19/11/2011

Fue un nuevo ultraje a las víctimas: Concha Malo



Alejandro Cruz y Angeles Cruz
Periódico La Jornada
Sábado 19 de noviembre de 2011, p. 14

El gobierno federal debe ofrecer disculpas a la familia Radilla por realizar un acto de desagravio por la desaparición forzada de Rosendo Radilla sin la presencia de sus deudos, coincidieron el presidente del Centro Fray Francisco de Vitoria y el ex titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Miguel Concha Malo y Jorge Carpizo McGregor, respectivamente.

Entrevistado en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Miguel Concha calificó como un despropósito, un ultraje y una nueva victimización de los agraviados llevar a cabo dicho acto sin su presencia y advirtió que dicha acción fomenta la confrontación entre los defensores de derechos humanos del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, ya que no todos han sido lo valiente que la familia Radilla en torno a las violaciones a las garantías fundamentales en esa localidad, lo que aprovecha el gobierno para generar divisiones.

De su lado, Carpizo McGregor, dijo que se trata de una falta de sensibilidad política, en la que pierde el Estado mexicano y la causa de los derechos humanos, por lo que hizo un llamado al gobierno a cumplir con los 11 puntos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Radilla como muestra de voluntad.

En tanto, las más de 70 agrupaciones integradas en la red Todos los derechos para todos y todas consideraron que tal como se llevó a cabo el acto el pasado jueves, se expuso a los familiares de Rosendo Radilla a una nueva victimización.

Para Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, el Estado mexicano ha dejado pasar una oportunidad importante para aliviar el dolor de las víctimas y recuperar frente a ellas la confianza institucional necesaria para rectificar el rumbo en esta larga travesía que la familia Radilla Pacheco ha tenido que recorrer para encontrar justicia.

Si bien, el organismo internacional celebró la disposición del Estado para dar cumplimiento a la medida de reparación, también hizo un llamado a las autoridades mexicanas para dar prioridad al cumplimiento cabal y diligente de las sentencias de la CIDH.

El organismo internacional emitió la sentencia del caso Radilla en 2009 y fue la primera de varias contra el Estado mexicano por violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército y también la primera por desaparición forzada.

Exigen que el presidente Calderón encabece una nueva ceremonia

La familia Radilla pide a la CIDH desconocer acto de desagravio

Condiciona el Estado entrega de la indemnización a juicio sucesorio

Alejandro Cruz Flores
Periódico La Jornada
Sábado 19 de noviembre de 2011, p. 14

La familia Radilla solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que desconozca el acto de desagravio realizado el jueves pasado en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en el que el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en la desaparición forzada de Rosendo Radilla, toda vez que éste se llevó a cabo sin la presencia de los familiares de la víctima.

En conferencia de prensa realizada en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), señaló que no se puede dar por cumplido ese punto de la sentencia, pues en la misma se establece que dicho reconocimiento se debe realizar en presencia de los familiares del agraviado.

En ese sentido, Tita Radilla Mendoza, hija de Rosendo, dijo que el nuevo acto de desagravio es necesario que sea encabezado por el presidente, Felipe Calderón, como principal responsable del Estado mexicano, así como por el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.

Agregó que con el acto realizado el pasado jueves y que encabezó el todavía encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, el gobierno federal hace como que cumple con la sentencia de la CIDH, pero no lo consideramos válido porque no estuvimos de acuerdo en que se realizara así como se hizo.

Por este motivo y en calidad de representante de los agraviados, explicó Gutiérrez Contreras, la CMDPDH envió un escrito a la Corte en el que le pide que ordene al gobierno mexicano que vuelva a realizar el acto, pero esta vez en consenso con la familia Radilla.

El gobierno federal está incurriendo en omisión y quizá vulnere algún ordenamiento legal en tanto que está incumpliendo abiertamente la resolución de la Corte Interamericana, pues recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es obligatorio cumplir con las sentencias del organismo internacional.

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Rosendo Radilla Martínez (izquierda), uno de los 12 hijos del activista desaparecido el 25 de agosto de 1974Foto Pedro Pardo

Por eso, además de la petición a la CIDH, añadió, en los próximos días se interpondrá un amparo contra las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, por la omisión de las autoridades para garantizar el respeto a las garantías fundamentales de la familia Radilla, con el propósito de que la autoridad judicial ordene también que se realice de nueva cuenta el acto de desagravio.

En la conferencia también participó el ex relator del grupo de trabajo de desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas y actual consejero de la CDHDF, quien señaló que es posible y viable que se vuelva a repetir el acto, aunque, dijo no veo voluntad política.

Asimismo, Juan Carlos Gutiérrez, señaló que ésta no ha sido la única afrenta a los familiares de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974, pues para el pago de la reparación del daño, también ordenada en la misma sentencia, se les está pidiendo que inicien un proceso judicial ante un juez al que deben notificar que Rosendo Radilla se encuentra desaparecido o muerto por desaparición, para posteriormente iniciar un juicio sucesorio para que les entreguen el dinero, proceso que puede tardar hasta tres años.

Ahí se demuestra la mala fe del gobierno mexicano, dijo, cuando se obliga a los familiares a ir ante un juez civil, pese a que el Congreso de la Unión ya aprobó 36 millones de pesos para la reparación del daño a Rosendo Radilla, por lo que advirtió que no iniciarán ningún proceso judicial para tal efecto, pues la sentencia de la CIDH establece que la reparación del daño se debe hacer sin ningún tipo de condicionante.

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