Infromación amañada de la SEDENA

Escandaloso, el número de recursos presentados, sostienen

El informe, insuficiente, señalan ONG

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de julio de 2010, p. 7

Organizaciones de defensa de los derechos humanos consideraron que el informe que hizo público ayer la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre el número de quejas y recomendaciones que le ha turnado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en materia de violaciones a las garantías cometidas por militares, aunque representa un avance es insuficiente y al mismo tiempo es escandaloso el número total de recursos presentados.

El presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo, subrayó que el informe es insuficiente, porque no dice cuál es el estado de cumplimiento de las recomendaciones, y frente al número total de quejas y de las recomendaciones recibidas, el número de militares sancionados es exiguo.

Advirtió que el que Sedena haya hecho público este informe probablemente responda a la presión que ha ejercido el Senado de Estados Unidos, que se ha manifestado por conocer la situación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en la guerra contra el crimen organizado. Incluso se ha hablado de una disminución de recursos.

Concha Malo insistió: Ese informe no hace mención en ninguna parte a la obligación que tiene el Estado mexicano de reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que no conozcan los tribunales castrenses de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos militares, sino que éstas sean investigadas por la justicia civil.

A su vez, el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Juan Carlos Gutiérrez, refirió que esa publicación es un avance, pero no está sistematizada por tipo de delito; no obstante es un adelanto. Sin embargo, llama la atención el que Sedena subraye que las quejas son presentadas por integrantes de la delincuencia organizada para desprestigiar al instituto armado y limitar sus operaciones, porque se traduce en la visión que tienen para defender los derechos humanos.

De igual forma, Juan Carlos Gutiérrez subrayó: “En ninguna parte del informe se hace mención a que la secretaría está obligada a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Rosendo Radilla, que es un expediente emblemático de las desapariciones en la denominada guerra sucia de la década de los 70 y principios de los 80”. Tampoco, resaltó, se hace un análisis de cuántas son las víctimas comprendidas en las 59 recomendaciones que ha recibido el instituto armado en esta administración. También es preocupante que sólo haya siete militares con causas penales y llama la atención que estén presos porque fueron juzgados por tribunales civiles y no por militares, como es el caso Castaños, en Coahuila, donde militares violaron a sexoservidoras.

Gutiérrez puso énfasis en el hecho de que la secretaría plantee que cualquier queja que se presente contra militares afecta a las fuerzas armadas, y por ello las vincula al crimen organizado. Esa lógica en la fundamentación de los conceptos es muy grave, dijo.

Además, resaltó, las cifras son públicas, se pueden ubicar en la propia CNDH; ahí están las quejas y las recomendaciones. Entonces no veo que esto signifique mayor transparencia”.

Por su parte, Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), señaló que es un recuento de lo que han hecho, pero no es una rendición de cuentas; el documento es escueto y es difícil una evaluación rigurosa. Por ejemplo, en el caso de los sentenciados por el caso Castaños, están en la cárcel porque fueron llevados ante la justicia civil y no ante la militar.

Ese informe, abundó Cortez, no debe hacernos perder de vista el tema central del fuero militar; las cifras no son concluyentes para pensar que la justicia castrense sea más eficiente que la justicia civil. En la autoevaluación siempre hay autocomplacencia, y lo que debe quedar claro es que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares deben ser investigadas por la justicia civil.

Las cifras que se indican no deja muy bien parada a la justicia militar; son exiguos los elementos castrenses sancionados por violaciones graves. Además, es probable que esta publicación responda a la presión del Senado de Estados Unidos. Hay que ser cautelosos, porque esta es una relativa transparencia.