En un contexto de creciente interés gubernamental, se han incrementado los hostigamientos contra defensores de derechos humanos y activistas sociales.
En un contexto de creciente interés gubernamental por generar confusión entre la opinión pública en relación al sentido e importancia de los derechos humanos, al afirmar nuevamente a propósito de una reunión de Felipe Calderón con Human Rigths Watch que “la principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos, son los criminales”, se han incrementado los hostigamientos contra defensores de derechos humanos y activistas sociales. Mientras el 3 de noviembre de este año Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. sufrió un asalto en sus oficinas de Oaxaca, apenas este 9 de noviembre el Comité Cerezo y ACUDDEH, Organizaciones hermanas dedicadas a la defensa de derechos humanos, recibieron amenazas vía correo electrónico. Estas situaciones denotan la persistencia del desinterés oficial en la protección del derecho a defender derechos humanos.
Ya la semana anterior en este mismo espacio resaltábamos la vulnerabilidad de activistas que están viviendo situaciones cada vez más amenazantes que son generadas tanto desde espacios oficiales como desde la violencia criminal, a propósito del asesinato de Carlos Sinhue Cuevas , estudiante y activista de la UNAM, la represión en contra de los indignados de Ciudad Juárez y la confrontación entre Anonymus y los Zetas. En este momento destacábamos el incremento en la vulnerabilidad de estos activismos emergentes, por lo que las nuevas agresiones nos permiten valorar que el fenómeno se está extendiendo para alcanzar a otras organizaciones con más experiencia e infarestructura.
Es la misma Amnistía Internacional (AI), quien emite una acción urgente por el caso de las compañeras de Consorcio, quienes descubrieron al llegar a su oficina la mañana del 3 de noviembre que habían sufrido un asalto. El saldo del mismo fue el robo de equipo, incluidos dos ordenadores, cuatro memorias USB y dos grabadoras. Todos los artículos robados contenían archivos valiosos del trabajo de la organización, y entrevistas con víctimas, lo que sugiere que los asaltantes buscaban información sobre el trabajo de derechos humanos de la organización, según señala AI en su acción urgente. De la misma manera AI recuerda que en los últimos meses, las personas que trabajan para Consorcio Oaxaca han ubicado un acoso que consiste en seguimiento de sus colaboradores e incluso en una llamada (ocurrida el 22 de septiembre de 2011), cuando personal de la organización recibió una llamada telefónica anónima de un hombre que preguntó: "¿Aquí vive Rosita Alvírez?". Se cree que la pregunta era una alusión a una conocida canción mexicana en la que a una mujer la matan de tres balazos por negarse a bailar con un hombre.
Por otra parte el el Comité Cerezo y ACUDDEH, han emitido una acción urgente en la que refieren una nueva amenaza en contra de los hermanos Cerezo Contreras, quienes a raíz de la incriminación de que fueron objeto por parte del Estado mexicano tras la explosión en agosto del año 2001 de tres petardos de fabricación casera en tres Banamex ubicados en el Distrito Federal, actos que fueron reivindicados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) mediante un comunicado a los medios de comunicación.
Las nuevas amenazas contienen párrafos dedicados a los distintos hermanos, con la clara intención de provocar temor al hacer referencias a situaciones relacionadas con su vida personal y evidenciar de esta manera el seguimiento constante al que son sometidos. El Comité Cerezo recuerda que han recibido 13 amenazas de muerte en los diez años de trabajo que tienen como organización de derechos humanos. También destacan el hecho de que tres de los amenazados son beneficiario de las medidas cautelares MC-246-06 emitidas el 30 de octubre de 2006 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mientras se incrementa el hostigamiento y las agresiones a los activistas sociales y a las y los defensores de derechos humanos, el gobierno federal persiste en teorías distractoras, como la expresada en el comunicado oficial tras la reunión que sostuvo ayer con Human Rigths Watch, donde afirma “que la principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos, son los criminales. Son ellos quienes mediante la comisión de delitos agraviantes, como el homicidio, el secuestro y la extorsión, violan de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias”. Parece una clara maniobra distractora en el contexto de una fuerte crítica a sus políticas de seguridad, donde la organización internacional afirma que en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente.
