De 1985 a 2009, el número de feminicidios en México se incrementó 68% y repuntó en nueve entidades: Estado de México, Querétaro, Baja California, Guerrero, Chihuahua, Oaxaca, Durango, Chiapas y Tamaulipas. Al presentar el libro Feminicidios en México, una Aproximación, Tendencias y Cambios, 1985-2009, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a los Feminicidios, la perredista Teresa Incháustegui Romero, afirmó que, en el periodo de referencia, han ocurrido 34 mil 176 defunciones femeninas con presunción de homicidio. En la investigación se plantea que del total de defunciones femeninas: 25% corresponde a menores de edad, en particular de infantes menores de un año y niñas menores de cinco. La segunda edad mortal está entre los 20 y 24 años, y la proporción de asesinatos de mujeres de la tercera edad también ha ido en aumentoPara la diputada federal Teresa Incháustegui Romero, el aumento de la violencia de género en México, de 2007 a 2009, se encuentra relacionado con la guerra contra el narcotráfico y la presencia del crimen organizado –como es el caso de Baja California, Chihuahua y Durango– y con las rutas de migrantes, tal es el caso de Chiapas con un incremento de 387 por ciento.
Al presentar el libro Feminicidios en México, una Aproximación, Tendencias y Cambios, 1985-2009 expuso que “tendríamos que ver en el fascículo de Chiapas, en dónde se están presentando estas muertes”.
Por el contrario, comentó, Yucatán y Quintana Roo son los estados que presentan el menor número de homicidios relacionados con violencia a hacia las mujeres, pero hay incremento de suicidios, por lo que es necesario investigar las causas, ya que de contar con pocas sentencias por violencia a las mujeres “es una invitación a que cualquier persona asesine a una mujer”.
México: 200 recomendaciones
Hasta el momento, dijo la también presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a los Feminicidios de la Cámara de Diputados, México tiene 200 recomendaciones de diversos organismos internaciones sobre la tipificación de este delito y de los registros en feminicidios.
“Es necesario tipificar este delito porque el homicidio se produce por violencia sexual, secuestro, lesiones, golpes y al final la privación de la vida. Los casos son alarmantes, ya que una tercera parte de los casos, es decir, un 25% de los casos corresponde a menores de edad”, precisó la legisladora perredista.
Al presentar el libro –realizado en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujeres, El Colegio de México, y ONU Mujeres–, la diputada del PRD afirmó que en la medida en que la impunidad campea y no se detengan a los responsables es muy fácil atentar a las mujeres.
Ya existen, informó, cuatro iniciativas que están por dictaminarse en la Cámara de Diputados y una más en el Senado de la República para tipificarlo en el Código Penal Federal y de las entidades que faltan por homologar sus legislaciones.
“El tema de la tipificación de feminicidios ha sido incluso una recomendación que el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se lo ha reiterado al Estado mexicano, desde 1999, desde entonces está en varios reportes. Hay aproximadamente como 200 Recomendaciones que se han hecho por distintas instancias internacionales que tienen que ver con el tema de feminicidios y con la tipificación y con el registro en feminicidios”, detalló
Por eso, agregó, en el marco de los trabajos de la Comisión se hace un compromiso del seguimiento de la sentencia del Campo Algodonero.
“Ahora, el feminicidio es muy importante que se tipifique porque como los propios datos del informe avalan, se trata de un crimen sui géneris, un crimen multi-ofensivo, en donde la privación de la vida, es la última acción de una cadena de agravios contra las mujeres que se producen desde violencia sexual, secuestro, privación de la libertad, lesiones, golpes, entre otras. Y al final, la privación de la vida”, destacó Incháustegui Romero.
Ahora, expresó en la presentación de la investigación, “como ustedes ven se trata en una tercera parte de los casos, pues cuando menos 25% de los casos son de menores de edad, entonces estamos frente a un fenómeno que tiene que movernos a todos los que estamos concernidos a cambiar la ley, aplicar la ley y a eliminar la impunidad en el evento”.
Al respecto dijo: “Aquí desde la pasada legislatura, hay iniciativas, hay cuando menos en este momento, en la Cámara de Diputados hay cuatro iniciativas que están a punto de dictaminarse en torno a lo del feminicidio y en la Cámara de Senadores hay una iniciativa que está a punto de dictaminarse”.
Rumbo a la tipificación del delito
En ese sentido, expuso, “estaríamos a punto de lograr una tipificación, si en el Código Penal Federal, pero acuérdense que el homicidio es un delito común, entonces tendríamos que tener la tipificación en los Códigos Penales de las entidades”.
“Ahorita hay nueve entidades, en donde en siete ya se ha tipificado en otras está en el proceso de la tipificación ha habido, como siempre, de chile, de dulce y de manteca, y en lugar de tener un solo tipo que pudiéramos generar en todo el país que sea funcional y que permita al mismo tiempo, orientar la investigación sobre los casos”, explicó.
