Es clara la simulación del Estado para cumplir la sentenc...

Se contradice SG, al reportar "avances" en sentencia de Campo Algodonero

Por Gladis Torres

México,DF, 29 jul 10 (CIMAC).- La Secretaría de Gobernación (SG), se co

ntradice al informar sobre los "avances" del cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano por el Caso González y otras, conocido como: "Campo Algodonero", afirmó la abogada Karla Michel Salas, representante legal de la familia de una de las víctimas. Luego de que hoy la dependencia emitió un comunicado en el que afirma que continuará coordinando el cumplimiento de la sentencia, cuyo plazo de vencimiento de resolutivos, como el de la creación del Memorial, y la celebración del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, es el 10 de diciembre del presente año, la abogada aseguró que esto responde a los cambios que se realizan al interior de la SG.

"Trata de justificar un trabajo que en los hechos ha quedado claro que no se esta dando", dijo la abogada. En entrevista telefónica, Michel Salas precisó que lo único que hace con estas declaraciones la SG, es contradecir informes que ella misma ha proporcionado. Habla de una serie de acciones que está realizando y que "seguirá coordinando", cuando ante la Cámara de Diputados el 22 de junio de este año, sus funcionarias y funcionarios dieron fe de la falta de interés y coordinación del cumplimiento del ordenamiento internacional.

"Hace un listado de acciones, dejando fuera las disposiciones de aplicación inmediata, como la atención psicológica para las y los familiares de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette; el proceso penal para identificar, procesar y en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de sus asesinatos, así como de los responsables del hostigamiento a las familias de las víctimas, no las menciona".

La abogada, agregó que la SG tampoco habla de las investigaciones y sanciones a víctimas y sanciones a los funcionarios que incurrieron en irregularidades. "En cambio, señala que el gobierno mexicano ha cumplido hasta el momento con 2 de las 14 disposiciones de la sentencia: la publicación de la sentencia y una página electrónica con la información de las mujeres desaparecidas de 1993 a la fecha, en Chihuahua". Sin embargo, esto tampoco esta dado de la manera que lo establece la Corte, toda vez que hasta el momento ninguna instancia del gobierno de Chihuahua ha publicado la sentencia, y en el caso de la página electrónica elaborada por la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, no cumple con los lineamientos establecidos por la CoIDH, afirmó la especialista en violencia de género. De igual manera, nos informa que "a cuatro meses de que se venza el plazo de la realización del Memorial de las Mujeres Víctimas de la Violencia de Género, ya hicieron la desincorporación del terreno, tienen una propuesta arquitectónica y que tienen lista la convocatoria de consulta pública para la construcción".

La consulta la tienen que hacer con todas las organizaciones del estado, y ver cuáles son los nombres de las víctimas que se van a incluir, toda vez que deberán ser el de todas las víctimas de feminicidio desde 1993, es evidente que a cuatro meses es complicado que lo hagan, lo que deja clara la simulación del Estado para cumplir la sentencia. A su vez, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro para el Desarrollo Integral de la Familia, y la Red Ciudadana por la No Violencia y la Dignidad Humana, organización que representa a las víctimas, afirmaron que la información proporcionada por la SG pone de manifiesto la política de simulación en el cumplimiento de la sentencia de "Campo Algodonero".

Sobre la indemnización económica argumenta estar "gestionando", cuando la propia SG ha reconocido ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que el gobierno federal no es responsable de los feminicidios de Ciudad Juárez, y por lo tanto no tienen la obligación de pagar. "Por lo que ha impedido que se entregue el monto de la indemnización hacia las familias de las víctimas, a pesar de que el gobierno de Chihuahua, ha manifestado su disposición para cumplir específicamente con este resolutivo". Las organizaciones enfatizan en que el boletín de prensa emitido por la SG, se "pretende confundir a la opinión pública y justificar un trabajo, que en los hechos es parcial y deficiente".

Sólo el PAN ha manifestado su negativa, afirma el líder

Legisladores apoyan que se reintegre su trabajo a los electricistas: Esparza

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Viernes 30 de julio de 2010, p. 12

El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, se reunió el miércoles pasado con un grupo de legisladores de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión, a quienes explicó la propuesta presentada por este gremio en la mesa de diálogo de alto nivel con el gobierno federal.

De acuerdo con la versión del líder sindical, hecha pública ayer durante una conferencia de prensa que presenciaron cientos de sus compañeros, existe un acuerdo de todas las fuerzas políticas, salvo el Partido Acción Nacional (PAN), para ampliar o modificar el presupuesto a fin de que haya recursos que permitan la reinserción laboral de los casi 17 mil trabajadores que no han aceptado su pago de liquidación. A casi 10 meses de la extinción, por decreto presidencial, de Luz y Fuerza del Centro, se han acogido a la oferta gubernamental para recibir su finiquito por renuncia voluntaria poco más de 26 mil trabajadores, de una plantilla original de 44 mil.
La semana pasada el SME, encabezado por Esparza, y la Secretaría de Gobernación alcanzaron un acuerdo con base en el cual se levantó la huelga de hambre colectiva en el Zócalo y este gremio pretende que se instale una estructura para el suministro de energía eléctrica en la zona central del país operada por los cerca de 17 mil trabajadores que se mantienen en resistencia. Reiteró que el golpe al SME tiene origen en los intereses empresariales que buscan explotar la red eléctrica para introducir servicios de fibra óptica.

Detalló el plan de acción para los próximos días y ratificó que si no prospera con acuerdos concretos la mesa en Gobernación, retomarán la movilización en las calles, aunque este jueves ya no ofreció detalles de las acciones que realizarían en el aeropuerto de la ciudad de México. En un boletín emitido la víspera, el SME desmintió que su intención sea tomar la terminal aérea. De manera alterna, el SME continuará con demandas penales y laborales de un presunto fraude a las arcas sindicales por 520 millones de pesos.

La próxima sesión de la mesa de diálogo se llevará a cabo la semana entrante y, mientras tanto, afinan las propuestas de generación de una empresa pública para la zona centro y ratificó que existe un compromiso del secretario de Gobernación, Francisco Blake, para avanzar en la solución del conflicto. Esparza no precisó el nombre de los legisladores con los que se reunió el miércoles, durante una cita celebrada en el Senado de la República, pero insistió en que incluso un diputado del PAN, muy buen abogado, por cierto reconoció que no procede la quiebra de una empresa pública, porque ello representaría la quiebra del propio Estado.

Elimina el derecho de los trabajadores a elegir entre dos sistemas de jubilación, señala El fallo de la Suprema Corte sobre el monto de pensiones "es una locura": Bárbara Zamora

Afecta las garantías más elementales a una vejez digna y es una aplicación retroactiva de la ley, afirma

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 30 de julio de 2010, p. 13

La jurisprudencia 85/2010 emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 9 de junio, “es una locura que de facto elimina el derecho que tenían los trabajadores a elegir entre dos sistemas de jubilación, y prácticamente condena a los que aún están en activo y cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde antes de junio de 1997 a obtener una pensión que no superará los 10 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal o a acogerse a lo que ofrecen las administradoras de fondos para el retiro (Afore)”, afirmó la abogada Bárbara Zamora.

El litigante Juan Velázquez consideró que si bien la decisión de la Corte no es una ley, sí tendrá un efecto de aplicación general que impactará a todos los trabajadores en activo, no así a los jubilados que ya tienen sus derechos adquiridos.
Ambos especialistas consideraron que las únicas maneras de que esa resolución judicial se transforme es que el Congreso emita una legislación que especifique los alcances de las pensiones o bien que el pleno de la SCJN modifique los criterios de la segunda sala.
La Jornada publicó el pasado 22 de julio que con la aplicación de la jurisprudencia 85/2010, si un trabajador cotizó 2 mil semanas de trabajo ininterrumpido durante su vida laboral, y a la hora del retiro mantenía un ingreso mensual superior a 25 salarios mínimos, equivalente a unos 42 mil pesos, sólo recibirá 17 mil.
Bárbara Zamora expuso que “la decisión de la Corte es absurda porque en lugar de beneficiar a quienes han laborado toda una vida, se afectan los derechos más elementales de una vejez digna. En el caso de los ministros, ellos se retiran con 100 por ciento de su salario y cuentan con prestaciones que incluyen becas para sus hijos y hasta el pago de un chofer de por vida.