La dosis de humor negro la puso el mismo Felipe Calderón, quien esta misma semana presentó una campaña llamada buen fin. No… no se trata de un mensaje a sus detractores (al menos no abiertamente) es una iniciativa para incentivar el comercio en noviembre.
El asesinato del investigador Ernesto Méndez Salinas este 8 de noviembre en Cuernavaca, Morelos, ha golpeado nuevamente a la comunidad académica y universitaria, en un hecho que se suma a la incontenible ola de violencia que azota a la población morelense sin que haya una política institucional capaz de enfrentarla, detenerla, prevenirla y garantizar la vida y los derechos humanos de la población
Este es el segundo caso que ocurre en Morelos contra la comunidad universitaria, teniendo el caso de la investigadora Yadira Dávila Martínez, de 37 años de edad, cuya desaparición ocurrió el 5 de agosto de este año sin que haya justicia, como antecedentes inmediatos.
Ernesto Méndez Salinas se desempeñaba como investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM en el Campus Chamilpa, ubicado en Morelos, y fue víctima de una agresión mortal a las 23:40 de noche, cuando circulaba en su camioneta en una de las principales avenidas de Cuernavaca, como es Teopanzolco, sin que sus asesinos fueran detenidos. Hasta el momento, las autoridades de la PGJ han orientado sus investigaciones hacia el móvil del robo del vehículo, sin embargo, hasta el momento no hay avance alguno en este hecho.
Exigimos una investigación inmediata y a fondo de estos casos y que se esclarezcan los hechos para que no queden impunes como muchos otros, toda vez que la mayoría de los crímenes de estudiantes, mujeres, jóvenes, trabajadores, empleadas, trabajadores, taxistas, carniceros, hojalateros, albañiles, electricistas y deportistas, que nada tienen que ver con la delincuencia organizada, no se han esclarecido no localizado a los culpables para juzgarlos y sancionarlos legalmente.
El clima de inseguridad está afectando a todos los sectores de la sociedad y el costo humano se ha elevado de manera continua durante el actual gobierno panista. Todas las medidas que se han anunciado han sido insuficientes, erráticas y carentes de resultados. Contrariamente a la versión oficial en el sentido de que se está controlando a los grupos y personas que cometen esta clase de ilícitos, es claro que la violencia desbordada cuenta con el aval y complicidad de los propios cuerpos policíacos y funcionarios que se ven inmersos en procesos de corrupción y vinculación con quienes cometen los crímenes atroces. La impunidad en la inmensa mayoría de los crímenes que se cometen es la garantía de que se seguirán cometiendo.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C. llama a todas las autoridades a poner atención a estos casos y que así como hemos señalado puntualmente que la violencia feminicida sea atendida con celeridad, además de todos los crímenes cometidos en contra de personas a las que inmediatamente se les trata de vincular con la delincuencia organizada sin que puedan defenderse.
Criminaliza México a víctimas – HRW | Reforma Las víctimas de la guerra contra el crimen organizado son criminalizadas y las violaciones a sus derechos permanecen en la impunidad, señala un informe de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), entregado el día de ayer al presidente Felipe Calderón.
“Son ellos [los criminales] quienes, mediante la comisión de delitos agraviantes, violan de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias” argumentó Felipe Calderón el día de ayer, en respuesta al informe entregado por la organización internacional Human Rights Watch, el cual, por medio de documentación de casos de tortura, desapariciones forzadas y tortura sexual (entre otros), pone en tela de juicio la estrategia de seguridad nacional frente al crimen organizado emprendida en su sexenio.
El primer ministro británico, David Cameron, también se solidarizó con los indignados de Londres. Hasta a barrer les ayudó (Foto: APS, AP, Reforma)
Ciclo de Cine “Crímenes de Estado” presenta: “El Violín”. Invitado Especial
El Centro Prodh invita a la proyección de la película El Violín (México, 2005) este jueves 10 de noviembre a las 19 horas en el Auditorio del Centro Prodh (Serapio Rendón 57b, Col. San Rafael). Como invitado especial, tendremos la presencia de Armando Rosas, destacado músico compositor de la banda sonora de esta película.
Entrada Libre.Cupo limitado.
Confirma tu asistencia al correo información@centroprodh.org.mx
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