01/11/2011

El director del penal no permitió el paso a personal de salud externo



Niegan atención médica a presos en huelga de hambre en Chiapas

Cumple 33 días protesta de indígenas adherentes a la otra campaña

Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Martes 1º de noviembre de 2011, p. 18

San Cristóbal de las Casas, Chis. 31 de octubre. El director del penal número 5 en este municipio nuevamente negó el fin de semana, en dos ocasiones, el acceso a los médicos independientes que pretendían revisar a los presos en huelga de hambre de la Voz del Amate, Voces Inocentes y Solidarios de la Voz del Amate, adherentes de la otra campaña.

Cautivos en tres penales de Chiapas, los indígenas anunciaron que en ocasión del Día de Muertos, levantarán un altar en memoria a los zapatistas caídos en 1994, cuando los compañeros dieron sus vidas en reclamar la justicia y el bienestar de todos; hombres y mujeres como ellos jamás mueren porque viven en cada corazón de nosotros.

El escritor John Berger envió hoy una respuesta de solidaridad con la huelga de hambre, en la cual expresa que el trato que reciben los huelguistas es un ejemplo alarmante del desprecio del actual gobierno hacia las aspiraciones y los derechos de los pueblos que suprime y domina.

Desde el penal, los presos reportaron hoy: Nuestro estado de salud se va debilitando, algunos de nuestros compañeros ya sufren pérdida de memoria y mareos. El compañero Rosario Díaz Méndez se encuentra muy complicado de salud; su glucosa es demasiado alta.

Al cumplir 33 días en huelga de hambre, vuelven a demandar al gobernador Juan Sabines Guerrero que intervenga de inmediato de nuestras libertades. Exhortan además al gobierno federal a que gire instrucciones para el retorno de Alberto Patishtán Gómez y su libertad inmediata.

Insisten que están injustamente encarcelados por delitos que jamás cometimos, pero el gobierno no ha resuelto nuestros casos. Exigen respeto a la huelga de hambre que emprendió Juan Collazo Jiménez el 27 de octubre en Motozintla, viendo él que no hay solución a nuestras demandas y luego de llevar ya varios días en la protesta. Agregan que el director de ese penal, Pascual Martínez Cervantes, y su alcaide, Rogelio Ángel Camacho, han amenazado a nuestro hermano con trasladarlo a otro centro o aislarlo en una celda de castigo.

Y declaran: Estamos presos por ser pobres, analfabetos y carentes de la lengua español. Exigimos nuestras libertades que nos las han robado.

En tanto, cuatro colectivos de la otra campaña en Chiapas (Red Contra la Represión y por la Solidaridad, Grupo de Trabajo No estamos Todos, La Otra Salud y Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad) denunciaron que las autoridades del penal de San Cristóbal han negado en diversas ocasiones el paso a personal de salud. El sábado 29 fue impedido el acceso de una brigada médica con personal procedente de la ciudad de México. El domingo, no obstante ser día de visita general, también le fue denegado el paso. Además, se obstaculizó el ingreso de familiares y amigos.

Éstas medidas, al igual que el traslado de Patishtán, están dirigidas a reprimir su derecho a manifestarse. Los colectivos destacaron las violaciones a derechos humanos por parte de José Antonio Martínez Clemente, subsecretario de Ejecución de sanciones penales y medidas de seguridad, y José Miguel Alarcón García, comisario del penal número 5, al poner en juego la vida de los compañeros.

La huelga de hambre, argumentan, es un medio reconocido universalmente para defender los derechos humanos y denunciar y visibilizar sus violaciones. Para algunos constituye una de las últimas formas pacíficas de defensa, cuando otros medios también legítimos y legales han sido ignorados y reprimidos.

Apuntan que una de las implicaciones de la protesta es el riesgo para la salud. Por ello, el seguimiento médico es un derecho incuestionable, reconocido por diversos instrumentos internacionales y cuya obstaculización no se sostiene bajo ningún argumento. La Convención de Malta precisa que los huelguistas, particularmente quienes se encuentran privados de su libertad, tienen derecho a que personal de salud externo a la institución penal proporcione atención y acompañamiento.

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