Por ello, admitió, “estamos teniendo algunas diferencias que no hacen funcional el tipo, incluso, en algunos estados nunca se va a aplicar porque si tu le pones al feminicidio que no solamente el delito que se comete por un conocido en donde hay violencia y hay una serie de lesiones y todo lo sumas, entonces van a caer uno, dos caso de los cientos de caso que pueden estar en esa condición.
Entonces ahí es donde tenemos las fallas de los tipos”.
Sobre el tema se le preguntó:
–¿Qué sectores ven más reacios a investigar los feminicidios o a proteger la vida de las mujeres?
–Por desgracia, normalmente los sectores ministeriales de la procuración de justicia. Son como más proclives hasta los jueces a tolerar y a considerar como algo natural la violencia en contra de las mujeres y a considerar, incluso, hasta como muchas mujeres también piensan que cuando una mujer le quita la vida a su esposo es porque algo le hizo. Sobre la base de este pensamiento las autoridades no investigan con la debida diligencia en los crímenes, incluso en casos en donde las evidencias son claras, los jueces han fallado en contra.
Tenemos muchos casos de estos uno de una mujer que fue asesinada frente a sus hijos en el Estado de México, que la ahorcaron en la zona de lavado de ropa de la casa. Los niños la vieron y la jueza aceptó la idea de que era un suicidio, y que los niños que habían visto el caso estaba influenciados; entonces, ahí de nuevo encontramos ese elemento. Por ello hay que trabajar mucho, por eso decíamos que es necesario el registro; es necesario el correcto llenado de los certificados de defunción, son necesarios los protocolos de investigación para que se deslinden muchos de los casos en donde se detecta el suicidio o se clasifica el suicidio.
También, agregó, hay entidades en donde el suicidio de las mujeres es el que se está incrementado. Por ejemplo: “En Yucatán no crecen los homicidios, crecen los suicidios, pero entonces tenemos que saber de qué se trata efectivamente de suicidios, voluntarios, de suicidios inducidos o de homicidios que los hacen parecer como suicidios, entonces si la impunidad, como los datos que nos han proporcionado las procuradurías, hace que 1% de estos casos terminen en sentencia, pues ahora sí que esa es una invitación a que cualquier persona asesine a una mujer en esas condiciones”.
–Diputada, ¿qué tanto tendría que ver un clima de descomposición social? De decir, bueno, pues total, está el crimen organizado, mato a mi esposa, la aviento, y van a decir que fue el crimen.
–Eso se ha dicho en Ciudad Juárez desde hace décadas: que en la medida en que la impunidad está campeando y no se atrapan a los responsables es muy fácil. Efectivamente, a cualquiera se le hace sencillo eliminar a la esposa o a la pareja o a la ex pareja y liquidarla, como muchos casos que encontramos en Juárez, en donde con el auxilio del hermano, la iban a tirar o la quemaban o cualquier cosa.
Sobre este asunto, comentó, “es una invitación, la impunidad frente al feminicidio, es una invitación a acabar con las mujeres, que además, ya vemos que no solamente son mujeres mayores que estén allí como se dijo en algún momento, en malos pasos, sino niñas, menores de edad, en donde está 25% de las muertes. Aguas, porque aquí tenemos, efectivamente, darle seguridad a todas las mujeres y también dar la seguridad de que todo aquel que prive de la vida a una mujer, que atente contra ella, que se violente contra ella, tiene que ser castigado”.
Una cuarta parte de los feminicidios en el país se concentra en niñas menores de 15, donde entre 8 y 9% son muertes de infantes de 0 a cuatro años; le siguen las de cinco a nueve y de 10 a 14 años, destaca el informe.
“Es un crimen específico, sui géneris, que se hace con una brutalidad y violencia enorme”, añadió la legisladora.
Proliferación de armas
Ante ello, Teresa Incháustegui Romero dijo que el homicidio en hombres con arma de fuego es de 70%, mientras que en las mujeres es de 40%, lo que va incrementándose debido a la proliferación de armas, además de que sufren lesiones con armas punzocortantes, ahorcamientos, quemaduras, de dos a tres veces más que la frecuencia en que ocurren en los hombres, sin contar los daños que sufren antes de su muerte.
A lo anterior se suma la impunidad y falla de las autoridades al procurar justicia, por lo que es necesario, precisó la perredista, establecer un modelo de registro en dónde se diga qué información se va a recoger y bajo qué medio; participar en el modelo del certificado y tener un instrumento eficaz en la aplicación de la norma, que establece los servicios de atención a la violencia sexual y en contra de las mujeres que no se aplica en los hospitales públicos.
Incháustegui Romero añadió que la obra, presentada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, presenta datos del registro de mortalidad de mujeres, recaba esfuerzos para eliminar la invisibilidad que pesa sobre los homicidios y permite conocer mejor el fenómeno, a fin de contar con herramientas para combatirlo.
