Constitución y que modificaron el capítulo primero de la Carta Magna y 11 artículos para reconocer los derechos humanos.

Cuestionó que ahora no hay coordinación entre las dependencias que operan y llevan a cabo programas agrícolas y de ayuda al combate a la pobreza, Procampo, Diconsa, Liconsa, entre otras; lo que hace falta es una efectiva coordinación. Hoy en día hay varias inconsistencias entre las políticas sectoriales implementadas en México. Por ejemplo, algunos programas que apoyan a la producción agrícola benefician una manera desproporcionada a los sectores más ricos en las partes más prósperas del país, aumentando con ello la desigualdad en las áreas rurales. Son programas regresivos que deben corregirse.

En segundo lugar dijo que una estrategia nacional podría ayudar a identificar las complementariedades entre los distintos instrumentos que actualmente sirven para mejorar la seguridad alimentaria a fin de lograr efectos multiplicadores”.

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