“Es escandaloso que ahora digan que la jurisprudencia aprobada sólo se aplicará para aquellos trabajadores que todavía puedan elegir los beneficios de la ley de 1973, de un plumazo se borran esas garantías. Porque de facto se estaría en presencia de una aplicación retroactiva de la ley de la manera más ilegal y burda.

“Según la explicación dada por la Corte a través de su documento denominado Precisiones, indica que aquellos que todavía tenían el derecho de elegir entre dos opciones de jubilación, ahora están condenados a la legislación vigente desde julio de 1997, lo que significa que entonces todos los trabajadores están condenados a aceptar lo que su Afore les dé”.

Otro de los problemas que plantea para los trabajadores esta jurisprudencia, dijo la litigante, es que esta decisión judicial ya se aplicará siempre que un candidato a jubilado demande al IMSS por considerar que su pensión no se le está pagando completa, y entonces los tribunales siempre responderán que sólo se tiene derecho a recibir hasta 10 salarios mínimos, cuando se acojan al régimen de pensiones vigente hasta el 30 de junio de 1997.

Juan Velázquez señaló que esta decisión ya es de aplicación general, que únicamente puede ser revertida si los miembros del Congreso, senadores y diputados, elaboran una legislación que precise las lagunas que han servido para que la SCJN haga una interpretación de la ley.

Denuncian hostigamiento permanente y amenazas de muerte

Reportan desaparición de una mujer en San Juan Copala; temen que fue asesinada

Agustín Galo Samario

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 30 de julio de 2010, p. 17

Oaxaca, Oax., 29 de julio. Casimiro Martínez Aguilar, vocero del municipio autónomo de San Juan Copala, denunció la desaparición desde el 26 de julio de María Sosa Francisco, y amenazas de muerte contra el comisionado de Derechos Humanos del ayuntamiento, Jorge Albino Ortiz.

Acusó al gobierno del estado, a la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y al Movimiento de Unificación para la Liberación Triqui (MULT) de sostener reuniones en Santiago Juxtlahuaca para planear cómo acabar con nosotros antes de que el gobierno actual entregue el cargo.
Asimismo desmintió haber participado en una mesa de diálogo convocada por el secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, porque la violencia y hostigamiento han aumentado desesperadamente y las balaceras contra nuestra comunidad han sido constantes.
Por su parte, Albino dijo que se ha incrementado la persecución contra miembros del ayuntamiento y personas que han apoyado la autonomía municipal, y acusó a Martínez Ramírez de intentar ponernos una pistola en la cabeza para que nos sentemos a negociar, y cuando no aceptamos viene la represión.

Comentó que ya no podemos caminar libremente en Oaxaca ni en ningún lado. Ahora sabemos que el mismo comando que mató a Timoteo Alejandro Ramírez y a su esposa Cleriberta Castro (el 20 de mayo, dentro de su casa en la comunidad de Yosoyuxi) es el mismo que nos sigue.

Señaló al diputado electo del Partido Revolucionario Institucional Carlos Martínez Villavicencio de ser quien ha jugado un papel muy importante para los acuerdos entre la Ubisort y el MULT.

Martínez Aguilar explicó que el lunes pasado, aun cuando las balaceras han sido más fuertes, María Sosa Francisco salió de su casa a buscar leña, y estos criminales empezaron a disparar sobre todo lo que se movía en la comunidad por espacio de dos horas. Desde ese momento no sabemos nada de ella y tememos que haya sido asesinada.

Quedan feminicidios sin resolver.

La mayoría de los crímenes contra mujeres cometidos en Morelos en los últimos años no ha sido castigado; y en más del 50 por ciento de los casos, las autoridades no han detenido a algún presunto responsable. A pesar de que organizaciones no gubernamentales tienen un registro de 53 homicidios de género cometidos durante los años 2009 y 2010, la PGJ contabiliza 50, y de éstos, sólo tres personas purgan una sentencia condenatoria en el reclusorio.

La estadística de la dependencia revela que la Fiscalía de Homicidios de Mujeres y Delitos Sexuales ha tenido conocimiento de 50 crímenes contra mujeres de 2009 a julio de 2010; de éstos, en 28 casos no ha sido capturado el responsable, y los casos siguen inmersos en el término “continúan en investigación”.

La lentitud con que se realizan las investigaciones de este tipo de ilícitos es clara cuando se observa que de los 33 feminicidios ocurridos en 2009, en 17 casos no ha habido detención pese a que ya han sido giradas cuatro órdenes de aprehensión, e incluso cuando en 13 asuntos restantes aún se desconoce quién podría haber sido el homicida.

La tendencia se mantiene en el primer semestre de 2010, ya que, hasta la fecha, la PGJ indaga 17 asesinatos de género. Y aunque por seis de éstos se ha detenido a nueve personas, existen seis órdenes de aprehensión por los restantes que no se han cumplido.

VARIOS DETENIDOS, POCOS CULPABLES

La fiscalía enfatiza que en 23 hechos de los 50 se logró la detención de 25 personas, pero esto no significa que se haya logrado demostrar que los detenidos son culpables.

Durante el tiempo que lleva instaurada la justicia oral, los jueces de control sólo han emitido tres sentencias condenatorias con penalidades de entre 21 a 35 años de prisión, pero en un caso se demostró que la persona detenida era inocente.

Mientras que los 22 inculpados permanecen recluidos en la cárcel, sin que hasta el momento se compruebe su responsabilidad o inocencia, situación que contrapone el principio de la justicia oral que dice que “nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”.

Por otra parte, la fiscalía explica que el término judicialización se utiliza cuando un asunto es enviado ante la justicia oral con detenido o para solicitar orden de aprehensión, mientras que la definición de caso resuelto se emplea cuando ya se emitió una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, por lo que a esta última definición pocas personas la han recibido en el nuevo sistema.

Pese a lo anterior, la PGJ, a través de su área de Comunicación Social, constantemente señala que un caso ha sido esclarecido o resuelto en el momento que se detiene una persona, sin que aún reciba el veredicto el juez; o cuando se giró la orden de aprehensión que señala la identidad del presunto responsable que no ha sido capturado.

La realidad es que de los 53 feminicidios registrados de 2009 a 2010 en Morelos, sólo en tres casos los asesinos purgan una condena en prisión.

SE DESVÍA ATENCIÓN POR EL NARCO

Organismos no gubernamentales criticaron a las autoridades, pues, aseguran, no muestran interés en los problemas de violencia de género, como los feminicidios.

Debido a que el estado está inmerso en la inseguridad y terror que provocan grupos de narcotraficantes por la disputa del tráfico de enervantes, la violencia contra mujeres ha pasado a segundo plano.

Juliana Quintanilla, integrante de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos, señaló que la actual administración de la PGJ no ha dado resultados.

“Esta administración ha sido la peor para atender en materia de justicia la violencia cometida en contra de mujeres”, refirió.

Dijo que, a pesar de que al frente de la fiscalía está un funcionario que cuenta con los conocimientos en materia jurídica, al ser abogado y haberse desempeñado como ministerio público, no puede entender mejor sobre las actitudes violentas contra las mujeres, ya que la mayoría son hechas por el sexo masculino.

Reveló que otra situación que se ha presentado es que se le ha dado mayor relevancia a los hechos relacionados con el crimen organizado y se han dejado de atender los homicidios de mujeres, y los que se presentan relacionados con la ola de violencia que se registra en la entidad los envían a la Procuraduría General de la República.