Un libro que apoya la revisión de las leyes
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Armando Ríos Piter, precisó que la obra tendrá que ser la plataforma para revisar el marco jurídico y evitar una “subcultura”, en dónde las propias leyes genera o permiten que exista éste fenómeno.
El legislador del grupo parlamentario del PRD manifestó que es importante que se entienda el feminicidio en su profundidad, revisando los instrumentos y mecanismos que permitan que deje de ser invisible.
“Que esta obra sea la primera parte de todo un amplio camino de trabajo que habrá de sistematizar, darle metodología y buscar resultados específicos a través de la Ley; que sea una ruta crítica que quede como herencia para las próximas legislaturas”, agregó.
Ríos Piter afirmó que la violencia de género debe ser abatida desde las instituciones, autoridades y sociedad en su conjunto. El documento debe ser un instrumento que abone a las modificaciones a la ley para que sancione estas conductas.
También celebró que el documento será la base para transformar la legislación “habrá que buscar resultados específicos a través de la ley y debe ser plataforma para crear un marco jurídico y dé una ruta crítica para los trabajos legislativos”.
Reto para el gobierno de México: ONU
Durante su participación en el lanzamiento de la obra, la directora de ONU Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, Ana Güezmes, aseguró que el sistema de justicia es incapaz de dar respuesta a las mujeres que en gran parte de las denuncias las mujeres son re victimizadas por las autoridades, se violan los derechos humanos y las garantías individuales. El informe es un reto para garantizar el derecho a una vida libre de violencia.
El compromiso de la institución es trabajar con las autoridades federales y estatales para implementar las políticas públicas que rompan con el círculo de violencia y la impunidad. Precisó que las acciones que implementa ONU Mujeres están basadas en cuatro ejes: prevención, protección de los derechos a las mujeres, apoyar iniciativas de protección y respuesta y fomentar las prácticas que ayuden al acceso a la justicia.
Ana Güezmes García resaltó que la obra es un reconocimiento a la memoria de 34 mil mujeres víctimas de homicidios ocurridos en los últimos 25 años, y a las defensoras de los derechos humanos, madres, hijas, hermanas que se dedican a la búsqueda de la justicia.
Asimismo, a las mujeres desaparecidas que muchas veces son re-victimizadas por los sistemas de Procuración de Justicia, incapaces de dar respuesta a su situación.
“Estas cifras, reflejadas en la obra, nos duelen, nos indignan, nos llaman a la acción de una respuesta urgente; la violencia contra las mujeres viola el derecho a la vida, el derecho a vivir sin violencia, a la dignidad, a la libertad, a la seguridad, a no ser sometida a tortura, en donde además se les niega el derecho a la justicia y a la reparación del daño”, afirmó.
La obra, informó, se suma al convenio de colaboración conjunta entre el Sistema de las Naciones Unidas con la Cámara de Diputados, para la prevención, sanción, atención y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas.
Sistema de justicia sin herramientas
A su vez, la presidenta del Instituto Nacional de la Mujeres, Rocío García Gaytán, expresó su preocupación por el incremento de la violencia hacia las mujeres en todo el país, por lo que señaló que el problema para sancionar este delito es el sistema de justicia que, además, no cuenta con las herramientas jurídicas para castigar a los agresores.
“Este documento permitirá impulsar en todos los estados una armonización que se sensibilicen de lo grave del problema. Estoy segura que pronto que hacer cuanto le cuesta al Estado la violencia a las mujeres, en empleo de las personas que dejan de trabajar y de niños que no van a la escuela por este problema”, comentó.
Rocío García Gaytán precisó que el estudio permite presentar evidencias a los estados para homologar las penas, además de que propone acciones directas para detenerlos y sancionarlos.
Es importante que México homologue sus penas, dijo, ya que mientras algunos estados sancionan los feminicidios de 16 a 41 años más bajo que el homicidio calificado, que algunos castigan de 40 a 70 años.
Hay entidades donde, a pesar de contar con la tipificación de este delito, no han girado ninguna orden de protección, lo que lo hace contraproducente, ya que puede evitar que se sigan contabilizando los feminicidios, destacó.
A su juicio, el documento permite crear políticas públicas desde la perspectiva de género, así como medidas para atender y sancionar la violencia, “si analizáramos cuánto le cuesta al estado la violencia contra las mujeres, en salud, en empleo o de niñas que dejan de ir a la escuela por este problema, se sensibilizarían de lo grave que es el feminicidio”.
Por ello, el gran desafío es que el Sistema de Justicia tenga una visión de género y que cuente con las herramientas técnicas, teóricas y jurídicas necesarias para sancionar un crimen por el hecho de ser mujer, insistió García Gaytán.
-Con información de la Cámara de Diputados, Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a los Feminicidios Registrados en México, y Agencia Imagen del Golfo.
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