Domingo 27 de noviembre de 2011, p. 34
El gobierno federal erogó, a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), 525 millones 373 mil pesos al pago de salarios para docentes comisionados en todo el país durante el tercer trimestre del año. De estos recursos, al menos 76 millones 872 mil 498 pesos fueron canalizados en su totalidad para cubrir actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 10 entidades, mientras que en Zacatecas, 311 mil 177 pesos se destinaron para remunerar a 21 funcionarios estatales y municipales, entre ellos regidores.
Cifras publicadas en el portal electrónico de cumplimiento al artículo 9 del Presupuesto de Egresos de las Federación 2011, actualizado para el periodo de julio a septiembre de 2011 por la Secretaría de Educación Pública (SEP), revelan que sólo 24 de las 32 entidades reportaron personal comisionado en el citado periodo, mientras que en Aguascalientes, Guerrro, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz, no existe información sobre ese rubro.
Otras 11 entidades, con una inversión de poco más de 448 millones de pesos tienen personal comisionado tanto en actividades de representación sindical (sin especificar el porcentaje), pero también en tareas de apoyo técnico pedagógico, unidades administrativas o en funciones distintas a las que corresponden a su clave presupuestal.
Los estados que destinaron en su totalidad los recursos del FAEB para el pago de actividades sindicales son Coahuila, Chiapas, Colima, Durango, estado de México, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán.
En Zacatecas se incluyeron erogaciones a regidores y personal de las secretarías de Planeación y Desarrollo Regional; y de Desarrollo Agropecuario, además del ISSSTEZAC, donde, de acuerdo con el reporte actualizado por la SEP, Alejandro Valdés Díaz, jefe del departamento de Comunicación Social, recibió 8 mil 790 pesos del FAEB, con clave presupuestal 1103079912 E278131.0007458.
En Jalisco, donde tiene asignadas dos plazas docentes el secretario general del SNTE, Juan Díaz de la Torre, con recursos por 41 mil 830 pesos en el tercer trimestre del año, hay personal comisionado, pero sin que se pueda consultar el total de recursos erogados.
El caso de Zacatecas
En cuanto al pago de salarios a funcionarios estatales y municipales, en Zacatecas existen 21 trabajadores comisionados. Sin embargo, todos realizan labores fuera de sus centros educativos. Cinco de ellos en secretarías de gobierno e instituciones de la entidad, y otros 16 en los municipios de Villa Nueva, Villa Hidalgo, Sombrerete, Pinos, General Pánfilo Natera, Villa García, Ojo Caliente, Fresnillo y Nochistlán.
En Fresnillo se pagaron con recursos federales los salarios de los regidores Juan Antonio Rangel Trujillo, con clave 1103079912 E278130.0061496, por 13 mil 998 pesos, y Adolfo Ruvalcaba de la Cruz –quien tiene la clave 1103079912 E278130.0006671– con 15 mil 283 pesos.
En Nochistlán, Sebastián Tachiquin Torres, quien se desempeña como regidor de aseo público, cobró 19 mil 70 pesos, con la clave presupuestal 1103079912 E278131.0006803.
En el municipio de Pinos, Bernardo Rangel Silva, quien también fue elegido regidor, obtuvo del FAEB 15 mil 825 pesos, con clave 1103079912 E278131.0006467.
En la alcaldía de Villa Hidalgo, Zacatecas, se pagaron con recursos federales un total de 14 mil 279 pesos a Antonio Cárdenas Rodríguez –con la clave presupuestal 1103079912 E278130.0029559– y quien se desempeña como director de obras públicas.
Otros funcionarios beneficiados son Jesús Castrejón, quien labora en la contraloría del municipio de Sombrerete, con 14 mil 873 pesos, y María Elia Reyes Hidalgo, directora del DIF municipal, con pago de 7 mil 277 pesos, con las claves 1103079912 E278131.0029283 y 1103079912 A0180300.0028323, respectivamente.
En el ayuntamiento de General Pánfilo Natera, Antonio Díaz Nava, quien es de secretario de la alcaldía, recibió 17 mil 763 pesos. María de la Luz Gallegos Torres, directora del DIF municipal en Pinos, Zacatecas, percibió 19 mil 73 pesos, mientras que Pedro Pérez Espino, tesorero de Ojo Caliente, tuvo ingresos por 14 mil 69 pesos.