“Hay casos relacionados con asuntos del narcotráfico en donde mujeres han sido asesinadas, pero en esos casos la procuraduría de Justicia decide enviar esas investigaciones a la autoridad federal”.

Aseguró que existe gran diferencia en cuanto a las cifras de homicidios de mujeres, ya que oficialmente la PGJ refiere que tiene 17 casos, mientras que la comisión que ella integra tiene registrados 20, en 2010.

Cumplen dos meses secuestrados 35 campesinos de Oaxaca, entre ellos 4 niños

   Los campesinos son originarios del municipio de Santo Domingo Yosoñama y fueron secuestrados por sus vecinos de San Juan Mixtepec.

Oaxaca.- Un grupo de 35 campesinos indígenas, entre ellos cuatro niños, de una población mixteca de Oaxaca, cumplen este viernes dos meses de secuestro por vecinos de otra localidad con quienes sostienen un conflicto agrario por la posesión de mil 800 hectáreas de tierras boscosas.

Los campesinos son originarios del municipio de Santo Domingo Yosoñama y fueron secuestrados por sus vecinos de San Juan Mixtepec.

Ambas poblaciones indígenas se ubican a unos 250 kilómetros al oeste de la capital del estado de Oaxaca y mantienen desde hace tiempo una disputa por los terrenos.

Miguel Cruz José, representante en la región mixteca de la organización Antorcha Campesina, recordó hoy que los campesinos cumplen este viernes 60 días "sin poder cambiarse de ropa, sin zapatos y sin poder hacer sus necesidades fisiológicas con naturalidad, como todos tenemos derecho".

Dijo que este secuestro implica que las mujeres no vean a sus esposos y a sus hijos y que ellas "ignoren la salud de cada uno de ellos, no se sabe nada, cómo están, si comen o no, si están bien de salud o no, viven en la incertidumbre".

Mencionó que inicialmente habían secuestrado a 39 campesinos, pero hace aproximadamente 20 días liberaron a cuatro -dos niños e igual número de adultos- debido a que presentaban problemas de salud.

Explicó que el 30 de mayo los campesinos ahora secuestrados estaban preparando sus tierras para el cultivo "cuando llegó un grupo armado y se los llevó, porque dicen que estaban en su propiedad", pero "ahí han vivido y trabajado por años, ahí estuvieron nuestros ancestros, entonces no puede ser eso".

Hace dos años, el Tribunal Unitario Agrario emitió una resolución que favoreció a San Juan Mixtepec al determinar que las tierras les pertenecen legalmente, aunque los habitantes de Yosoñama las han tenido en posesión, las han trabajado por varias generaciones desde hace 150 años y no aceptan el fallo judicial.

Por su parte, el comisariado de Bienes Comunales de San Juan Mixtepec, Moisés Jacinto López, detalló que determinaron detener a este grupo de personas, "porque estaban talando árboles", pero cuando ya los tenían, "la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) no quiso hacerse responsable".

Explicó que quisieron presentarlos ante la PROFEPA porque, según ellos, estaban cometiendo un delito federal al estar talando árboles.

Por su parte, el subsecretario de Gobierno del estado, Joaquín Rodríguez Palacios, explicó que el problema deriva en que el Tribunal Unitario Agrario hace unos dos años emitió una resolución a favor de San Juan Mixtepec, pero los habitantes de Yosoñama han vivido desde hace 150 años en ese territorio y se niegan a dejar las tierras.

El funcionario explicó que este jueves sostuvieron una reunión con los habitantes de San Juan Mixtepec, con quienes se acordó iniciar mesas de trabajo de alto nivel, y a cambio, el domingo próximo liberarán a dos de los campesinos secuestrados.

Según explicó a Efe, "el trato es que conforme se vayan teniendo acuerdos, liberen al resto de las personas privadas de su libertad".

Otro de los acuerdos consiste en que el propio Rodríguez Palacios vaya a San Juan Mixtepec para que sea él quien reciba a los liberados.

Espacio Civil | Emilio Alvarez Icaza
Estampas de Ciudad Juárez

Después de que una camioneta cerró el paso a una familia, bajaron unos hombres armados con “cuernos de chivo” y el líder gritó al padre “Al jefe le gustó tu hija… nos la vamos a llevar… hay dos maneras… o te matamos a ti y a tu esposa y nos la llevamos, o sólo nos la llevamos a ella”. “Déjenlos vivir…” dijo la hija ahogada en llanto. Los gatilleros secuestraron a una adolescente de 14 años y se desconoce su paradero. Este no es el único caso.

Transitábamos por uno de los barrios más pobres de la ciudad cuando se detuvo el auto y la maestra que me guiaba gritó: “¡Chino!… venga acá… venga…” El muchacho de 13 años se acercó para que la activista comunitaria le dijera “¡Oiga, Chino!… cuando tenga algún problema con los chavales del club, dígame a mí, ¡bájele!”. El muchacho asintió después de una breve charla. “Es que esta semana el Chino amenazó con pistola en mano a un muchacho que viene a los cursos y es de otro barrio”, me comentó la maestra enojada.

“Cuando sufrimos el asalto número 40 dejé de contar”, dijo el dueño del restaurante de hamburguesas. El abogado agregó: “No sabes qué conversación más difícil es la que tienes con tus hijos cuando les explicas que si les gritas ¡tírense al suelo! lo deben hacer de inmediato y sin preguntar…”

A pesar de todo, lo sorprendente, lo maravilloso, es que la ciudad se mueve, la gente sigue luchando por “Juaritos”, como cariñosamente le dicen. “No podemos dejar de salir… tenemos que trabajar… tenemos que ir a comprar comida, nuestros hijos tienen que ir a la escuela… tenemos que vivir”, dijo la recepcionista del hotel al conversar esta situación, “El miedo no nos puede inmovilizar… se ha puesto feo, pero esperamos que esto pase y que podamos vivir en paz”, concluyó.

Un líder civil también señaló: “El desierto nos forjó el carácter… por eso es que podemos vivir aquí y vamos a luchar porque los gobiernos municipal, estatal y federal respondan a los ciudadanos”. Juárez tiene esperanza por acciones como éstas y por proyectos como el de cuatro clubes juveniles digitales en barrios pobres, donde los jóvenes podrán aprender cómputo, tomar distintos cursos y jugar en las canchas que se están construyendo y se alejen del círculo de la violencia y las drogas.

Estos testimonios los escuché el pasado fin de semana, cuando invitado por El Pacto, proyecto civil del Plan Estratégico por Juárez, pude tomar el pulso de esa ciudad. Sigo procesando una realidad estrujante de que la convicción del Estado tiene una enorme deuda con Juárez, sobre todo, en materia de justicia, mientras la impunidad sea la norma, no hay manera de revertir esa dramática realidad o ¿qué viabilidad tiene una ciudad donde a cualquiera nos podrían arrancar a nuestra hija de esa forma?

Buscan audiencia con el presidente Felipe Calderón y el procurador Arturo Chávez

Demandan madres juarenses justicia para sus hijas desaparecidas o asesinadas

Afirman que no ha habido voluntad de cumplir el fallo de la CIDH sobre el caso del campo algodonero

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Jueves 29 de julio de 2010, p. 18

Lo único que quiero es ver al asesino de mi hija en la cárcel. Con esa frase, Marisela Escobedo Ortiz, mamá de Rubí Frayre Escobedo –de 16 años, ultimada en Ciudad Juárez, Chihuahua–, sintetizó el sentir de cientos de madres de esa urbe fronteriza.

Tras la desaparición de su hija y cansada de la omisión de las autoridades, la mujer emprendió sus propias indagatorias hasta descubrir al asesino: Sergio Rafael Barraza Bocanegra, pareja de Rubí.

