La memoria intentaba no repetir historias

Hace 16 años, la Matanza de Aguas Blancas

El 28 de junio de 1995, más de 60 campesinos miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que viajaban por carretera en dos camiones, fueron interceptados en el vado de Aguas Blancas por agentes de la Policía Judicial del estado de Guerrero. Diez minutos después llegaron otros campesinos que, junto con los primeros, fueron obligados a descender del camión y tirarse en el piso. En ese momento, los policías comenzaron a disparar, matando a 17 personas e hiriendo gravemente a muchas otras. Después de obligar a los campesinos sobrevivientes a regresar a sus pueblos, los policías sembraron armas a los muertos, con el objetivo de fundamentar la versión de que se había producido un enfrentamiento. Los campesinos de la OCSS se dirigían a Atoyac de Álvarez a exigir la presentación con vida de su compañero Gilberto Romero Vázquez, quien se encontraba como desaparecido desde el 24 de mayo de 1995.

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han emitido distintas recomendaciones en las que afirman que en el suceso de Aguas Blancas se violó el derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, las víctimas y sus familiares siguen esperando justicia. A 16 años de la Matanza de Aguas Blancas, el Estado mexicano no ha completado la investigación ni ejercido la acción penal correspondiente en contra de los perpetradores; tampoco ha indemnizado de manera adecuada a las víctimas sobrevivientes ni a los familiares de las personas ejecutadas.

En el contexto de violencia que se vive en México, donde hay más de 40 mil muertos y 10 mil desaparecidos, cobra especial énfasis el recuerdo de esta masacre. Desde los datos y la reflexión que arroja la memoria histórica, es importante luchar para que la impunidad no aliente la repetición de los hechos y, al contrario, el Estado mexicano se responsabilice de resarcir de manera integral los daños y de brindar garantías de no repetición de los hechos.

Hoy, la Desaparición Forzada

1. La Marina

Este lunes, el Secretario General de Amnistía Internacional (AI), Salil Shetty, envió una carta pública al presidente Felipe Calderón, en la que expresó su preocupación por las presuntas desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, perpetuadas por elementos de la Secretaría de Marina entre el 1 y el 5 de junio del 2011.

Según la información recabada por AI, cuando se realizaron las detenciones los miembros de la Marina no presentaron orden de aprehensión ni explicaron los motivos de su actuar. Aún a pesar de las quejas y querellas que los familiares de las víctimas han presentado ante la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ningún elemento de la Secretaría de Marina ha logrado establecer el lugar en el que se encuentran los detenidos.

Considerando que “la falta de progreso en las investigaciones y la continua desaparición de los afectados arroja graves dudas sobre la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar un recurso efectivo a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares”, AI pide al gobierno de Calderón tomar medidas urgentes para establecer el paradero de las personas detenidas. Asimismo, le solicita al mandatario dar órdenes presidenciales de forma clara y pública, para que la detención ilegal y la desaparición forzada no sean toleradas por ningún elemento de las Fuerzas Armadas y otras fuerzas de seguridad en México.

(Consulta aquí la carta completa)

2. El Ejército

Jethro Ramsés Sánchez Santana, estudiante originario de Cuernavaca, Morelos, fue detenido el 1 de mayo por la policía municipal de esa localidad. Después de cubrirle la boca con cinta adhesiva, lo entregaron a miembros del Ejército mexicano. Desde entonces, su esposa y otros familiares han intentado localizarlo, pero las autoridades han negado saber dónde se encuentra detenido. Amnistía Internacional teme que haya sido víctima de desaparición forzada y pide la emisión de acciones urgentes, pues dada la situación del país, este tipo de delitos rara vez se investigan y se sancionan. Si no se exige su inmediata localización, es probable que Jethro y su familia se queden sin recursos para acceder a la justicia.