La jurisprudencia contra jubilados será obligatoria cuando se publique
Considera que ni siquiera tienen validez las críticas a la Corte por la patronal en el IMSS
Extraño silencio de la representación obrera, dice
Sábado 24 de julio de 2010, p. 7
La jurisprudencia 143/2010, emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que de hecho cercena el derecho de los trabajadores afiliados al IMSS a recibir una pensión digna, es de carácter obligatorio, inatacable y deberá ser adoptada y aplicada por todos los juzgados y tribunales federales a partir de su publicación.
Por tanto, la reducción en la cotización de 25 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal a 10 de esas unidades como pago de pensión y jubilación a los trabajadores será un hecho si la misma Corte no dispone lo contrario, aseguró la abogada laboral Patricia Juan.
No se recuerda en la historia reciente que la Corte hubiese dado marcha atrás en una de sus resoluciones, aunque ésa es la única posibilidad de restañar el perjuicio infligido a más de un millón 200 mil trabajadores, dijo.
El pasado 9 de junio, en privado, la segunda sala aprobó por la unanimidad de los cinco votos de sus ministros Sergio Valls (ponente), Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y el presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el duro y obligatorio golpe a la clase trabajadora.
Al resolverse una contradicción de tesis la jurisprudencia derivada de ella es de carácter obligatorio para toda autoridad. Así, las declaraciones emitidas por la representación patronal en el Consejo Técnico del Seguro Social de considerarla ilegal, no aplican, agregó Patricia Juan.
De qué serviría una resolución de la máxima representación de Poder Judicial de la Federación, si los encargados de aplicarla no la cumplen. Esto trastocaría aún más el maltratado estado de derecho. Y hasta ahora lo más extraño es el silencio de la representación de los trabajadores.
Lo único legal y factible
La única forma para impedir la vigencia de la jurisprudencia apunta a que los propios ministros dieran marcha atrás, no la publiquen y emitan otra resolución. Pese a la complejidad de tal circunstancia, es lo único legal y factible.
La decisión de la Corte se aviene a la tendencia oficial de reducir el monto de las pensiones y su privatización. La más cercana de las jurisprudencias derivadas es la reforma a la Ley del ISSSTE. En mayo de 2009 la SCJN emitió una resolución por contradicción de tesis sobre la integración de las pensiones de ese instituto.
Los ministros decidieron cortar también las percepciones de los trabajadores en vías de retiro a una tercera parte de lo que les correspondería. Así como sucedió en esa oportunidad, también en la reforma al IMSS de 1997 se estableció que el encargado de pagar los montos de las pensiones y jubilaciones sería el gobierno federal.
La abogada Patricia Juan coloca el dedo en la llaga: Si la reducción de las pensiones no impacta al esquema financiero del IMSS y no contribuye a disminuir su déficit, la pregunta más relevante es: ¿a quién beneficia realmente de la decisión de la Corte?
También será importante considerar el impacto en el mercado laboral a corto, mediano y largo plazos y, por supuesto, los compromisos internaciones de México en derechos humanos.
El pasado 17 de julio, el abogado Arturo Alcalde Justiniani expuso en este diario que “un cambio repentino en el cálculo de las pensiones generaría una gigantesca lesión en la economía de los trabajadores y sus familias, quienes confiados en la interpretación jurídica vigente e información brindada por las entidades públicas han tomado decisiones fundamentales para organizar su vida futura.
Buena parte de ellos seguiría trabajando si supiera que la pensión puede ser menor a la mitad de lo esperado. Probablemente las opciones educativas actuales de sus hijos, sus lugares de residencia, sus inversiones domésticas o sus propios planes de salud serían distintos entre una expectativa y otra. El grado de desconfianza que existe alrededor de nuestras instituciones aumentaría ante este abrupto cambio orientado esencialmente a reducir los egresos del gobierno federal en la materia. El impacto en el mercado laboral es impredecible; lo que es claro es que se trata de un golpe brutal a la calidad de vida de este sector de la población.
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