Ayer, junto a familiares de varias mujeres asesinadas o desaparecidas en ese municipio, Escobedo participó en una conferencia de prensa en el Hemiciclo a Juárez, en la ciudad de México. Demandaron a Felipe Calderón justicia y que cese la impunidad en los feminicidios, así como la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, y le solicitaron una audiencia, y también al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez.

La mujer narró que Barraza, actualmente de 26 años y con quien su hija tuvo una bebé, agredía y amedrentaba a Rubí, hasta que la mató a golpes. Tras el crimen, abandonó el cuerpo en un tiradero clandestino de Ciudad Juárez y le prendió fuego.

Dejamos de saber de mi hija el 29 de agosto de 2008. Para octubre este hombre me visitó y dijo que todo estaba bien, que se habían ido a Aguascalientes pero que no tenían dinero ni para hablar por teléfono. No me convenció y en diciembre comencé a buscarlos; así descubrí el crimen.

Denunció el hecho ante las autoridades juarenses, ella misma recabó las pruebas para el proceso judicial contra Barraza, pero en primera instancia los jueces lo dejaron en libertad. Escobedo apeló la decisión y un tribunal lo condenó a 50 años de cárcel por el asesinato; sin embargo, el hombre escapó antes de ser detenido y continúa prófugo.

Para lograr su cometido, Escobedo ofrece una recompensa de 250 mil pesos para quien proporcione información del paradero de Barraza. Demandó a Felipe Calderón que los tres niveles de gobierno coadyuven para localizarlo y que la ayude para que la fotografía del asesino aparezca en los medios de comunicación.

Desde el pasado 5 de julio, familiares de víctimas en Ciudad Juárez e integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, emprendieron una marcha desde aquella ciudad fronteriza hasta el Distrito Federal para pedir audiencia con Calderón.

Lucha Castro, del Cedehm, aseveró que desde hace más de 10 años las madres de Ciudad Juárez gritaron al mundo lo que enfrentaba la región y nadie les creyó. Ahora vemos las consecuencias en la violencia que vivimos todos los días.

Señaló que el plan del gobierno federal para regresar la tranquilidad al municipio chihuahuense no aborda la justicia para las mujeres.

Recordaron que este tipo de casos muestran que el Estado mexicano no da señales de querer cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el campo algodonero, en la que el organismo internacional encontró que México violó los derechos humanos de víctimas y familiares de feminicidio.

Al concluir la conferencia, las mujeres y sus familiares se dirigieron a Los Pinos, pero a medio camino fueron convocadas a Palacio Nacional, donde las recibió personal de Atención Ciudadana. Ahí se les prometió que este jueves el coordinador delegacional de la Procuraduría General de la República, Bernardo Espino, las atenderá.

Las manifestantes anunciaron que de no recibir una respuesta adecuada de las autoridades federales permanecerán en plantón en el Hemiciclo a Juárez hasta lograr su cometido.

La jurisprudencia aprobada rompe con el equilibrio constitucional

Reducir pensiones va en contra de la justicia social: Carrancá

Es desconcertante que un ministro que gana una fortuna y que tiene compensaciones impresionantes se atreva a afectar a los trabajadores

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Jueves 29 de julio de 2010, p. 11

La jurisprudencia aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que limita a 10 salarios mínimos la pensión para quien se jubile con base en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –vigente de 1973 al 30 de junio de 1997–, rompe con el equilibrio constitucional, ya que desfavorece a los trabajadores, aseguró el constitucionalista y profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Carrancá y Rivas.

Subrayó que la decisión de la Corte se contrapone a la justicia social y laboral asentada en varios artículos constitucionales.

De suyo, esa decisión no contribuye a la justicia social ni a la distribución equitativa del ingreso, al contrario, de entrada rompe un principio fundamental de la Constitución, en el sentido de que ésta es de tendencia laboral y favorece a los trabajadores. Es desconcertante el que un ministro que gana una fortuna y que tiene compensaciones impresionantes se atreva a afectar a los trabajadores. Es algo que choca con el sentido superior de la justicia. Menuda Corte que se atreve a eso.

Carrancá aseguró que la resolución de los ministros vulnera el artículo 109 constitucional, al incurrir en acciones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, por lo que los ministros pueden ser sometidos a juicio político.

El académico universitario exhortó a los trabajadores a no cruzarse de brazos ante la limitante impuesta por la SCJN. La ciudadanía no puede resignarse, la decisión de la Corte es injusta. Actuaron en perjuicio de la clase trabajadora, uno de los pilares de la sociedad. Es hora de recurrir a los instrumentos jurídicos y fincar responsabilidad a quien la tiene.

Indicó que la ley asienta que cualquier persona, afectada o no, puede iniciar la petición de juicio político contra los ministros, lo que se tendría que realizar ante la Cámara de Diputados y ésta decidir si procede la solicitud.

Si en San Lázaro se aceptara la petición, tendría que llamarse a los ministros a comparecer, no solamente ante los legisladores, sino que tienen que ser impugnados por la ciudadanía toda en un juicio político; esto representaría un precedente histórico fenomenal.

En este caso, explicó, correspondería al Senado de la República resolver si los ministros vulneraron la Constitución al limitar a 10 salarios mínimos el tope para las pensiones de quienes cotizan en el IMSS.

Carrancá y Rivas sostuvo que de concretarse que la SCJN actuó contra la clase trabajadora, la jurisprudencia aprobada tendría que corregirse y acatar lo que se asentaba hasta antes de la modificación, es decir, dejar el tope de la jubilación en 25 salarios mínimos.

Policías violan derechos de migrantes en BC: ombudsman

Antonio Heras, corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 29 de julio de 2010, p. 8

Tijuana, BC. Aquí se aplica la ley Tijuana a los migrantes que son deportados de Estados Unidos, dijo el procurador de los Derechos Humanos en Baja California, Heriberto García García, al referirse a las detenciones de éstos por policías municipales, por carecer de documentos de identificación. Ello, agregó el ombudsman, viola derechos humanos inalienables; sobre todo pone en riesgo a estas personas por actos de autoridad, aun cuando los agentes saben que son connacionales repatriados. García informó que las estadísticas indican que en promedio mueren dos migrantes por día al cruzar por el desierto estadunidense. A Tijuana llegan cerca de 600 personas por deportación, quienes se convierten en víctimas de abusos policiacos y otros niveles de autoridad.

Trataremos de influir en la decisiones del instituto: investigadores

Luego de 24 años, otorgan la toma de nota al sindicato del INIFAP

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Jueves 29 de julio de 2010, p. 15

Con el fin de incidir en la política de investigación, alrededor de 200 expertos se agruparon en el Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (SIIINIFAP), luego de 24 años de buscar la toma de nota por parte de la Secretaría del Trabajo.

Integrantes del comité ejecutivo nacional, cuyo secretario general es Ramón Garza, destacaron que los objetivos de esa agrupación van más allá de las reivindicaciones laborales, pues buscarán incidir en las decisiones y políticas del INIFAP.

Desde febrero pasado, recordaron, inició el proceso jurídico para conformarse como agrupación gremial, con la finalidad del mejoramiento intelectual, físico, económico y social de sus agremiados, la lucha permanente a favor del desarrollo sustentable de la producción agropecuaria y forestal de nuestro país, así como lograr que los proyectos y trabajos de investigación y transferencia de tecnología presentados por los investigadores agremiados sean aceptados o rechazados con base en criterios objetivos, resultado de la revisión imparcial por pares, en los que se incluya la argumentación y réplica, en su caso, del proponente”.

Ramón Garza explicó que desde hace 24 años se dieron los primeros intentos por conseguir el reconocimiento del sindicato, pero hubo resistencia a que los investigadores se sindicalizaran y hasta hubo despidos y hostigamiento.

Este año nuevamente decidieron buscar el reconocimiento de este sindicato, para lo cual iniciaron los procedimientos jurídicos y el pasado 15 de julio la Secretaría del Trabajo otorgó la toma de nota.

