La mayoría de los crímenes contra mujeres cometidos en Morelos en los últimos años no ha sido castigado; y en más del 50 por ciento de los casos, las autoridades no han detenido a algún presunto responsable. A pesar de que organizaciones no gubernamentales tienen un registro de 53 homicidios de género cometidos durante los años 2009 y 2010, la PGJ contabiliza 50, y de éstos, sólo tres personas purgan una sentencia condenatoria en el reclusorio.
La estadística de la dependencia revela que la Fiscalía de Homicidios de Mujeres y Delitos Sexuales ha tenido conocimiento de 50 crímenes contra mujeres de 2009 a julio de 2010; de éstos, en 28 casos no ha sido capturado el responsable, y los casos siguen inmersos en el término “continúan en investigación”.
La lentitud con que se realizan las investigaciones de este tipo de ilícitos es clara cuando se observa que de los 33 feminicidios ocurridos en 2009, en 17 casos no ha habido detención pese a que ya han sido giradas cuatro órdenes de aprehensión, e incluso cuando en 13 asuntos restantes aún se desconoce quién podría haber sido el homicida.
La tendencia se mantiene en el primer semestre de 2010, ya que, hasta la fecha, la PGJ indaga 17 asesinatos de género. Y aunque por seis de éstos se ha detenido a nueve personas, existen seis órdenes de aprehensión por los restantes que no se han cumplido.
VARIOS DETENIDOS, POCOS CULPABLES
La fiscalía enfatiza que en 23 hechos de los 50 se logró la detención de 25 personas, pero esto no significa que se haya logrado demostrar que los detenidos son culpables.
Durante el tiempo que lleva instaurada la justicia oral, los jueces de control sólo han emitido tres sentencias condenatorias con penalidades de entre 21 a 35 años de prisión, pero en un caso se demostró que la persona detenida era inocente.
Mientras que los 22 inculpados permanecen recluidos en la cárcel, sin que hasta el momento se compruebe su responsabilidad o inocencia, situación que contrapone el principio de la justicia oral que dice que “nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”.
Por otra parte, la fiscalía explica que el término judicialización se utiliza cuando un asunto es enviado ante la justicia oral con detenido o para solicitar orden de aprehensión, mientras que la definición de caso resuelto se emplea cuando ya se emitió una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, por lo que a esta última definición pocas personas la han recibido en el nuevo sistema.
Pese a lo anterior, la PGJ, a través de su área de Comunicación Social, constantemente señala que un caso ha sido esclarecido o resuelto en el momento que se detiene una persona, sin que aún reciba el veredicto el juez; o cuando se giró la orden de aprehensión que señala la identidad del presunto responsable que no ha sido capturado.
La realidad es que de los 53 feminicidios registrados de 2009 a 2010 en Morelos, sólo en tres casos los asesinos purgan una condena en prisión.
Organismos no gubernamentales criticaron a las autoridades, pues, aseguran, no muestran interés en los problemas de violencia de género, como los feminicidios.
Debido a que el estado está inmerso en la inseguridad y terror que provocan grupos de narcotraficantes por la disputa del tráfico de enervantes, la violencia contra mujeres ha pasado a segundo plano.
Juliana Quintanilla, integrante de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos, señaló que la actual administración de la PGJ no ha dado resultados.
“Esta administración ha sido la peor para atender en materia de justicia la violencia cometida en contra de mujeres”, refirió.
Dijo que, a pesar de que al frente de la fiscalía está un funcionario que cuenta con los conocimientos en materia jurídica, al ser abogado y haberse desempeñado como ministerio público, no puede entender mejor sobre las actitudes violentas contra las mujeres, ya que la mayoría son hechas por el sexo masculino.
Reveló que otra situación que se ha presentado es que se le ha dado mayor relevancia a los hechos relacionados con el crimen organizado y se han dejado de atender los homicidios de mujeres, y los que se presentan relacionados con la ola de violencia que se registra en la entidad los envían a la Procuraduría General de la República.
“Hay casos relacionados con asuntos del narcotráfico en donde mujeres han sido asesinadas, pero en esos casos la procuraduría de Justicia decide enviar esas investigaciones a la autoridad federal”.
Aseguró que existe gran diferencia en cuanto a las cifras de homicidios de mujeres, ya que oficialmente la PGJ refiere que tiene 17 casos, mientras que la comisión que ella integra tiene registrados 20, en 2010.
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