- La policía federal irrumpió sin orden de cateo a las instalaciones del Centro de DH Paso del Norte el día de ayer, 5 de junio. Esto representa una agresión al trabajo de defensa de los derechos de personas que viven en extrema pobreza en Juárez.
- El Centro Prodh se une a la denuncia pública contra el allanamiento al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; exige que se proteja la labor de las defensores y defensores en Juárez y que cesen los hostigamientos a dicha organización.
Las organizaciones civiles que conforman el Grupo de Articulación Justicia en Juárez denuncian enérgicamente la irrupción sin orden de cateo- de la Policía Federal a las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte que dirige el sacerdote Óscar Enríquez.
Este acto, ocurrido el día 5 de Junio y en el que participaron las patrullas con las matrículas 12427, 13972, 13943, 13748 y 1057, representa una agresión al trabajo que desde hace más de diez años realiza este Centro en favor de los derechos de los y las más pobres y desprotegidos de nuestra comunidad.
Dado que el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte participa en la organización del Pacto Nacional Ciudadano a firmarse en Juárez el 10 de Junio, las organizaciones denunciantes consideran este hecho como un acto de amedrentamiento a las organizaciones que apoyan y recibirán a la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad que acompaña al poeta Javier Sicilia.
Se alerta a las organizaciones nacionales que participan en la Caravana sobre este tipo de agresiones y actos de intimidación y las exhortan a pronunciarse públicamente y a denunciar este hecho en todas las redes e instancias nacionales e internacionales.
A los organismos de derechos humanos del país y del mundo les piden que demanden la activación de los protocolos existentes para la salvaguarda de los defensores y defensoras, y para la protección de las organizaciones de derechos humanos.
A la Relatoría de Defensores y Defensoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le exhorta a que se pronuncie sobre este hecho, active las alertas necesarias y que se mantenga atenta y dé difusión a la información que surja.
Al Congreso de la Unión y del estado de Chihuahua, particularmente a las Comisiones de Seguridad, Justicia y de Derechos Humanos se les demanda que se pronuncien sobre estos hechos y desde su investidura exijan la activación de los mecanismos de protección necesarios para las y los defensores.
Se exige a la Procuraduría General de la República una explicación detallada sobre este operativo, una investigación exhaustiva de estos hechos, y sanción a los funcionarios y efectivos de la policía que intervinieron en este lamentable incidente.
Así mismo, se responsabiliza al gobierno federal que encabeza Felipe Calderón Hinojosa de las agresiones y ataques que pudiera sufrir cualquiera de las organizaciones y sus integrantes.
Se advierte al gobierno local, estatal y federal que denunciaremos cualquier acto de agresión en contra de las organizaciones que conforman el Grupo de Articulación Justicia en Juárez y a quienes integran la Asamblea Juarense por la Paz con Justicia y Dignidad.
Contacto:
sambleajuarenseprensa@gmail.com / twitter: @asambleajuarens / FB: asambleajuarenseporlapaz
Contexto:
Al día de hoy, no se han esclarecido los asesinatos de las defensoras Marisela Escobedo y Susana Chávez; no se ha dado cumplimiento a la sentencia de Campo Algodonero; tampoco se ha garantizado un mecanismo de protección a las defensoras y los defensores de derechos humanos y a sus familias.
La Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez emitió a principios de año un comunicado en el que señala que el Estado Mexicano sigue sin prevenir ni investigar la violencia que se vive en Ciudad Juárez. Destaca que “del 1º de enero al 15 de diciembre de 2010 hayan sido asesinadas 297 mujeres” en Juárez, por lo que resulta alarmante la impunidad que persiste por parte de las autoridades.
En los últimos años, el Estado mexicano ha acumulado diversas recomendaciones emitidas por organismos internacionales destinadas a implementar medidas efectivas para garantizar la integridad de las y los defensores de derechos humanos. A pesar de dichas recomendaciones, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró entre 2006 y octubre del 2010, 165 casos de ataques y presuntos actos de agresión contra defensoras y defensores mexicanos, incluidos 10 homicidios y que la impunidad rige en 98% de los casos. Los estados con mayor número de ataques y amenazas en contra de defensores y defensoras son Chihuahua, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Esta situación fue expuesta en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica por parte del Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para pronunciarse sobre la necesidad de contar con un mecanismo de protección para defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, con participación efectiva de la sociedad civil en su diseño e implementación.
El Centro Prodh se une a la denuncia pública contra el allanamiento al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; exige que se proteja la labor de las defensores y defensores en Juárez y que cesen los hostigamientos a dicha organización.
Solicitud de consulta pública. Proyecto Supervía Poniente
Esta es la solicitud de una consulta pública para determinar si la SEMARNAT debe o no autorizar la manifestación de impacto ambiental para el proyecto de la Supervía Poniente. Entre las organizaciones convocantes, están el Frente Amplio contra la Supervía Poniente de cuota, Litiga Olé, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh Juárez. Se invita a llenar la presente carta en físico y entregarla directamente a la SEMARNAT a más tardar el día jueves 9 de junio del presente.
En esta dirección puedes bajar el formato de solicitud:
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