Se agruparon al SIIINIFAP 200 de 760 investigadores.

Tras 11 años no han recibido justicia; la sentencia será vinculante

Estudia la CIDH los casos de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, anuncian

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Jueves 29 de julio de 2010, p. 19

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera –detenidos arbitrariamente y torturados por militares en mayo de 1999–, debido a que a 11 años de los abusos los agraviados no han hallado justicia.

Durante el foro sobre defensores ambientalistas y criminalización de la protesta social, efectuado anoche en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el director de esta agrupación civil, Luis Arriaga, señaló que ante la impunidad ambos campesinos se vieron obligados a abandonar su lugar de origen debido a la inseguridad.

Recordó que gracias al trabajo de Montiel y Cabrera, quienes encabezaron un movimiento que se opuso a la tala de bosques en Petatlán y Coyuca de Catalán, Guerrero, se detuvieron las actividades de una empresa de capital estadunidense que actuaba con la complicidad de caciques y autoridades estatales.

Arriaga sostuvo que desafortunadamente este no es el único caso en México de activistas ecologistas que son detenidos y amedrentados por su labor. Enumeró al menos cinco casos, ocurridos entre 2007 y 2009, en los que líderes campesinos que defendían sus ecosistemas fueron detenidos arbitrariamente o asesinados por desconocidos vestidos de civil, los cuales continúan en la impunidad.

Agregó que el juicio contra el Estado mexicano que se realizará en la CIDH por el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera representará el comienzo de una lucha para que en México se cumpla con la sentencia, la cual será vinculante, por lo que el gobierno mexicano estará obligado a cumplirla. Acotó que la decisión del la Corte no revertirá todas las condiciones que hacen difícil la labor de las y los defensores de derechos humanos; aunque permitirá construir las bases para garantizar su actividad.

Exhorto al Ejecutivo para publicar leyes

Víctor Ballinas y Ciro Pérez S.

Periódico La Jornada
Jueves 29 de julio de 2010, p. 19

La Permanente exhortó ayer al Ejecutivo para que por medio de la Secretaría de Gobernación publique ya en el Diario Oficial de la Federación las leyes y ordenamientos aprobados por el Congreso que a la fecha no lo han sido. En tribuna, el diputado priísta David Penchyna denunció que hay más de una veintena de leyes rezagadas. Me parece que esta representación requiere una explicación, porque se ha trabajado en diversos temas, como Aguas Nacionales, Ley General de Vida Silvestre, la Estrategia Nacional de Energía, la creación de la Agencia Espacial Mexicana, la Ley de Ascensos de la Armada, el decreto relativo a la Hacienda pública federal correspondiente al ejercicio fiscal 2012, entre otras que están pendientes.

Puñalada a la jubilación

Repudia Concamin el alza a cuotas obrero-patronales

Juan Carlos Miranda

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de julio de 2010, p. 3

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Salomón Presburger, dijo que la pretensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de elevar las cuotas obrero-patronales le pega directamente a la productividad de las empresas del país.

Tras participar en un foro sobre competitividad organizado por la Secretaría de Economía, el dirigente señaló que, con ocurrencias, el IMSS no resolverá sus problemas financieros y menos haciendo que sus ineficiencias repercutan en las empresas.

Transferir la ineficiencia de otros lados a la planta productiva nacional no es aceptable, sostuvo.

Comentó que el pago de cuotas al IMSS representa casi 30 por ciento de lo que las empresas desembolsan en sueldos, por lo que aumentar el monto de las mismas les restaría competitividad.

En el último informe sobre su situación financiera, el IMSS planteó incrementar 11.6 por ciento las cuotas obrero-patronales para subsanar el déficit de 16 mil millones de pesos de sus finanzas, o que el Estado haga aportaciones adicionales para financiar, por ejemplo, el costo de enfermedades caras.

Por otra parte, alertó sobre la necesidad de no eliminar normas que sean necesarias en el proceso de tala regulatoria que lleva a cabo el gobierno federal.

Señaló que los supuestos ahorros que se pudieran lograr eliminando normas, a futuro podrían generar más costos.

Hay que ver lo que es ahorro, porque si una norma que es necesaria se termina, por ejemplo que una estufa trabaje mal o no venga con la norma correcta, es un costo a la larga.

Presburger dijo que es importante lograr un reconocimiento mutuo entre las normatividades que aplican en Estados Unidos y Canadá y las normas oficiales mexicanas.

Reconoció que la confederación aún tiene que consultar a sus agremiados para saber si tales medidas tienen repercusiones en la industria.

Tenemos que hacer las consultas a cada cámara y ver si hay afectación. Si la industria sale beneficiada y nos hace más competitivos, por supuesto que lo apoyamos, señaló.

Sedena coloca en su página electrónica dos links denominados derechos humanos

En este sexenio, el mayor número de quejas contra abusos militares

Pueden consultarse en Internet denuncias y recomendaciones de la CNDH dirigidas al instituto armado

En 20 años, el ombudsman ha emitido 91 recursos relacionados con varios ilícitos

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de julio de 2010, p. 5

La administración del presidente Felipe Calderón es el periodo en que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha recibido el mayor número de quejas, denuncias y recomendaciones por violaciones a derechos humanos, revelan datos difundidos por la institución castrense al poner en marcha dos links sobre esta materia en su página electrónica.

La Sedena detalla que, de 2006 a 2010, cinco de sus elementos han sido sentenciados por juzgados del fuero civil, y que un total de 51 efectivos se encuentran sujetos a procedimientos penales en tribunales castrenses.

De 1990 a 2005, el instituto armado recibió 3 mil 452 quejas, y de 2006 a 2010 ya suman 4 mil 35; en materia de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en los primeros 15 años de vida del organismo se reportaron 32 casos, mientras que en los últimos cinco años suman 59.

Como parte de las acciones que impulsa Sedena en materia de respeto a las garantías individuales, de manera inédita se dio a conocer en su página electrónica un vínculo denominado derechos humanos, como una medida orientada a difundir de manera eficaz y transparente sus acciones, así como a fomentar un mayor acercamiento con la sociedad.

En el sitio web se puede consultar la estructura creada para proteger los derechos humanos en Ejército y Fuerza Aérea, tales como programas en esa materia; derecho internacional humanitario y equidad de género, así como las quejas y recomendaciones ante la CNDH; los casos relevantes ante organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; las actividades coordinadas con dependencias, organismos e instituciones diversas, así como de jurisdicción militar.

Al respecto, la dependencia federal informa en su página electrónica sedena.gob.mx que del primero de diciembre de 2006 al 14 de julio de este año, la CNDH ha recibido 4 mil 35 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar, de las cuales 59 han derivado en recomendaciones, lo que equivale a 1.46 por ciento del total de quejas recibidas por el citado organismo autónomo en contra de esta secretaría.

Las 59 recomendaciones dirigidas a Sedena en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, han sido aceptadas y, de acuerdo con la información del instituto armado, en 36 casos se encuentra en integración la averiguación previa correspondiente; en siete se tienen causas penales, es decir, el Ministerio Público Militar determinó la presunta responsabilidad del personal castrense en los hechos, por lo que se consignó la indagatoria al juez; asimismo, en otros siete recursos, aunque se iniciaron averiguaciones previas no se encontró responsabilidad alguna. Además, en cuatro recomendaciones se inició un procedimiento administrativo; en cuatro más se concluyó la averiguación previa no acreditándose la conducta ilícita, y en otra no se inició indagatoria por no haber participado en los hechos personal militar.

Por otra parte, el caso en el que militares ya han sido sancionados por autoridades civiles es el denominado Castaños, donde un oficial y cuatro elementos de tropa fueron condenados por un juez civil al encontrarlos culpables de violación contra sexoservidoras de esa localidad coahuilense.

