06/06/2011

Se requiere un mecanismo nacional que proteja a los comunicadores, afirma relator



ONU: México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo

Apremia a capacitar a las fuerzas de seguridad en materia de libertad de expresión

Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
Lunes 6 de junio de 2011, p. 14

México requiere un mecanismo nacional de protección a periodistas, el cual debe ser presidido por una autoridad federal que sea capaz de coordinar a las diversas autoridades y órdenes de gobierno, además fortalecer a la fiscalía especial para la atención de delitos contra la libertad de expresión de la Procuraduría General de la República y a las procuradurías locales, manifestó en un informe Frank La Rue, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Sostuvo que es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano, y que la violencia contra los comunicadores tiende a intensificarse. Recomendó admitir la importancia de la labor periodística, que se condenen enérgicamente las agresiones contra la prensa y se capacite a las fuerzas de seguridad en materia de libertad de expresión.

En el informe, que presentó el pasado mes, también propuso asegurar la existencia de medios públicos independientes del gobierno, crear un órgano público independiente de las autoridades que regule radio y televisión, y garantizar que los periodistas no sean víctimas de acoso judicial u hostigamiento jurídico en represalia por su trabajo.

Tras la visita que realizó de manera conjunta con la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, en agosto del año pasado, a la ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y estado de México, el relator mencionó que de los 66 casos de asesinatos de comunicadores ocurridos entre 2000 y 2010, y de los 12 desaparecidos entre 2005 y 2010, muy pocos fueron esclarecidos.

A dichas cifras sumó los 18 ataques contra instalaciones de medios de información que han sido documentados en los pasados cinco años. Los periodistas se encuentran sujetos a intimidación y autocensura, y la libertad de expresión enfrenta graves obstáculos. Hay amenazas contra comunicadores que cubren temas de corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico y seguridad pública; existe un clima de impunidad generalizada respecto de los casos de violencia, una sistemática violación a los derechos humanos, y total indefensión de las víctimas y de sus familiares, asentó en su documento, de 22 páginas.

La autocensura ha alcanzado ya niveles dramáticos en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. La prensa local se ha visto obligada a silenciarse, hay autocensura por temor a posibles represalias, subraya el texto.

Preocupa que sólo Derechos Humanos lleve registro

Le llamó la atención que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sea la única institución que cuente con registro público y documentado de crímenes contra periodistas, y que no exista una institución encargada de recolectar y mantener actualizados y documentados los datos sobre la violencia contra los profesionales de la prensa ni sobre los procesos administrativos y penales relacionados con esos casos. De las 23 recomendaciones emitidas por el organismo desde 2005, sólo seis fueron cumplidas por las autoridades correspondientes.

Asentó que desde el 15 de febrero de 2010 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión ha iniciado 143 investigaciones, pero no ha logrado la sanción penal de un solo responsable y únicamente ha consignado cuatro casos; su tendencia a declinar la competencia de casos referidos a su jurisdicción revela falta de voluntad política.

Manifestó su preocupación por la alta concentración de la propiedad de los medios de comunicación y el cierre de algunas radios comunitarias, así como el uso de la publicidad oficial como mecanismo para presionar y premiar, castigar y privilegiar a los medios en función de sus líneas informativas.

Recomendó que se adopte un marco normativo que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la sociedad. Además, que se establezcan criterios claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.

Durante su estancia se reunió con funcionarios de más de 40 instituciones públicas federales y estatales de los tres poderes, representantes de órganos autónomos, un centenar de periodistas, familiares de comunicadores asesinados, representantes de medios, de la sociedad civil e integrantes de la comunidad internacional radicados en México.

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