03/07/2010

Pide al ombudsman nacional esperar el resultado de las investigaciones

Defensa acepta recomendación de CNDH sobre los niños asesinados por militares

imputan al instituto armado haber alterado la escena donde ocurrieron los hechos

Redacción
Periódico La Jornada
Sábado 3 de julio de 2010, p. 12

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó haber aceptado la recomendación que le envió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar el pasado 3 de abril en Tamaulipas y en la cual, además de pedir reparación de daños e indemnización, imputa al instituto armado haber alterado la escena donde ocurrieron tales sucesos. En su respuesta, el Ejército pide esperar al resultado de las investigaciones que realizan las autoridades ministeriales competentes en relación con el desarrollo de los hechos y de la preservación del lugar en que sucedieron.

Esto, establece, con el objetivo de evitar prejuzgar sobre la responsabilidad del personal militar, demostrando respeto a las garantías del debido proceso a que tienen derecho todas las personas civiles y militares, previstas en el orden jurídico mexicano y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Uno de los puntos centrales de la recomendación del ombudsman nacional era que la Sedena además de abstenerse de alterar el escenario donde ocurrieron los hechos, tampoco tergiversara la verdad histórica de tal acontecimiento.

En su documento, el Ejército se dice respetuoso de la autonomía técnica de los órganos de procuración de justicia y plantea que se acogerá a los artículos 13 y 21 constitucionales, por lo cual enviará copia de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Procuraduría General de Justicia Militar para los efectos legales de su representación.

Límite de funciones

El primer precepto establece que los tribunales militares no pueden extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, mientras el segundo se refiere a qué autoridades son las encargadas de investigar los delitos que se le adjudican.

La Secretaría de la Defensa Nacional se refiere también a la reparación del daño e indemnizaciones y señala que se sujetará al resultado de las investigaciones que realizan las auto- ridades ministeriales y administrativas competentes en los artículos 13, 14 16, 20, 21, 102, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto al planteamiento del ombudsman nacional de aplicar exámenes toxicológicos y sicológicos periodicamente a los militares, dice que se continuará con la aplicación de estos como ya ocurre; y que en el caso específico de aquellos que participaron en los hechos ocurridos en Ciudad Mier, Tamaulipas, informará a la CNDH sobre su cumplimiento.

La Sedena aprovecha la comunicación con la CNDH para reiterar su apego a los derechos humanos, los programas e instancias que ha creado con tal fin así como el convenio de colaboración que suscribió con la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas.

Así, y tras insistir en que ha dado pasos categóricos hacia la divulgación de una cultura de derechos humanos entre sus miembros y reconocer la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional reiteró su aceptación de la recomendación, ajustando su cum- plimiento a los procedimientos previstos en el orden jurídico mexicano y al resultado de las investigaciones de las autoridades ministeriales y administrativas competentes.

Raúl Plascencia Villanueva, ombudsman nacional, aseguró el 16 de junio que la muerte de los hermanos Almanza y las heridas a otras cinco personas, fueron resultado del fuego directo y discrecional por parte de elementos del Ejército Mexicano, y no de un tiroteo cruzado con miembros de la delincuencia organizada, como sostuvieron las secretarías de Gobernación y de la Defensa.

Al hacer pública la recomendación afirmó que los militares involucrados en el caso alteraron y manipularon el lugar de los hechos para justificar una legítima defensa, lo cual es inadmisible para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”. Además de que en la investigación que realizó en su momento hubo obstáculos de parte de servidores públicos y de la Procuraduría General de la República.

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