Por lo que hace al fuero castrense, 51 elementos (tres jefes, diez oficiales y 38 integrantes de tropa) se encuentran sujetos a procesos penales; asimismo, un jefe, un oficial y cinco soldados han sido sentenciados por los tribunales militares.

En cuanto a las quejas recibidas contra personal de la Sedena por la CNDH, desde el 6 de junio de 1990 –fecha de creación del organismo– hasta el 14 de julio de 2010, han sumado 7 mil 487 (4 mil 35 en los últimos cinco años).

En lo referente a las recomendaciones dirigidas a la Sedena, de 1990 al 14 de julio de 2010 se ha emitido un total de 91, 59 de ellas en esta administración federal. De los 91 recursos, 45 ya han sido cumplidos en sus términos, 44 están en proceso de cumplimentación y dos no fueron aceptados.

Infromación amañada de la SEDENA

Escandaloso, el número de recursos presentados, sostienen

El informe, insuficiente, señalan ONG

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de julio de 2010, p. 7

Organizaciones de defensa de los derechos humanos consideraron que el informe que hizo público ayer la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre el número de quejas y recomendaciones que le ha turnado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en materia de violaciones a las garantías cometidas por militares, aunque representa un avance es insuficiente y al mismo tiempo es escandaloso el número total de recursos presentados.

El presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo, subrayó que el informe es insuficiente, porque no dice cuál es el estado de cumplimiento de las recomendaciones, y frente al número total de quejas y de las recomendaciones recibidas, el número de militares sancionados es exiguo.

Advirtió que el que Sedena haya hecho público este informe probablemente responda a la presión que ha ejercido el Senado de Estados Unidos, que se ha manifestado por conocer la situación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en la guerra contra el crimen organizado. Incluso se ha hablado de una disminución de recursos.

Concha Malo insistió: Ese informe no hace mención en ninguna parte a la obligación que tiene el Estado mexicano de reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que no conozcan los tribunales castrenses de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos militares, sino que éstas sean investigadas por la justicia civil.

A su vez, el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Juan Carlos Gutiérrez, refirió que esa publicación es un avance, pero no está sistematizada por tipo de delito; no obstante es un adelanto. Sin embargo, llama la atención el que Sedena subraye que las quejas son presentadas por integrantes de la delincuencia organizada para desprestigiar al instituto armado y limitar sus operaciones, porque se traduce en la visión que tienen para defender los derechos humanos.

De igual forma, Juan Carlos Gutiérrez subrayó: “En ninguna parte del informe se hace mención a que la secretaría está obligada a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Rosendo Radilla, que es un expediente emblemático de las desapariciones en la denominada guerra sucia de la década de los 70 y principios de los 80”. Tampoco, resaltó, se hace un análisis de cuántas son las víctimas comprendidas en las 59 recomendaciones que ha recibido el instituto armado en esta administración. También es preocupante que sólo haya siete militares con causas penales y llama la atención que estén presos porque fueron juzgados por tribunales civiles y no por militares, como es el caso Castaños, en Coahuila, donde militares violaron a sexoservidoras.

Gutiérrez puso énfasis en el hecho de que la secretaría plantee que cualquier queja que se presente contra militares afecta a las fuerzas armadas, y por ello las vincula al crimen organizado. Esa lógica en la fundamentación de los conceptos es muy grave, dijo.

Además, resaltó, las cifras son públicas, se pueden ubicar en la propia CNDH; ahí están las quejas y las recomendaciones. Entonces no veo que esto signifique mayor transparencia”.

Por su parte, Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), señaló que es un recuento de lo que han hecho, pero no es una rendición de cuentas; el documento es escueto y es difícil una evaluación rigurosa. Por ejemplo, en el caso de los sentenciados por el caso Castaños, están en la cárcel porque fueron llevados ante la justicia civil y no ante la militar.

Ese informe, abundó Cortez, no debe hacernos perder de vista el tema central del fuero militar; las cifras no son concluyentes para pensar que la justicia castrense sea más eficiente que la justicia civil. En la autoevaluación siempre hay autocomplacencia, y lo que debe quedar claro es que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares deben ser investigadas por la justicia civil.

Las cifras que se indican no deja muy bien parada a la justicia militar; son exiguos los elementos castrenses sancionados por violaciones graves. Además, es probable que esta publicación responda a la presión del Senado de Estados Unidos. Hay que ser cautelosos, porque esta es una relativa transparencia.

Le daban entre 10 mil y 25 mil pesos mensuales: testigo protegido

Según la PGR, directora de penal recibía sobornos del grupo delictivo Gente Nueva

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de julio de 2010, p. 8

La Procuraduría General de la República (PGR) busca pruebas para demostrar que la directora del Centro de Readaptación Social (Cereso) número dos, ubicado en Gómez Palacio, Durango, Margarita Rojas Rodríguez, quien actualmente permanece arraigada, recibía dinero de bandas criminales ligadas al cártel de Sinaloa, a cambio de permitir privilegios a reos de ese penal.

Según consta en el expediente judicial, abierto a partir de la petición de arraigar a la mujer y tres custodios de la cárcel duranguense, un testigo protegido de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) aseguró que Rojas recibía entre 10 mil y 25 mil pesos mensuales de operadores de Gente Nueva, banda delictiva que opera para el capo Joaquín El Chapo Guzmán.

Un caso similar ocurrió en 2009, cuando fue detenido el ex director de la prisión zacatecana de Cieneguillas, Eduardo Romero, y alrededor de una veintena de custodios de ese centro penitenciario, horas después de una fuga masiva. A Romero y a los guardias de ese reclusorio se les acusó de recibir sobornos mensuales a cambio de permitir privilegios a presos, muchos de los cuales pertenecían al grupo delictivo Los Zetas, acérrimos rivales del cártel de Sinaloa.

Respecto de las imputaciones contra la directora del Cereso dos de Gómez Palacio, funcionarios del Poder Judicial Federal que tuvieron acceso a las constancias ministeriales aportadas por la SIEDO revelaron que un detenido, que aceptó convertirse en testigo colaborador de la fiscalía federal antidrogas, declaró que Margarita Rojas y algunos custodios mantenían complicidad con gente del grupo (delictivo) de Sinaloa.

El testigo protegido es, supuestamente, uno de los guardias del Cereso, quien fue capturado como parte del grupo de custodios y funcionarios sujetos a investigación por el asesinato de 17 jóvenes la madrugada del 18 de julio pasado, durante una fiesta efectuada en una finca del ejido San Luis, municipio de Torreón, Coahuila.

Con ese testimonio, la PGR consiguió el arraigo contra Rojas por 40 días. Ahora los fiscales de esa dependencia recaban pruebas para demostrar los niveles de corrupción en el penal de Gómez Palacio, pues existen indicios de que la funcionaria autorizaba que un grupo de internos saliera por las noches en vehículos oficiales y con armas de los custodios para cumplir ejecuciones por encargo. Ese comando habría efectuado su más reciente matanza en la quinta Italia Inn, en Torreón.

Desde el pasado 24 de julio, Rojas Rodríguez quedó bajo arraigo, junto con los custodios Francisco Carlos Alberto Uranga Orona, Roberto Enríquez Aguayo y José Guadalupe Rivas Ordaz.

A la funcionaria y a los guardias se les abrió una investigación por delitos de los fueros común y federal, entre ellos delincuencia organizada y evasión de reos.

Los arraigos fueron declarados con base en un video de la página de Internet YouTube, en el cual un policía de Lerdo, antes de ser ultimado, acusó a Rojas Rodríguez de permitir la salida de un recluso, a quien se involucra en la matanza de 17 jóvenes en Torreón.

Exigen investigar a reos por ilícitos en comicios

De la Redacción

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de julio de 2010, p. 10

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez, llamó al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, y al fiscal para la Atención de Delitos Electorales, José Luis Vargas, a investigar si reos del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 2 de Gómez Palacio, Durango, están involucrados en delitos electorales cometidos en los comicios del pasado 4 de julio en aquella entidad.