Asoma la participación de inmobiliarias, financieras, líderes sindicales y hasta notarios
No se ha informado del monto comprometido; trabajadores afectados se unen para defenderse
Domingo 27 de noviembre de 2011, p. 33
Empresas inmobiliarias, instituciones financieras, representantes sindicales y algunos notarios podrían estar involucrados en el fraude que durante al menos seis años –2003 a 2008– se cometió en contra del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y que ahora se pretende reparar con cobros ilegales y demandas penales contra los asalariados beneficiarios de créditos hipotecarios obtenidos en ese periodo.
Las irregularidades en el manejo de los recursos del Fovissste fueron detectadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que ordenó al organismo la recuperación del dinero otorgado en exceso
, por un monto que hasta ahora no se ha dado a conocer, pero que para los trabajadores afectados por el fraude representa la pérdida de su patrimonio y hasta de su libertad.
Y es que la amenaza del Fovissste es clara: o pagan antes del 30 de enero de 2012 la totalidad del dinero que se les otorgó de más, o el instituto procederá penalmente en su contra. Muchos de ellos, sin embargo, ni siquiera han podido contar con ese plazo, pues ya existen averiguaciones previas en contra de mil 200 individuos –según les informó la SFP– e incluso varios de ellos ya están en el reclusorio.
Un grupo de afectados desmintió así las declaraciones del ex director del Issste, Jesús Villalobos López, quien en días pasados aseguró que el Fovissste ya había otorgado el perdón a los servidores públicos que de manera voluntaria se presentaron para restructurar su deuda, y quienes en realidad son víctimas, pues obtuvieron préstamos hipotecarios calculados por encima de su capacidad de pago.
Los trabajadores dicen que pueden continuar con el pago de su deuda en los términos contratados originalmente. Algunos sí tuvieron conocimiento de la ampliación del monto del crédito, porque así se los ofreció la inmobiliaria o sus representantes sindicales. En otros casos, fue el notario el que se hizo cargo de realizar los trámites.
Ninguno de los beneficiarios realizó trámite alguno, más allá de entregar sus documentos y sólo les llamaron para informarles de la fecha y lugar al que acudirían para la firma de escrituras. Coinciden también en que este trámite, que normalmente puede durar varias horas, para ellos tardó, quizá, 15 minutos, porque nos leyeron sólo lo más importante y firmamos
.
En todos los casos, los servidores públicos tuvieron conocimiento del monto del préstamo y de que lo pagarían mediante descuentos de 30 por ciento de su salario en un plazo de 30 años, pero nosotros ni hicimos las cuentas ni llevamos los documentos al Fovissste. Eso lo hizo la notaría o la inmobiliaria o a saber quién
.
Lo cierto es que aunque han estado cubriendo el adeudo, el pasado julio el Fovissste envió notificaciones a los derechohabientes en los que les comunica que obtuvieron un crédito por un monto mayor al que les correspondía y que con los niveles de descuento a su salario no alcanzarán a cubrir la deuda en el plazo previsto, lo cual afecta el patrimonio del fondo.
Esa es la razón de que algunos estados de cuenta aparecen con datos nuevos: el saldo de la deuda y otro concepto denominado demasía
, el cual va de 200 mil a 500 mil pesos aproximadamente. Para otros empleados esto se tradujo en el incremento del descuento que el Fovissste aplica a sus salarios y de 30 pasaron a 50 por ciento.
Todavía más raro resulta que haya otros servidores públicos que saben que obtuvieron uno de esos créditos irregulares pero no están todavía en el grupo de los perseguidos por el fondo.
En agosto de 2011 surgió la Unión de Trabajadores Afectados por Fovissste, que agrupa a unas 500 personas con el mismo problema y sobre las cuales pesa la misma amenaza. Para todos ha sido una sorpresa su involucramiento en el fraude, pero sobre todo que se les pretenda acusar de un delito que no cometieron.
Los que les ha tocado presentarse ante el Ministerio Público y tener acceso a su expediente constataron que las pruebas en su contra son comprobantes de ingresos alterados, avalúos de la propiedad adquirida diferentes a los que ellos tuvieron conocimiento. Y subrayan: No existe posibilidad alguna de que yo haya cometido el fraude. Yo no entregué documentos a Fovissste ni ingresé los datos al sistema
.
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