Lunes 20 de junio de 2011, p. 5
En dos días, un despacho de capacitación laboral ligado al Partido Acción Nacional (PAN) ganó 9 millones 309 mil 854 pesos, cubiertos con recursos públicos de un contrato por adjudicación directa que le otorgó la Secretaría de Gobernación.
En la administración pública las adjudicaciones directas tienen un límite máximo de 300 mil pesos; en caso contrario, los funcionarios están obligados a convocar a una invitación al menos de tres proveedores o a licitación, según el monto, con objeto de allegarse los mejores precios en el mercado de servicios y demandar calidad a los contratantes.
En contraste, esa adjudicación fue hecha de manera directa por la dependencia, dos semanas después de que Francisco Blake Mora sustituyó a Fernando Gómez Mont, mediante la firma del contrato SAP/6800002338, de fecha 26 de julio de 2010, elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos de la dependencia a favor del despacho Javier Cordero Hernández y Asociados SC.
De acuerdo con la información del convenio, éste tenía como objeto realizar el taller Clima laboral, un enfoque de autoevaluación y aprendizaje, del 27 al 28 de julio del año mencionado, y éste concluyó sin especificarse el número de asistentes ni el sitio donde se llevó a cabo.
La revisión del listado de los contratos por adjudicación directa otorgados por la Secretaría de Gobernación, en los días posteriores a la llegada de Blake, da cuenta de la diferencia entre el asignado a ese despacho y a instituciones como la Universidad Iberoamericana y personas físicas.
Por ejemplo, la Ibero negoció con Gobernación un curso sobre Manejo de crisis y solución de conflictos, el 23 de julio del mismo año, y su duración fue exactamente la misma que la registrada con el taller Clima laboral, pero sólo costó 80 mil pesos.
En el taller Análisis y solución del problema hacia una visión y misión de servicio interno, impartido por Iván Serna Solís entre el 19 de febrero y el 11 de marzo de 2010, la dependencia pagó 250 mil pesos.
En un reporte que el presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Escudero (PVEM), envió a la Junta de Coordinación Política, cuestionó los contrastes entre los montos de los convenios. Señala: “De 50 contratos revisados otorgados por esa vía sin licitar se observa que uno de los más elevados ascendió a 300 mil pesos, con una vigencia de dos meses.
Pero existe uno que llama la atención: una adjudicación directa sin licitar por la cantidad de 9 millones 309 mil pesos, con vigencia de un día (27 y 28 de julio de 2010).
En el oficio que turnó al vicecoordinador del PAN, Alberto Pérez Cuevas –encargado de la Junta de Coordinación Política en ausencia de Josefina Vázquez Mota–, Escudero señala que debe investigarse ese contrato, porque en un simple ejercicio de búsqueda de las actividades de Javier Cordero Hernández comprobó que “es el capacitador oficial del PAN y de los alcaldes de extracción panista en el país, y entre sus clientes figura el partido blanquiazul en el estado de México”.
Señaló que esa cercanía del despacho con gobiernos y comités municipales panistas evidencia la opacidad y corrupción que circunda a las administraciones de Acción Nacional. Me hubiera gustado solicitar informes a Gobernación para esclarecer esta situación, pero derivado del último oficio de esa secretaría, SEL/300/416/11, donde negó requerir información a diferentes dependencias respecto a los gastos irregulares del Fideicomiso de los Festejos del Centenario y Bicentenario, sería absurdo pedirle esta documentación
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En cambio, planteó que la Junta de Coordinación Política que preside Vázquez Mota dé vista del caso a la Procuraduría General de la República (PGR) por medio de la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales); a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la comisión especial de diputados que vigila la elección en el estado de México.
Lo que no recomiendo por ningún motivo es dar vista a la Secretaría de la Función Pública, que ha demostrado su incompetencia y participación directa en fraudes de los festejos del centenario y bicentenario (de la Revolución Mexicana y la Independencia, respectivamente).
Javier Cordero instaló su despacho en León, Guanajuato, en la avenida Alonso de Torres 4302, colonia Lomas del Campestre, y su misión se circunscribe a los siguientes criterios:
Impulsar el desarrollo de líderes, grupos e instituciones de alta responsabilidad e influencia social en México, en especial las gubernamentales, a través de servicios de capacitación y asesoría de calidad, subsidiaria, participativa, reflexiva, integral e innovadora, que con un espíritu plural, federalista, democrático y humanista, coadyuve al proceso de cambio social, político y cultural de las comunidades de nuestro país.
En su presentación a los panistas mexiquenses argumentó que pretendió generar la reflexión conjunta en torno a impulsar la generación de compromisos y condiciones hacia el establecimiento de un verdadero modelo de gobierno de Acción Nacional hacia la construcción del bien común en el estado de México
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