Para Ortega Martínez, hay similitudes entre la manera de actuar de quienes robaron las urnas en la entidad y la forma de actuar de los internos que, asegura la Procuraduría General de la República, tenían permiso de la directora del penal para salir a cometer ilícitos, entre ellos la ejecución de 18 personas en Torreón, Coahuila. En ambos casos, señaló en comunicado de prensa, estas personas operaron encapuchados y utilizaron armas largas.

Reclaman justicia por feminicidio

Carlos García, corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de julio de 2010, p. 10

Guanajuato, Gto., 27 de julio. Familiares de las jóvenes Marisol Fraire Escobedo y Brenda Castillo García, una asesinada en Ciudad Juárez en 2008 y la otra desaparecida en enero de 2009 en la misma localidad chihuahuense, recorren el país en demanda de justicia.

En el primer caso ofrecen una recompensa de 250 mil pesos a quien proporcione información para localizar al presunto homicida, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, alias DJ Piwi, quien habría confesado su crimen pero fue dejado en libertad

En el otro buscan rastros de la menor ausente. Tras recorrer Durango, Coahuila y Zacatecas, además de Chihuahua, ayer los familiares se manifestaron frente a la alcaldía local, y anunciaron que llegarán al Distrito Federal para entrevistarse con el presidente Felipe Calderón.

Muere menor en Juárez por fuego cruzado

Rubén Villalpando, corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de julio de 2010, p. 10

Ciudad Juárez, Chih. Policías federales balearon a una adolescente de 15 años, que murió el sábado en el Hospital 66 del Seguro Social.

Su madre, Verónica Hernández, dijo a varios noticieros de televisión locales que al darse cuenta los agentes pidieron perdón por el error, levantaron los casquillos y se fueron; mientras las autoridades no han revisado el automóvil de la familia, destrozado a balazos en el incidente.

El área de Comunicación Social de la dependencia dijo que aparentemente la joven quedó en el fuego cruzado de un enfrentamiento en la colonia Papalote, y ofreció emitir una versión oficial cuando concluya la pesquisa iniciada.

Reprocha a Gobernación no incluir al instituto en mesas de debate

El Estado incumplió sentencia de la CIDH en el caso campo algodonero: Inmujeres

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de julio de 2010, p. 17

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, sostuvo que el Estado mexicano ha fallado en dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso campo algodonero, y recriminó a la Secretaría de Gobernación no haber incluido a ese instituto en la mesa respectiva.

En entrevista, dijo: como Estado fallamos; debe haber mayor coordinación para dar cumplimiento a la sentencia emitida por la CIDH.
García Gaytán atribuyó a Gobernación la falta de coordinación, al referirse a la mesa sobre campo algodonero. Es una falta de coordinación, porque Gobernación también tiene su unidad de derechos humanos en los estados. Ya solicitamos participar (en la mesa) porque podemos hacer aportaciones; tenemos muy buena comunicación con las instituciones estatales y municipales, así como con sus respectivos congresos. Podemos ayudar a algo más que a repartir culpas.
La sentencia sobre el caso campo algodonero tiene que ver con los homicidios de Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González Banda y Esmeralda Herrera Monreal; sus cuerpos fueron localizados en un predio de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001.
La titular del Inmujeres advirtió que cada día es mayor el número de muertes por violencia de género. Siguen falleciendo en manos de personas en las que confían , en accidentes y enfrentamientos.

Respecto del número de mujeres que participan en el narcotráfico, dijo que se desconoce la cifra, pero se ha incrementado la privación de la libertad en casi 400 por ciento en los pasados tres años, por introducir drogas a los penales de hombres.

“Es que los familiares o esposos piden a las mujeres que ingresen la droga, porque si no cuentan con ella en el penal, amenazan con matar, aseguró.

Respecto de los feminicidios destacó que el estado de México va a la cabeza en el país. En esa entidad, enfatizó, el grado de impunidad llega a niveles de 94 por ciento. Situación parecida se vive en Ciudad Juárez, donde no obstante se ha avanzado.

García Gaytán admitió que en México “nos hace falta mucha capacitación en las procuradu-rías estatales para que identifiquen los feminicidios. Hemos visto que las venganzas de narcos que involucran a niños y mujeres no son feminicidios; es venganza contra la familia. Tenemos datos muy dispersos para identificar no sólo el asesinato, la violación, también circunstancias que nos permitan decir que se trata o no de un asesinato”.

Por último, destacó que el problema en las procuradurías es la rotación de personal. Hay mucha y no hay fiscalías especializadas en todos los estados, además que no ayuda mucho el grado de impunidad que prevalece en el país.

Mitin ante la embajada de EU para exigir libertad para los Cinco

Agreden granaderos manifestación de apoyo a la revolución cubana

Matilde Pérez y Mirna Servín

Periódico La Jornada
Martes 27 de julio de 2010, p. 15

En un mitin frente a la embajada de Estados Unidos en México, diversos grupos sociales manifestaron ayer su apoyo al gobierno cubano y demandaron la liberación de los cinco cubanos presos en dicho país.

Movimiento de Solidaridad con Cuba, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Flor y Canto, Sindicato Mexicano de Electricistas, Asamblea de Barrios, Frente Popular Francisco Villa, Central Unitaria de Trabajadores, Asociación de Padres y Familiares de Sucumbíos, Ecuador, Comité del 68, entre otros, celebraron la tarde de ayer el 57 aniversario del asalto al cuartel Moncada, movimiento que dio inicio a la revolución cubana.

Los participantes demandaron la liberación de Antonio Guerrero, Fernando González; Gerardo Hernández, Ramón Labariño y René González, detenidos por la Oficina Federal de Investigaciones en 1988, acusados de espionaje.

En su primera participación pública después de permanecer oculta cuatro años, América del Valle, del FPDT, agradeció por volver a caminar entre y con la gente digna del país. Es como volver a renacer.

Integrantes del Movimiento de Solidaridad con Cuba expusieron que el bloqueo estadunidense ha dejado pérdidas a la isla por 224 millones de dólares, e hicieron un llamado para impedir que México se convierta en un bastión contra la revolución.

La manifestación, que dio inicio a las 17:30 horas sobre avenida Juárez, fue agredida por cerca de mil elementos del Agrupamiento de Granaderos, quienes permanecieron en camiones estacionados sobre esa avenida y calles aledañas una hora antes.

En cuanto partió la marcha, una fila de granaderos confinó con escudos a los cerca de 3 mil manifestantes a concentrarse en dos carriles, golpeando a algunos manifestantes.

De acuerdo con Tamara Barra, integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, los organizadores trataron de negociar el espacio de la marcha, que se efectúa año con año de manera pacífica, pero el jefe de la policía capitalina, Manuel Mondragón, dijo que si querían manifestarse sería de esa forma.

Barra sufrió contusiones en el brazo izquierdo al ser golpeada con los escudos de los granaderos, mientras Bulmaro Muñiz, quien sostenía un extremo de la bandera cubana, cayó al piso, donde fue golpeado. Alrededor de 30 personas resultaron con golpes en el afán de la policía por replegarnos a un solo carril, añadió.

Tamara Barra lamentó la agresión, ya que en más de 20 años que hemos realizado la marcha nunca había sucedido algo así.

Interrogada sobre los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal respondió, a través de su oficina de comunicación social, que no tenía información de lo sucedido.

El indicador de pobreza subió 6.8% en el último trimestre de 2009, dice

Coneval: 50% de mexicanos no pueden adquirir la canasta básica

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Lunes 26 de julio de 2010, p. 13

En el último trimestre de 2009 creció 6.8 por ciento –3.2 millones de personas–, en comparación con 2008, la población que carecía de recursos suficientes para adquirir la canasta alimentaria básica con su ingreso laboral, revela el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Refiere que en 2008 había 48.8 millones de mexicanos –45.8 por ciento– con algún grado de inseguridad alimentaria. Si se parte de estas cifras, con el aumento de 6.8 por ciento de la población que no podía adquirir la canasta alimentaria, en 2009 había 52 millones en esa situación.

