- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las mujeres buscan unificar protocolos de investigación e implementar registro único de delitos cometidos contra las mujeres.
Con la intención de unificar protocolos de investigación sobre feminicidio e implementar el registro único de delitos cometidos contra las mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las mujeres (Cladem México) hicieron un llamado a la Procuraduría General de la República y a las estatales a dialogar con las organizaciones de la sociedad civil.
En entrevista con Cimacnoticias, Guadalupe Ramos Ponce, del Cladem e integrante del OCNF advirtió que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) pretende imponer en el país protocolos de investigación de los homicidios dolosos de mujeres carentes de perspectiva de género.
Ramos Ponce informó que la Conavim presentará durante la XXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que inicia mañana y concluye el viernes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sus protocolos de investigación de homicidios dolosos de mujeres, simulando con ello “nuevamente” dar respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el feminicidio en Campo Algodonero.
La activista de Cladem dijo que estos protocolos se realizaron sin consultar a las organizaciones especialistas en la materia y tampoco a los procuradores de justicia.
“No abonan en la investigación de los homicidios contra mujeres, sino por el contrario repiten vicios que se cometen en estas investigaciones” precisó.
Ramos Ponce explicó que Cladem y el OCNF analizaron los tres protocolos de la Conavim (pericial, ministerial y forense) y comprobaron que no hay claridad sobre la perspectiva de género, pues no basta con decir “las y los”, es necesario, precisó, cruzar de manera transversal las acciones que tiene que realizar cada dependencia.
El resolutivo 18 señala: “El Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género… deberá rendir un informe anual durante tres años.”
Luz Estrada insistió en que la aprobación apresurada de los protocolos no es lo idóneo, antes debe consultarse a las organizaciones que trabajan con el tema, a peritos especializados en perspectiva de género y a otros expertos, pues “aún hay tiempo” dijo.
Agregó que también es preciso crear la base de datos sobre desapariciones y homicidios de mujeres para tener el panorama real de lo que ocurre en el país.
Ambas activistas llamaron a la Conavim para que en la presentación de los protocolos ante los procuradores, aclare que es “un primer trabajo que hace el Estado” y a que convoque a las organizaciones a la discusión y elaboración de los mismos.
El OCNF y Cladem consideraron que debido a la importancia del cumplimiento de la Sentencia Campo Algodonero, harán llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las observaciones realizadas a éstos señalando que los propuestos por la Conavim no cumplen los parámetros señalados en el resolutivo 18 de dicha Sentencia.
Tipificación de feminicidios en DF
El OCNF señaló que es probable que hoy se dictamine en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la iniciativa para tipificar el feminicidio en el DF, pero volvieron a alertar de la posibilidad de que haya modificaciones “de último momento”.
Una de ellas se refiere a que para poder acreditar el delito de feminicidio debe constar antecedente de violencia ante la autoridad correspondiente, cuando diversas investigaciones demuestran que la mayoría de las mujeres que viven violencia no denuncia por miedo a ser más violentadas o asesinadas, señalaron.
Respecto a la segunda modificación se refiere al Código de Procedimientos Penales, ya que se pretenden eliminar las sanciones a los impartidores de justicia que no apliquen el protocolo de investigación con perspectiva de género.
Luz Estrada consideró que de eliminar las sanciones, es muy difícil que se vean obligados a aplicar la Ley.
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