El Coneval precisó que en el primer trimestre de este año hubo una baja de 2.7 por ciento, lo que significa que, con base en los datos de inseguridad alimentaria, 50 por ciento de la población no alcanza a adquirir la canasta básica.

A principios de año en las zonas rurales la canasta básica costaba 697.36 por persona al mes, y en las urbanas 985.61 pesos.

Los datos que el Coneval acaba de presentar se basan en el Indicador de la tendencia laboral de la pobreza, que trimestralmente muestra información de la cantidad de personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. El informe reveló que entre el cuarto trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de 2009 se dio un incremento de 6.8 por ciento de personas sin ingresos laborales suficientes para comprar la canasta alimentaria.

El indicador muestra que el efecto de la crisis fue mucho más severo en las áreas urbanas y en las entidades que más contacto directo tienen con los mercados internacionales. Explica que la reducción de 2.7 por ciento a principios de este año en la tendencia laboral de la pobreza se dio posiblemente por la recuperación relativa del empleo y porque el precio de los alimentos no creció al ritmo de los meses previos.

Por su parte el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos consideró que los salarios son una aproximación al nivel de precariedad del empleo, pues si bien en la antesala de la crisis económica, a finales de 2007, 32 por ciento de los trabajadores recibía hasta dos salarios mínimos, en 2009 la cifra creció a 36 por ciento.

Ceesp: 50 millones de pobres

Aun sin los efectos de la crisis económica el número de pobres en el país rondaría 50 millones, lo que evidencia el poco éxito de las políticas públicas aplicadas por el gobierno federal para combatir ese flagelo, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).

Agregó que la pobreza en el país y la baja calidad en el empleo estimulan significativamente el crecimiento de la economía informal y la emigración indocumentada de personas (sobre todo hacia Estados Unidos) en busca de mejores oportunidades.

En su análisis semanal, el organismo sostuvo que en esas circunstancias no es fácil estimular el mercado interno debido a que éste depende de la fortaleza en la capacidad de consumo de la población, por lo que es necesario realizar ajustes estructurales.

Recordó que según el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, la crisis económica ocasionó el ingreso de seis millones de personas a la pobreza, aunque refirió que para la Cepal esa cifra habría sido más alta si no se hubieran aplicado medidas anticíclicas

Con información de Juan C. Miranda

Más pobreza, con ajuste a pensiones, dice académica

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Sábado 24 de julio de 2010, p. 8

Reducir el monto de las pensiones de los trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una decisión que lesiona gravemente sus condiciones de vida, cuando lo que debería hacer el gobierno es ofrecer beneficios laborales y de seguridad a más gente, incluida aquella que está en el sector informal o no tiene empleo.

Así lo afirmó Celia Pacheco Reyes, académica e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco (UAM-X), quien avizoró un aumento de la precariedad en la que de por sí sobreviven millones de personas en México.

La iniciativa, tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afectará en particular a los trabajadores que tienen empleos formales, con prestaciones y seguridad social, quienes aun así en muchas ocasiones ni siquiera pueden disfrutar de dichos beneficios, a causa del alto índice de renuncias y despidos.

Mientras que en México hay millones de personas que carecen de estas condiciones laborales mínimas, señaló, en países como Venezuela, Argentina e India están comenzando a aplicar esquemas para que los trabajadores en el sector informal, los jubilados y los desempleados tengan acceso a ciertos programas sociales.

En vez de cubrir huecos en el presupuesto con el dinero de los empleados, dijo, sería necesario revisar los fondos de las pensiones para los altos funcionarios, quienes en ocasiones trabajan sólo cinco o seis años y se retiran con bonos altísimos.

Recorte arbitrario

Por su parte, la profesora Gabriela Bensusán, también de la UAM-X, advirtió que la decisión de la SCJN es un recorte arbitrario del límite superior para fijar pensiones –de 25 salarios mínimos a sólo 10–, que en realidad busca resolverle un problema de financiación a la Secretaría de Hacienda, pasando sobre los derechos de la gente.

Al basarse en un artículo de la Ley del Seguro Social derogado en 1997, los ministros están incurriendo en un acto sin fundamentos, y se ponen al servicio de los grandes poderes económicos.

El problema del IMSS tiene que ver con los altos índices de desempleo, el recorte de las cuotas obrero-patronales y la privatización de los recursos de los trabajadores mediante las administradoras de fondos para el retiro (Afore), entre otros elementos, y para resolverlo el actual modelo económico tiene que cambiar, afirmó.

Legislar para proteger retribuciones sería una solución: Navarrete

Recule o habrá pleito, advierten a la SCJN senadores de PRI, PRD y PT

Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Sábado 24 de julio de 2010, p. 5

Senadores de PRI, PRD y PT advirtieron que si la Suprema Corte no da marcha atrás en la tesis jurisprudencial que disminuye de 25 a 10 salarios mínimos el tope de las pensiones, van a dar la batalla jurídica para revertir esa decisión que perjudica, de entrada, a cerca de un millón 300 mil trabajadores.

El priísta Carlos Jiménez Macías dijo que llevarán el tema a la Comisión Permanente, ya que la tesis jurisprudencial aprobada con todo sigilo viola la Constitución, y fue impulsada por el ministro Sergio A. Valls, quien debió excusarse de participar en esa resolución por los nexos que le unen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En el Congreso no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante esta decisión sorprendente los ministros que vulnera el régimen de seguridad social y pretende sumir más en la miseria a los jubilados, recalcó.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el priísta Carlos Aceves del Olmo, propuso que desde el Congreso de la Unión se exhorte a la Corte a dejar sin efectos la tesis 2A/J/85/2010, ya que contraviene las disposiciones de la Ley del Seguro Social y el artículo 14 constitucional, pues se está aplicando retroactivamente en perjuicio de jubilados y de trabajadores próximos a la jubilación.

El presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete, expresó que preocupa mucho esa resolución de la Corte, porque de concretarse “sería un golpe durísimo para los jubilados, que tendrían pensiones 60 por ciento menores, lo que sería francamente criminal en estos momentos.

Subrayó que falta aún que se publique la jurisprudencia y que el Consejo Técnico del IMSS la suscriba, pero de todas formas en el Senado se comenzará ya a buscar alternativas; una sería legislar para proteger las pensiones y evitar que en los hechos se disminuyan.

Por separado, el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, sostuvo que cada día esa Suprema Corte reafirma más su filiación conservadora y de derecha, pero esta última determinación va más allá de todo, al abrir la puerta para que el IMSS disminuya las pensiones.

Coincidió en que el Congreso debe llevar a cabo las reformas que sean necesarias para evitar ese atraco a los asalariados del país, además de respaldar las movilizaciones sociales que se darán contra esa medida.

Monreal se sumó a las propuestas de legisladores del PRD de impulsar juicio político contra Valls y los demás ministros de la segunda sala de la Suprema Corte que aprobaron esa tesis jurisprudencial el pasado 9 de junio.

El senador del PRD Arturo Núñez consideró absurdo que la Corte emita resoluciones que lesionan a un sector de la población que desde hace años lucha por mejorar el ingreso raquítico que reciben luego de toda una vida de trabajo. Hay que ponernos a legislar para impedir esas interpretaciones en perjuicio de los jubilados.

Jiménez Macías resaltó que tanto los senadores como los diputados del PRI están dispuestos a pelear en las instancias que sea necesario, para que no se deteriore aún más el ingreso de los jubilados. Si la resolución se concreta, dijo, seguramente se generará un fuerte movimiento popular, al que yo me sumaría.

El ex líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado recalcó que de entrada el tema tiene que discutirse el próximo miércoles en la sesión de la Comisión Permanente.